Virgilio Álvarez Aragón | Política y sociedad / PUPITRE ROTO

Como si estuviéramos viajando en un carrusel, luego de casi doce meses nos encontramos en el mismo punto de inflexión política en el que estábamos el año pasado. En este período, los conspicuos miembros del grupo gobernante han subido y bajado de su caballito de madera, sin realizar acciones que efectivamente saquen al país de la debacle en la que desde el 2012 estamos inmersos. Al contrario, han utilizado los recursos públicos en beneficio personal de manera insolente y desesperada, como el caso del hijo del presidente Morales, quien, sin ser funcionario público, ha disfrutado en sus paseos de esparcimiento de pilotos y guardianes que cobraron onerosos viáticos para atenderlo.

Mientras todo eso pasa, los órganos perseguidores de delitos de alto impacto detectaron con cristalina claridad que el actual presidente, en sus funciones de secretario general de su partido, recibió apoyos no declarados para impulsar su campaña electoral. Él, cínicamente, lo niega, pero los propios implicados en el delito ya han declarado que sí otorgaron esos fondos y han aceptado las sanciones legales que les correspondan. El asunto no es menor, pues frente a un político que se obstina en negar lo sucedido, están las evidencias que los propios implicados han aportado. Hay cheques, receptores, facturas falsas y toda una serie de elementos que evidencian el crimen.

Pero el político que ejerce la más alta investidura del país insiste en negar todo, queriendo hacernos creer que él paso sin notar todo lo sucedido, y que si los otros dieron dinero bajo la mesa la culpa es solamente y nada más de ellos.

La Corte Suprema de Justicia, conociendo los antecedentes del caso, juzgó conveniente que un juez profundice en los hechos, permitiendo al Ministerio Público -MP- recabar más información, como, por ejemplo, conocer las cuentas bancarias del señor Morales cuando candidato, de manera que se pueda saber quién más dio dinero debajo de la mesa y si él se apropió de alguna parte de esos fondos. El juez podrá profundizar en el manejo de los recursos de campaña y establecer, con claridad si, como dice el acusado, es tan pero tan ingenuo y ciego que ni vio ni se enteró de nada. No podrá el Ministerio Público investigar otros negocios posiblemente ilícitos del ahora gobernante, debiendo circunscribirse a lo sucedido en el financiamiento de la campaña.

El presidente, dada la investidura que ostenta, está protegido por el derecho de antejucio, que no es ni un cheque en blanco para impedir cualquier investigación, sino una medida para evitar denuncias espurias que hicieran imposible la labor del gobernante, al tener que defenderse de cuestiones improcedentes. Es por ello que la autorización para que un juez competente le investigue debe otorgarla el Congreso de la República, y para ello se nombra una Comisión Pesquisidora.

No son, por lo tanto, jueces ni fiscales, son simplemente un grupo de diputados que, escogidos al azar, puedan decir si la acusación es espuria o legítima y, de serlo, permitir que el acusado sea investigado, que es la razón y sentido de la Comisión. No tiene, por lo tanto, que darle demasiadas vueltas al asunto, ni convocar a todos los ángeles de la corte celestial y sus vecindades para que les den sus opiniones. Esa deberá ser la función del juez. En el caso que nos ocupa, lo establecido en el inciso d) del artículo 10 de la Ley en Materia de Antejuicio, resulta superfluo, porque el MP ya ha reunido suficientes evidencias.

Como esa misma Ley establece en uno de los párrafos del inciso g) de su artículo 17 «El propósito de la Comisión Pesquisidora consiste en establecer la existencia y veracidad de hechos que puedan o no integrar una actividad que por su naturaleza deban ser conocidos por un juez del ramo penal y de la probable participación del dignatario o funcionario en los mismos».

El informe de la Comisión permitirá al pleno aprobar o no que al actual presidente lo investigue, por ese hecho, un juez, y es de esperar que los intereses espurios que dentro del hemiciclo se mueven nieguen al país la posibilidad que se profundice sobre el asunto.

Al país, al sistema político y al propio presidente les conviene que la investigación se realice, misma que no implica, hay que dejarlo claro, que con solo ese hecho el presidente debe dejar el cargo, aunque es lo que la ética de la responsabilidad aconsejaría, no es una obligación.

En esta historia, la Cicig, como siempre, juega el papel de ente de apoyo a las investigaciones, para lo que cuenta con todo un entramado de equipo y tecnologías que han permitido desenredar tramas criminales, como las urdidas por los líderes del Partido Patriota y sus cómplices. El enemigo no es la Cicig, como el presidente y sus cómplices han difundido. Pero tampoco, impulsar reformas legales y la persecución de la delincuencia electoral está promoviendo, intencional e ilegalmente, la destrucción del sistema de partidos, como maliciosamente ha expresado un defensor oficioso del arzuísmo y sus aliados.

Fotografía principal tomada de Prensa Libre.

Virgilio Álvarez Aragón

Sociólogo, interesado en los problemas de la educación y la juventud. Apasionado por las obras de Mangoré y Villa-Lobos. Enemigo acérrimo de las fronteras y los prejuicios. Amante del silencio y la paz.

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