Víctor Manuel Gálvez Borrell | Política y sociedad / DESDE ESTA ORILLA

Cuando el presidente Morales ganó la segunda vuelta electoral en 2015, con el 67.4 % del total de votos válidos, lo hizo con la esperanza ambivalente de un electorado que consideró que «renovaría» la política. Muchos apenas lo conocían y su divisa de campaña, Ni corrupto ni ladrón, terminó por convencer. Contó –aparentemente- con pocos recursos financieros. Dos años y medio más tarde, enfrenta la posibilidad de un juicio por financiamiento electoral ilícito, cuando fue secretario general del Partido FNC-Nación. Un grupo de empresarios así lo atestiguaron recientemente, con pruebas diversas (transferencias, depósitos y facturas, entre otros) y es posible que se acumulen nuevos casos en esta investigación. Al final, pocos se acuerdan de esta divisa de campaña y, más que todo, lo hacen para criticarlo. Su situación es grave. ¿Qué pasó?

Una apretada síntesis permite resumir el alejamiento del presidente Morales respecto de los cambios que hubieran significado la esperada «renovación» de la política; los que tampoco estuvieron muy claros dentro de sus planes. Mostró un abandono por las reformas constitucionales y desconfianza hacia la Cicig y el MP. Ello se saldó con el rechazo al comisionado Velázquez hasta declararlo no grato. Su errática campaña de defensa frente a las sindicaciones de financiamiento electoral ilícito, lo han llevado a la substitución de algunos de sus ministros y a la alianza con el exalcalde Arzú, para aponerse a la Cicig. También a desaciertos en política exterior: el lobby en EE. UU., el traslado de la embajada en Jerusalén para congraciarse con el presidente Trump, el aprovechamiento del caso Bitkov y el cambio del embajador Kompass, para intentar así estrangular el financiamiento a la Cicig.

El análisis de los hechos anteriores no debe hacernos olvidar el origen inicial de estos problemas. En efecto, al final se cuentas, se trataría de la coexistencia entre la «vieja» y la «nueva» política, desde finales del gobierno del PP. La crisis del Gobierno de Otto Pérez-Baldetti y los casos judiciales paradigmáticos posteriores, no significaron, como la mayoría de la población creyó, que la «renovación» automática y generalizada de la política se produciría. Por el contrario, la vieja y la nueva política siguieron imbricadas. Y a juzgar por las declaraciones de los empresarios dentro del tercer «evento» de la investigación por financiamiento electoral ilícito, el presidente Morales y su partido recibieron aportes que nunca declararon.

Todo hace pensar que la imbricación entre la vieja y la nueva política tardará años en «desaparecer», si es que algún día lo hace. Eso significa que la lucha contra la corrupción va para largo. No obstante, existe cierta esperanza en que, para las próximas elecciones generales, algunos campos de la acción política puedan rescatarse. Uno de ellos serían los aportes ilegales a los gastos de campaña. Ello permitiría erradicar, tanto la presencia de financistas inescrupulosos (desde las mafias que luego exigen retribución por el dinero entregado, hasta el crimen organizado y el narcotráfico que luego esperan «favores»), como de políticos que se enriquecen con aportes de campaña, que luego no utilizan para tal fin. Es por ello que las reformas que se discuten en el Congreso de la República sobre el financiamiento electoral ilícito se sitúan en el corazón de la estrategia política actual. Son, de hecho, una oportunidad para garantizar la «continuidad» de los diputados más espurios (los del Pacto de Corruptos) para las próximas elecciones, o bien, su «exclusión». En igual forma, la «sobrevivencia o no» del propio presidente Morales, frente a un eventual próximo juicio.

Las reformas al financiamiento electoral ilícito nacen de la sentencia de la CC, en la cual «exhorta al Organismo Legislativo… con la participación de otros sectores de la sociedad» a que se reforme el párrafo segundo del artículo 470 N del Código Penal, conforme a los criterios de proporcionalidad, racionalidad y justicia. Ello para que se incorporen plenamente penas por contribuciones anónimas y por no registrar otras aportaciones en los libros de los partidos políticos. Los márgenes de maniobra se estrechan frente a esta posibilidad. La decisión final tendrá que verse en las próximas semanas. Y es posible que se avecine una verdadera batalla campal en el Congreso.

Víctor Manuel Gálvez Borrell

Doctor en Sociología, de la Universidad de Paris I. Trabaja en la Universidad Rafael Landívar como coordinador de investigación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

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