Jorge Mario Salazar M. | Política y sociedad / PALIMPSESTO

La crisis política de Guatemala está estancada por las acciones de un grupúsculo de delincuentes confesos que ocupan los principales cargos públicos en los organismos Ejecutivo y Legislativo, respaldados por otro grupo significativo en el Organismo Judicial, principalmente en la Corte Suprema de Justicia, así como en las municipalidades de todo el país.

Las demostraciones de fuerza, tontas por cierto, que el presidente Jimmy Morales ha querido hacer, entre gritos e incoherencias abusivas en contra de los órganos fiscalizadores del Estado, lo único que han logrado es demostrar nuevamente su ignorancia con respecto al papel de las instituciones y por lo tanto su incapacidad para administrar la cosa pública. Su ignorancia es tan grande que asegura haber estado 4 años en la Presidencia. Insiste públicamente en culpar al PDH de asuntos como el control de carreteras, responsabilidad estricta del Ministerio de Gobernación. Acusa al Ministerio Público de no dejarlo hacer las carreteras, cuando esto es responsabilidad del Ministerio de Comunicaciones. Acusa a la Contraloría General de Cuentas de no permitirle utilizar fondos. La entidad es, normalmente, ineficiente cuando se trata de auditar lo ya ejecutado por los funcionarios, pero no tiene una acción preventiva.

El problema de la falta de ejecución es precisamente la incapacidad del mandatario. Su ignorancia en temas de Estado es la que lo ha llevado a considerar que el presidente debería poder hacer lo que se le da la gana, como quitarle dinero del presupuesto a la educación y a la salud para dárselo al Ejército. Como comprarse bisuterías con los fondos del Estado. O ponerse a despotricar contra las instituciones, cometiendo delitos como la deslegitimación de entidades consideradas como los grandes avances democráticos de nuestra Constitución Política. O defender de la acción de la justicia contra su hijo y hermano, confesos en el delito de defraudación con fondos del Estado.

El presidente se dice, grandilocuentemente, defensor de la Constitución, pero denigra al MP, al PDH, a la CGN y a la PGN. Denuncia de hecho a la Cicig, un pacto internacional considerado uno de los grandes pilares de la probidad y lucha contra la corrupción en Guatemala. De hecho, porque, para limitar sus funciones, recurre a la violencia verbal, a la amenaza, al chantaje mafioso. Movilizar a los locatarios de La Terminal de la zona 4 para presentar una foto rodeado de «gente del pueblo» y engañar a alguien fuera de Guatemala, legitimando así su ofensiva anti-Cicig que es una de las peores barbaridades políticas cometidas.

Es la estrategia diseñada por el llamado Pacto de Corruptos, que no son otros que los mencionados al principio de este escrito, grupúsculos asediados por la justicia y protegidos por la impunidad que dan ciertos cargos públicos. Cuyo caso más relevante es el del mismo presidente señalado de al menos tres delitos y que la Corte Suprema de Justicia no ha permitido que se le investigue, por lo que no se ha aclarado su culpabilidad o inocencia. Es un vacío de legitimidad que se ha formado alrededor del presidente y que genera aún más incertidumbre política, económica y social. El resultado de esto es la anomia en la que no se reconocen autoridades, se deja de invertir y la sociedad deambula en medio de informaciones contradictorias, incapaz de participar para lograr cambios.

Al estilo de los grupos fascistas en la vieja Europa, el supuesto respaldo social al presidente se da en tres etapas. Primero un apoyo local, disfrazado de popular por medio del acarreo de locatarios de mercados. Esta fase, aportada con fondos de la Municipalidad capitalina, fue organizada por el difunto Alvaro Arzú. La segunda etapa, con el magisterio, una reducida marcha en apoyo al aumento salarial establecido en el pacto colectivo de condiciones de trabajo del magisterio nacional. Promovida desde el Congreso, ponen un caramelo como el decreto de ley que permita la utilización de dinero del presupuesto para cubrir ese compromiso. Coincidentemente, sucede en estos días en que requiere su apoyo el presidente. Nada raro en Joviel Acevedo que viene maniobrando a favor de los impunes para lograr sus objetivos económicos. La tercera ola, los exmilitares, especialistas, familiares de militares en procesos judiciales y personas vinculadas con los negocios sucios en el Estado.

Hay una amenaza real de llevar la situación política a la violencia institucional. El presidente ha aceptado salir a romper con Cicig, las instituciones fiscalizadoras y la misma sociedad civil que le critica. Las palabras de Jimmy en su discurso improvisado dejan ver su intención de actuar violentamente, disfrazado de manifestación popular. Su ignorancia confunde justicia con venganza, y eso es lo que quiere lograr. Un golpe de Estado desde dentro que les permita a sus secuaces y a él permanecer durante otros cuatro años en el poder, rodeados de impunidad y sin vigilancia social.

Ya no hay marcha atrás. Si la sociedad no encuentra una manera de unificarse y desarrollar una estrategia de contención a estas mafias, terminaremos esta campaña iniciada por el Pacto de Corruptos con un proceso electoral amañado y sin órganos de fiscalización. Solo esperemos que la violencia no se desborde.

Fotografía principal tomada de El País, la tribuna de Honduras.

Jorge Mario Salazar M.

Analista político con estudios en Psicología, Ciencias Políticas y Comunicación. Teatrista popular. Experiencia de campo de 20 años en proyectos de desarrollo. Temas preferidos análisis político, ciudadanía y derechos sociales, conflictividad social. Busco compartir un espacio de expresión de mis ideas con gente afín.

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