Ricardo Barrientos | Política y sociedad / MANIFIESTO

Ser un servidor público honesto no es fácil. Es complicado en los poderes Legislativo y el Ejecutivo, pero en el Judicial puede llegar a ser peligroso o mortal.

Como lo han demostrado el Ejecutivo, encabezado por Jimmy Morales, o entidades autónomas como la Contraloría General de Cuentas, al funcionariado honesto se le aísla o destituye. En el Legislativo, las diputadas o diputados honestos han demostrado capacidad de auditar al Ejecutivo y denunciar, pero son una minoría sin votos suficientes para aprobar legislación para el bien común, o frenar la aprobación de legislación nociva. Sin embargo, el peor escenario quizá es para los operadores de justicia honestos e íntegros.

El informe Situación de las personas defensoras de derechos humanos en Guatemala: entre el compromiso y la adversidad, elaborado por la oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Guatemala (OACNUDH), reporta que durante el período del 1 de enero de 2017 y el 30 de abril de 2019

se observaron ataques contra operadores de justicia, sus familias y su círculo cercano, como represalia por su trabajo. Dichos ataques han estado especialmente dirigidos a: (1) fiscales del Ministerio Público, sobre todo de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), de la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno (UCECAI) y de la Fiscalía de Derechos Humanos; (2) jueces/zas con jurisdicción penal en casos de mayor riesgo relacionados principalmente con casos de corrupción y justicia de transición; y (3) magistrados/as de la Corte de Constitucionalidad garantes de la Constitución y del respeto de los derechos humanos. Además, las magistradas y magistrados del Tribunal Supremo Electoral, en el contexto de las elecciones generales de 2019, han sido estigmatizados en los medios, incluyendo por candidatos de partidos políticos y autoridades, presuntamente para desacreditar la institución y luego cuestionar los resultados de la elección.

La PDH y la OACNUDH informaron que en 2018 se produjeron numerosos ataques y represalias a judicaturas, magistraturas y fiscalías ocupadas en casos de corrupción y justicia de transición (crímenes cometidos durante la guerra). El informe identifica que estos ataques y represalias aumentaron luego del anuncio del Gobierno de poner fin unilateralmente al acuerdo de creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

El informe identificó los siguientes patrones de represalia para afectar la independencia e integridad de las judicaturas, magistraturas y fiscalías honestas: ataques en medios de comunicación y redes sociales, abuso de las solicitudes de retirar inmunidad (antejuicio), denuncias espurias, abuso de los mecanismos disciplinarios y fallas en los mecanismos de protección de la vida de los operadores de justicia y sus familias. Es decir, ser fiscal, juez o magistrado honesto en Guatemala, significa asumir una vida en el que el acoso mediático es cotidiano, se debe duplicar el trabajo porque hay que ocuparse de la defensa en contra de las denuncias espurias y lidiar con las oficinas de supervisión o tribunales de honor capturados. Pero, sobre todo, se debe asumir como una labor muy peligrosa, que puede resultar mortal para ellos y para sus familias. ¡Vaya incentivo para la honestidad y la probidad!

Ante el proceso de elección las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia y de las salas de apelaciones programado para octubre, debemos conocer y asumir esta realidad con mucha atención y responsabilidad, defendiendo lo honesto, probo e íntegro. Quienes ejercen de manera honesta, proba e íntegra magistraturas, judicaturas y fiscalías requieren con urgencia de nuestro apoyo. ¡Debemos denunciar y evitar la intención de las mafias y el denominado Pacto de Corruptos por expandir su poder capturando más espacios dentro del Organismo Judicial!

Ricardo Barrientos

Especialista en temas de política fiscal. Fungió como viceministro de Finanzas Públicas de Guatemala en 2009-2010. Consultor independiente sobre política fiscal, evaluación y seguimiento de políticas públicas. Ha publicado trabajos sobre política tributaria y análisis de la evasión tributaria en Guatemala.

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