Nery R. Villatoro Robledo | Política y sociedad / HECHOS E IDEAS DE NUESTRO TIEMPO

Uno de los temas subyacentes en el marco de las movilizaciones de 2015 contra la corrupción, a raíz de haberse puesto al descubierto el caso La Línea por el Ministerio Público (MP) y la Cicig, que propiciaron la renuncia y posterior encarcelamiento del binomio presidencial del entonces, fue el del financiamiento a los partidos políticos. A mediados de julio de ese año, la Cicig dio a conocer su Informe: el financiamiento de la política en Guatemala, el cual se centra en el financiamiento ilícito.

En este Informe se abordan asuntos sobre el financiamiento de la política en el país que han sido «un secreto a voces», alrededor de los cuales se ha escrito e investigado, pero nunca antes se había señalado tan directamente el origen diverso del dinero que alimenta las campañas electorales, la magnitud de los montos y sus repercusiones en el ejercicio del poder en términos de la influencia de los financistas en las decisiones políticas, particularmente en el destino del presupuesto y la integración del Gabinete; el pacto de los negocios con el Estado, y el tráfico de influencias. La crisis política del 2015, aún no resuelta, permitió que, al darse a conocer públicamente lo que ocurre al respecto, el financiamiento electoral se vea desde otra perspectiva y vaya perdiendo fuerza la visión de la «normalidad».

De acuerdo con el Informe, tres son las fuentes del financiamiento ilícito a las organizaciones políticas: redes de empresarios y grupos empresariales (por ejemplo, los azucareros, Multi Inversiones, cámaras empresariales organizadas en el Cacif), la corrupción (el caso de Sinibaldi es muy ilustrativo) y redes criminales principalmente vinculadas al narcotráfico. Todos los partidos, al menos los que han ganado la Presidencia en los últimos 33 años, han financiado ilícitamente su campaña electoral, sobrepasando con creces el techo que establece la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP).

La auditoría electoral del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el informe de gastos que elaboró Acción Ciudadana (AC), citados en el Informe, determinaron la cuantía de los montos de campaña de los principales partidos contendientes en el 2011: PP, UNE/GANA y LIDER, así como el exceso del gasto de casi todos los partidos en relación con los ingresos que reportaron al TSE. Las elecciones del 2015 no fueron la excepción. Primero porque los principales partidos hicieron campaña electoral desde el 2011, y segundo porque la magnitud de sus campañas fue similar a la de cuatro años atrás.

El asunto de la corrupción, principalmente, y, en menor medida, la percepción respecto a las cifras estratosféricas de los gastos de campaña, tuvieron mucho que ver para que, en el contexto de la crisis, permeara la idea de rechazar a los partidos «tradicionales» votando por opciones políticas aparentemente diferentes. Así se vendió la imagen de FCN-Nación, que promovió a su candidato con el lema de «ni corrupto ni ladrón», apoyado subrepticiamente por una red de empresarios, grupos corporativos y la embajada de Estados Unidos, que se propusieron imponer una «solución de continuidad» a la crisis que estaba poniendo en riesgo el sistema, mediante la celebración de las elecciones, ignorando la demanda de posponerlas el tiempo suficiente para reformar la LEPP y evitar, entre otras cosas, el financiamiento electoral ilícito.

El resultado está a la vista. El lema «ni corrupto ni ladrón» terminó siendo un escandaloso engaño. En plena lucha contra la corrupción, se integró una red de financiamiento ilícito a FCN-Nación por empresarios y grupos corporativos que la semana pasada fue revelada por el MP y la Cicig, con nombres y apellidos, con Rodrigo Arenas, nieto del «Tigre de Ixcán» y cabecilla del Movimiento Cívico Nacional (MCN) como intermediario; Julio Ramiro Castillo Arévalo, Banco Industrial; Felipe Antonio Bosch Gutiérrez, Multi Inversiones; José Guillermo Castillo Villacorta, Cervecería Centroamericana; José Miguel Torrebiarte Novella, Cementos Progreso; Fraterno Vila Girón, Ingenio San Diego; José Andrés Botrán Díaz, Ingenio Santa Ana; Ramiro Alfaro Samayoa, Ingenio Pantaleón; Herbert González, Ingenio Palo Gordo.

Seguramente estos empresarios han obtenido beneficios personales en los poco más de dos años de FCN-Nación al frente del Ejecutivo, pero aun así es difícil creer que se hayan involucrado a título personal. El sistema político es solamente un mecanismo de refuncionalización y reproducción del modelo económico; es el que garantiza la continuidad del sistema económico. Por ello, el involucramiento personal es, ante todo, en representación de los intereses del capital, se trate de empresas individuales o de grupos corporativos. Los personajes denunciados por la Cicig representan, antes que nada, los intereses de las empresas y grupos corporativos a los que pertenecen.

Por ello les interesaba que las elecciones se realizaran. Con ellas se aplacaron las manifestaciones del 2015; se desmovilizó a organizaciones y colectivos que entienden la corrupción como algo estructural y, por lo tanto, exigían cambios profundos, algunos de ellos incluso para refundar el Estado. Se desmovilizó a quienes pensaron que con un partido «diferente» se acabaría la corrupción, porque creen que esta es un asunto de personas y que un neófito en el ámbito de la política no estaría «contaminado».

La red de financiamiento ilícito a FCN-Nación confirma que, si no se transforma radicalmente el sistema político y de partidos, a través de una nueva LEPP, pero en todos los sentidos, este seguirá siendo un espacio privilegiado para pactar negocios con el Estado, obtener privilegios y prebendas; el primer eslabón de una mayor concentración de la riqueza y expansión de la pobreza.

Después de todo lo ocurrido de 2015 para esta fecha, las disculpas públicas son una burla más. Estos empresarios, y las empresas a las que pertenecen, deben ser juzgados y severamente castigados porque ellos y otros son, históricamente, responsables de lo que el MP y la Cicig llaman «cooptación» del Estado.

Nery R. Villatoro Robledo

Historiador, investigador social, analista político y columnista de prensa. Ejerce el periodismo de opinión desde hace 25 años. Es autor de estudios sobre la cuestión agraria, la tenencia y mecanismos de acceso a la tierra, y la seguridad alimentaria. Autor de varios ensayos políticos en revistas especializadas, y de más de mil artículos de opinión en varios medios de comunicación escrita.

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