-gAZeta-

El creciente descontento ciudadano hacia la política y los políticos ha ido aumentando gracias al desconocimiento sobre el funcionamiento de las organizaciones políticas y, en especial, por la sospecha de comportamientos ilícitos relacionados con la recaudación y el manejo de sus finanzas.

Los actos de corrupción develados recientemente en varios países latinoamericanos y la falta de transparencia de las organizaciones políticas han convertido nuevamente a los partidos políticos en sujetos que personifican la desconfianza hacia un sistema político caduco, corrupto y cooptado. Esto ha significado el surgimiento de una de las más grandes crisis de legitimidad y confianza hacia los partidos políticos, tal y como lo evidencia el último estudio de cultura política de la democracia en Guatemala y en las Américas 2016/17, donde, por ejemplo, los partidos políticos guatemaltecos exhiben un bajo nivel de confianza (14.6 %) en comparación con otros países de América Latina, y muy por debajo de otras instituciones como los medios de comunicación (61.9 %) y la Cicig (70.1 %).

Las consecuencias de la desconfianza y la baja legitimidad son muy graves para el sistema democrático, aleja cada vez más a los partidos políticos del interés ciudadano y sus demandas.

Aunado a lo anterior, no se puede pasar desapercibida la realidad cambiante del entorno social, político y económico a nivel global. Esta realidad ha llevado a que, en cada elección, las estrategias electorales demanden campañas cada vez más costosas, alcanzando niveles nunca antes vistos y provocando, por ende, que el financiamiento sea un factor determinante para declarar la victoria electoral y causar así una dependencia casi absoluta de los partidos políticos ante sus financistas. Esta dependencia genera deformaciones perversas en el sistema democrático y, a futuro, el detrimento de la administración pública. Por ello, el financiamiento de la política se ha constituido en los últimos años como un elemento fundamental del debate político en gran parte de los países latinoamericanos. Se han abierto serias discusiones sobre el papel de los partidos políticos, la transparencia que debe prevalecer en el manejo de sus finanzas y los riesgos que trae consigo la debilidad de las autoridades electorales para identificar y sancionar cualquier intento de infiltración de dinero ilícito producto de la corrupción y del crimen organizado.

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) presentó, en 2015, el informe sobre el Financiamiento de la política en Guatemala. Este informe, entre otras conclusiones, evidenció que la recaudación y manejo de las finanzas político-electorales son unas de las causas principales del debilitamiento del sistema democrático guatemalteco.

En un país como Guatemala, donde los niveles de pobreza e indicadores de desarrollo humano son tan alarmantes, los costos de campaña electoral gastados por los partidos políticos cobran dimensiones absurdas. A manera de ejemplo, para las elecciones de 2015, los partidos políticos reportaron 22.4 millones de dólares en gastos de campaña. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) determinó que el monto real gastado por los partidos políticos en campaña fue de 32.3 millones de dólares. De este monto el 63 % (US$ 20.2 millones) fueron erogados por los tres partidos que lideraban las encuestas de intensión de voto.[1]

¿Cuál es entonces la racionalidad de erogar millones de quetzales en campaña electoral, si esta nunca podría reponerse con el financiamiento público o con los salarios de los funcionarios al ser electos? El interés de los agentes de la corrupción[2] y del crimen organizado.

En paralelo, vale la pena mencionar que hasta el 2015, el TSE había evidenciado serias limitaciones para ejercer sus funciones de fiscalización y control de las finanzas partidarias. Entre dichas limitaciones se incluye su poca capacidad para verificar uno de los gastos más importantes de las campañas electorales: la campaña de tierra, la cual constituye una de las estrategias más significativas a nivel local y, por ende, uno de los mecanismos más utilizados por los partidos políticos para no reportar el financiamiento y para dar lugar al ingreso de dinero ilícito. La autoridad electoral ha desarrollado históricamente «auditorías de check list» lo que implica una simple verificación de cumplimiento en la entrega de informes y requisitos. Finalmente, para las elecciones de 2015, la autoridad electoral no contaba con un régimen sancionatorio robusto que le permitiera sancionar las infracciones, o bien solicitar información a otras instituciones del Estado para poder contrastar reportes.

La Cicig presenta el mencionado informe en un año electoral y fue la antesala de eventos en el ámbito judicial que tuvieron consecuencias políticas de enorme relevancia para el país. El caso presentado por el Ministerio Público y la Cicig conocido como La Línea, que vinculó a los entonces presidente y vicepresidenta de Guatemala, propiciaron la toma de conciencia ciudadana colectiva de los guatemaltecos y llevó a identificar la mala calidad electoral y posibles peligros del sistema electoral guatemalteco, al permitir, de forma impune, la participación de estructuras criminales por medio del financiamiento de las organizaciones políticas.

En ese contexto, una de las exigencias de los miles de guatemaltecos que salieron a la calle durante repetidos sábados fue la urgente reforma electoral. Lo anterior favoreció que el proceso de reforma electoral, iniciado en 2015 y aprobado en 2016, fuera el más expedito en toda la historia democrática y llevó a concluir que el proyecto no contemplaba todas las reformas necesarias, pero era suficiente para iniciar los cambios sustantivos.

En materia de fiscalización y control del financiamiento político, las últimas reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) fortalecieron la institucionalidad electoral, aumentando su capacidad sancionatoria y otorgándole mayores y mejores funciones de fiscalización y control del financiamiento de las organizaciones políticas. Se crearon dos unidades especializadas dotadas de independencia para fiscalizar el financiamiento de los partidos políticos[3] y controlar el acceso a los medios de comunicación con fines de campaña electoral[4]. Las reformas obligan además a otras instituciones del Estado como las superintendencias de Bancos, Tributaria y de Telecomunicaciones (SIB, SAT y SIT), así como a la Contraloría General de Cuentas (CGC) a colaborar para la instalación de mecanismos de comunicación que permitan el intercambio y cruce de información, además de la trazabilidad de las transacciones. Así mismo, la nueva legislación promueve una competencia electoral más democrática y equitativa por medio de la regulación del acceso a los medios de comunicación por parte de los partidos políticos y aumenta las capacidades sancionatorias.

La implementación de estas nuevas unidades representa un reto técnico y político para el TSE, particularmente luego de que entre 2015 y 2018 se presentaron ante la justicia casos emblemáticos que tienen como denominador común el financiamiento electoral ilícito[5]. Los casos han logrado evidenciar la lógica y mecanismos utilizados por candidatos, funcionarios públicos y empresarios para financiar partidos políticos con el objetivo perverso de privatizar las decisiones públicas, el enriquecimiento ilícito y el favorecimiento de intereses del crimen organizado.

Para ello, la Cicig, desde el 2016, ha iniciado un proceso de apoyo técnico y fortalecimiento de capacidades del TSE para que, en las elecciones de 2019, los nuevos mecanismos de fiscalización puedan ser implementados, logrando así la identificación, combate, sanción y prevención de la infiltración de dinero ilícito en los partidos políticos. La Cicig ha dado a conocer que el proceso de fortalecimiento de capacidades del TSE contempla el apoyo para la definición del modelo de fiscalización, el diseño organizacional y de los instrumentos necesarios para la fiscalización, así como la implementación de un plan de capacitación para el fortalecimiento de capacidades del personal responsable de la fiscalización.

Otras organizaciones de cooperación internacional han sido parte de este proceso de apoyo, tales como la Fundación Konrad Adenauer (KAS), Instituto Nacional Demócrata (NDI), Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD) y la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales (IFES).

El combate al financiamiento electoral ilícito es irreversible y debe ser asumido como tal por el TSE. Para las elecciones de 2019 es necesario que la autoridad electoral asuma su rol, ejerciendo con valentía las funciones que van más allá de la organización de las elecciones, deberá hacer cumplir con firmeza las normas de financiamiento y sancionar con severidad a los infractores para que exista garantía de no repetición. Es menester que exista voluntad política de las autoridades electorales para implementar las unidades mencionadas, contratar el personal idóneo que garantice el control transparente e íntegro de las finanzas partidarias e implemente los mecanismos de trabajo para que, tanto a lo interno del TSE como con otras instancias del Estado, se pueda trabajar con compromiso para mejorar nuestro sistema democrático.

[1] UNE, LIDER y FCN.
[2] Funcionarios corruptos y sectores corruptores.
[3] La Unidad Especializada de Fiscalización y Control de las Finanzas de los Partidos Políticos.
[4] La Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión.
[5] Cooptación del Estado, Lavado y política, Corrupción y construcción y Financiamiento electoral Ilícito: campaña política 2015.