-Nery Villatoro / PUERTAS ABIERTAS–

#YoNoSoyImpunidad

Desde el 2015, cada vez que hay un «jueves de Cicig» (no importa si es otro día), es, sin duda, un duro golpe a esa compleja y cerrada telaraña de redes criminales integradas por empresarios, militares en activo y retirados, principalmente buena parte de la oficialidad de la contrainsurgencia, políticos y funcionarios públicos (jueces, fiscales, magistrados, burócratas).

En el 2015 publiqué en dos partes en la Revista Análisis de la Realidad Nacional (números 77 y 79, 16-31 de julio y 16-31 de agosto, respectivamente), del Instituto de Problemas Nacionales de la USAC, un análisis intitulado Ante la crisis, ¿qué hacer?, en el que sostengo que el Estado ha estado penetrado y controlado por estas mafias desde mucho antes de la década de 1970 (cuando el narcotráfico irrumpe con fuerza durante el gobierno del «Chacal» de oriente), bajo un tipo de Estado burgués contrainsurgente mafioso que en 1985, al iniciar el proceso de «transición democrática», empezó a mutar a uno de tipo neoliberal mafioso.

Ello no pudo haber ocurrido sin la venia y el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos a través de su embajada en el país. Es un hecho que la guerra contrainsurgente recibió financiamiento del narcotráfico. La experiencia de los aparatos de inteligencia militar guatemaltecos y de aparatos como la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos es conocida (recuérdese el caso Irán-contras en Nicaragua).

El control de instituciones como el Ministerio de Finanzas, Migración y aduanas, por ejemplo, fue estratégico para la política contrainsurgente; pero también lo fue para el surgimiento de esas redes criminales. Los primeros creadores de esas estructuras criminales en Guatemala fueron oficiales de inteligencia. No es coincidencia que militares como Francisco Ortega Menaldo, Napoleón Rojas y Manuel Callejas aparecieran en los archivos de la Red Moreno, desarticulada en 1996. Tampoco es que Otto Pérez Molina sea el principal cabecilla de lo que en un principio se conoció como La Línea pero que, luego de salir a luz pública otros casos el MP y la Cicig se refirieran al Partido Patriota como una megaestructura criminal.

Estoy afirmando dos cosas. Primero, la realidad es mucho más compleja que una simple cooptación o secuestro del Estado por las mafias. He sostenido desde hace muchos años que el proceso de transición democrática fue configurando un Estado controlado por una amalgama de intereses de diferentes facciones de poder: 1) la vieja oligarquía, grupos corporativos, la burguesía «modernizante» y «empresarios» emergentes; 2) la cúpula y oficialidad contrainsurgente del Ejército, y 3) grupos criminales cuyos cabecillas han sido militares que diseñaron y ejecutaron la política contrainsurgente.

En otras palabras: la «transición democrática» fue un pacto entre esas estructuras de poder, que fue configurando un tipo de Estado neoliberal mafioso cuyo gobierno se han disputado, desde entonces, esos mismos grupos a través de un sistema político y de partidos financiado por ellos, principalmente de manera ilícita.

No fue un proceso en el que aquellas facciones de poder colocaran a sus piezas en la institucionalidad estatal, tal como se entiende la cooptación. Se diseñó y construyó un Estado ad hoc a esos intereses que, en el ámbito de las relaciones de poder, de pugnas y distribución de cuotas de influencia y poder, de espacios y territorios de operación, poco a poco fueron diluyendo la leve frontera entre capitales lícitos y capitales ilícitos.

Segundo, cuando se habla de «Estado paralelo» en realidad se está hablando de esas estructuras que ejercen el poder real, agazapadas y a través de las estructuras formales (instituciones) del Estado. Ello ha sido más notorio durante los gobiernos del FRG (2000-2004), del Partido Patriota (2012-2016, con el breve período de Alejandro Maldonado Aguirre que fue en realidad una extensión del Gobierno patriota para garantizar la continuidad del sistema de dominación y del modelo de Estado), y del actual gobierno de FCN-Nación. Fue esa trilogía (la vieja burguesía, la burguesía de nuevo cuño y la burguesía transnacional; la oficialidad militar contrainsurgente, y los grupos criminales) la que diseñó y la que ha venido manejando el Estado. Con el apoyo de Estados Unidos, por supuesto. Controlan y manejan el sistema político y los partidos, que son el medio de reproducción del sistema y de control del Estado.

De suerte que lo que el MP y la Cicig han venido revelando desde abril del 2015, es lo que se sabe desde hace muchos años. No es un Estado cooptado o secuestrado. Nos encontramos ante un Estado construido para facilitar la implementación, por un lado, del modelo de capitalismo neoliberal y, por otro, la acumulación de riqueza, la acumulación de capital para beneficio de esa trilogía de poder. Un Estado que, previo a ello, durante los años de la guerra interna, puso en movimiento toda su maquinaria represiva para masacrar, ejecutar extrajudicialmente y asesinar nada menos que a 200 mil personas, la inmensa mayoría de los pueblos mayas, y detener-desaparecer a otras 45 mil. Un Estado que, después de más de veinte años de neoliberalismo, tiene en la pobreza a más de 60 % de la población, mientras esos grupos de poder económico acumulan capital y las «brechas» entre la clase dominante y las clases trabajadoras son más grandes.

Los casos develados desde el 2015 muestran cómo en esa compleja trama se entretejen los intereses de esa trilogía, viejos aliados en la guerra contrainsurgente y en el contexto de la fase neoliberal del capitalismo hoy dominante. No es un fenómeno que aqueje solamente en Guatemala. Es un modelo de capitalismo y de acumulación a escala global que ha quedado retratado al hacerse públicos los Panama Papers. Un caso muy ilustrativo pero pequeñísimo frente a la magnitud del fenómeno, que constituye apenas la punta del iceberg.

No me queda la menor duda acerca de que la Cicig y el MP están realizando un trabajo de tal magnitud, inimaginable antes de abril del 2015. Y eso, sin duda, merece ser saludado, aplaudido y apoyado. Sin embargo, si no se llega al fondo, al centro del problema, de nada habrá servido. Cuando en 1996 Arzú decidió entrarle a la Red Moreno y al Grupo Salvavidas (esos eran los nombres con los que se conoció parte de la telaraña de redes criminales, del Estado paralelo del que tanto se habla), se pensó que empezaba a romperse la añeja alianza de aquella trilogía de poder, y que la burguesía o una parte de ella, se proponía seriamente tomar el control y el ejercicio del poder político cedido a la cúpula militar durante la guerra interna.

Nada más alejado de la realidad. Lo que ocurrió fue una recomposición y reacomodo de fuerzas entre quienes integran esa trilogía. Frente a las dos estructuras contrainsurgentes-criminales (la Cofradía de Ortega Menaldo y Callejas y Callejas y El Sindicato de Otto Pérez Molina) que ejercieron el poder dentro del Ejército y le disputaron poder y negocios a la oligarquía, surgió una tercera estructura bajo el apadrinamiento del propio Álvaro Arzú, dirigida por el general Marco Tulio Espinoza –hoy jefe del aparato de inteligencia que maneja Arzú desde los sótanos de la Municipalidad capitalina–.

A partir de la llegada del Partido Patriota al Gobierno en 2012, esa trilogía y sus diferentes redes criminales lograron, quizás por primera vez, «operar» de manera conjunta y coordinada. Viejos personajes ligados a la Red Moreno y al Grupo Salvavidas, pertenecen a los «mandos operativos» de La Línea y otras estructuras puestas al descubierto de 2015 para esta fecha. Hasta ahora, si bien han caído algunos de los principales cabecillas de esas redes, faltan muchos ampliamente conocidos, pero sobre todo la acción de la justicia no ha llegado a grandes «empresarios» de la oligarquía y de grupos corporativos que forman parte de esa trilogía de poder.

La solicitud de antejuicio contra Arzú por utilización de recursos municipales para financiar ilícitamente el Partido Unionista a través de su propia red, de la que formaba parte Byron Lima Oliva, ejecutado en prisión hace más de un año, puede ser un primer paso que podría llevar a atacar la corrupción desde una perspectiva estructural. Sin embargo, la recomendación de la jueza pesquisidora y la resolución de la Sala Tercera de Apelaciones evidencian el blindaje que tiene este viejo representante de la oligarquía y lo difícil que será derribarlo. Más aún con la alianza que hábilmente ha construido con Jimmy Morales, diputados y las estructuras detrás del presidente.

En medio de este terremoto, hace pocos días hizo su aparición en escena un Frente Ciudadano contra la Corrupción, promovido por Dionisio Gutiérrez y la Fundación Libertad y Desarrollo. Una entente de la que forman parte públicamente conocidos empresarios y miembros de la llamada sociedad civil que, quisiéramos creer, por ingenuidad se han sumado a un frente manejado por empresarios y grupos corporativos que aprovechan la coyuntura para restar fuerza a los otros y salir en caballo blanco situándose del lado de la «lucha contra la corrupción». Un frente que será el espacio desde el cual se dará la batalla por una recomposición y reacomodo de fuerzas de los grupos de poder. Una batalla entre grupos que han acumulado capital primordialmente de manera ilícita y grupos que han utilizado las estructuras del Estado para sus negocios, para el despojo, apropiación y mercantilización de los recursos públicos y comunes.

Para resolver la crisis del Estado y del sistema en su totalidad, hace falta ir al fondo del pacto que lo constituyó, destruirlo y construir un nuevo Estado que excluya el racismo, el patriarcado, la misoginia, la homofobia y demás sistemas de dominación capitalista. Un Estado sobre nuevas bases: un Estado plurinacional. Porque aquí, en el capitalismo y su Estado, ese Estado al que me he referido, hoy por hoy, todo está podrido.

Por eso siempre he apoyado y seguiré apoyando a la Cicig y apoyo al MP en este aspecto y en otros. Todas las artimañas diplomáticas del Gobierno de Jimmy Morales, las maniobras de los diputados del Pacto de Corruptos y su alianza con Arzú para lograr el cambio del comisionado Iván Velásquez buscan evitar que el MP y la Cicig sigan en esa línea. De ahí el peligro que hay en la elección del próximo o próxima fiscal general.

La pregunta es: ¿hasta dónde dejarán llegar al MP y a la Cicig? ¿Hasta dónde se lo permitirá la embajada? Porque parece claro que el Frente Ciudadano Contra la Corrupción, tiene la bendición de la embajada. Una cosa es segura: a la embajada, a Estados Unidos, le interesa «combatir» la corrupción hasta el punto que no ponga en riesgo el sistema. Porque la corrupción, siendo una manifestación de la podredumbre de este capitalismo, es un mecanismo de acumulación de capital. No se debe olvidar que dos de las más grandes «lavanderías» de dinero, de blanqueo de plata proveniente de diversas actividades criminales, incluida la corrupción, se encuentran en Estados Unidos: Nevada y Delawere. Repito, los Panama Papers son solo una pequeña evidencia.

Nery Villatoro

Historiador, investigador social, analista político y columnista de prensa. Ejerce el periodismo de opinión desde hace 25 años. Es autor de estudios sobre la cuestión agraria, la tenencia y mecanismos de acceso a la tierra, y la seguridad alimentaria. Autor de varios ensayos políticos en revistas especializadas, y de más de mil artículos de opinión en varios medios de comunicación escrita.

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