Nery R. Villatoro Robledo | Política y sociedad / HECHOS E IDEAS DE NUESTRO TIEMPO

Los últimos acontecimientos, que han tenido uno de sus puntos de clímax en el anuncio de Jimmy Morales acerca de que no solicitará la renovación del mandato de la Cicig, son manifestación y evidencia claras de cómo se ha configurado y reconfigurado el Estado guatemalteco en los últimos 35 años, desde que se anunciara, poco después del golpe de Estado de Mejía Víctores, el inicio de la «transición democrática».

He escrito en alguna otra ocasión que 1983 representa el comienzo de un proceso «pactista» entre tres «élites»: la económica (con particular empuje de la que en su momento se conoció como «burguesía modernizante»), la cúpula militar (principalmente la oficialidad de la contrainsurgencia, y la élite de las mafias integrada por organizaciones criminales estructuradas al amparo de la contrainsurgencia (principalmente por oficiales de inteligencia militar, y por supuestos civiles vinculados a la actividad contrainsurgente).

En un artículo publicado en esta revista en marzo de este año bajo el título «El Estado pactado», escribí, a propósito de la cooptación del Estado, que:

He sostenido desde hace muchos años que el proceso de transición democrática fue configurando un Estado controlado por una amalgama de intereses de diferentes facciones de poder: 1) la vieja oligarquía, grupos corporativos, la burguesía «modernizante» y «empresarios» emergentes; 2) la cúpula y oficialidad contrainsurgente del ejército, y 3) grupos criminales cuyos cabecillas han sido militares que diseñaron y ejecutaron la política contrainsurgente.

En otras palabras: la «transición democrática» fue un pacto entre esas estructuras de poder, que fue configurando un tipo de Estado neoliberal mafioso cuyo gobierno se han disputado, desde entonces, esos mismos grupos a través de un sistema político y de partidos financiado por ellos, principalmente de manera ilícita.

No fue un proceso en el que aquellas facciones de poder colocaran a sus piezas en la institucionalidad estatal, tal como se entiende la cooptación. Se diseñó y construyó un Estado ad hoc a esos intereses que, en el ámbito de las relaciones de poder, de pugnas y distribución de cuotas de influencia y poder, de espacios y territorios de operación, poco a poco fueron diluyendo la leve frontera entre capitales lícitos y capitales ilícitos.

El «Estado paralelo», del cual se habla con frecuencia, no es más que esas estructuras que ejercen el poder real de manera subrepticia, agazapadas en las instituciones formales del Estado. El «contrato social» y los pactos de los cuales vienen hablando los teóricos del Estado moderno para explicar qué es el Estado y su naturaleza, no sería en Guatemala un contrato entre las distintas fuerzas sociales y políticas, como ellos explican, sino un pacto entre la clase dominante y los principales factores de poder, aliados suyos, para garantizar la reproducción del sistema y sus intereses económicos y políticos, claramente ilícitos e ilegítimos.

Ese pacto se ve con toda claridad en lo que coloquialmente se conoce como Pacto de Corruptos, entente integrada al menos por tres grupos: 1) distintas facciones de la oligarquía/burguesía, cuyas principales caras visibles son Álvaro Arzú Escobar, presidente del Congreso e hijo de Álvaro Arzú Irigoyen, y Felipe Alejos, vicepresidente del Congreso y miembro de la burguesía emergente, vinculados a mafias de corrupción; 2) exmilitares contrainsurgentes de Avemilgua y militares en activo, ligados al crimen organizado, entre estos los más conocidos son los de la «Juntita de Jimmy Morales» (entre ellos Edgar «Puñalito» Ovalle , prófugo de la justicia, y Melgar Padilla, con arresto domiciliario), quienes son el respaldo principal de Jimmy Morales, y 3) un extenso grupo de políticos y diputados, vinculados a estructuras criminales y de corrupción, encabezadas por el presidente Morales.

El Pacto de Corruptos no es más que una megaestructura de mafias de la corrupción y del crimen organizado articuladas por el fallecido alcalde Arzú Irigoyen, a cuyo mando están el presidente Morales, Arzú Escobar y los militares y exmilitares detrás de Morales.

De manera que el fondo del asunto no son los argumentos expuestos por el presidente para no solicitar la ampliación del mandato de la Cicig, no es la intromisión de este organismo en asuntos políticos internos del país, ni representar una amenaza para la seguridad del país. Es una amenaza, eso sí, para este Estado neoliberal mafioso ad hoc para los grandes negocios del capital transnacional y nacional, y también para los negocios ilícitos y la corrupción. Quienes se sienten inseguras son esas mafias agrupadas en el Pacto de Corruptos, no solo porque muchos de ellos pueden terminar tras las rejas, sino porque pueden perder los privilegios que siempre han tenido y todo tipo de negocios, principalmente los ilícitos.

Es por eso que Jimmy Morales, rodeado del alto mando del Ejército y de la PNC (en la que Degenhart ha vuelto a colocar a una estructura criminal conocida como La Charola), ha desafiado a la comunidad internacional al negarse a renovar el mandato de la Cicig y amenazando con expulsar por la fuerza al comisionado Iván Velásquez usando equipo militar artillado donado por Estados Unidos para una Fuerza de Tarea Trinacional (Guatemala – Honduras – El Salvador) para combatir el narcotráfico. El punto central no es si la decisión es legal o no, sino el fondo político que entraña.

Ya se sabe que uno de los ejes de intervención de Estados Unidos en los países de América Latina es la lucha anticorrupción. En el caso de Guatemala, su interés ha sido limpiar la superficie de toda esta cloaca de intereses privados, negocios ilícitos y corrupción que el mismo Gobierno estadounidense ayudó a construir, sin llegar al fondo para que el sistema no se derrumbe. Por eso se empeñó, junto a la derecha guatemalteca, en la celebración de las elecciones del 2015.

Es difícil saber hasta dónde iban a llegar la Cicig y el MP de Thelma Aldana, pero sí es un hecho que lograron alcanzar a altos mandos de estructuras criminales de las que forman parte empresarios, exmilitares, políticos y funcionarios públicos de alto nivel. Es posible que la Cicig hubiese estado o esté preparando golpes fuertes que hicieran temblar este sistema del que también se beneficia Estados Unidos desde una perspectiva de geopolítica, y que el primer paso haya sido la captura de Melgar Padilla.

La movida del Pacto de Corruptos y de Morales pretende reforzar y garantizar la impunidad con la que esa trilogía (empresarios, militares y mafias) ha ejercido el poder, por lo menos durante los últimos 60 años. Ello implica serios riesgos para el país. Primero, que la crisis política no resuelta se profundice y sus consecuencias sean mayores. Segundo, que haya una terrible regresión de los pocos logros de los años posteriores a la finalización de la guerra interna; si el gobierno del Partido Patriota implicó un serio retroceso y la administración de FCN lo profundizó, la consolidación del Pacto de Corruptos terminaría de poner a Guatemala al borde del precipicio. Tercero, la respuesta de la comunidad internacional puede significar un virtual aislamiento de Guatemala. Las primeras reacciones han advertido al gobierno de Morales sobre las consecuencias de ello.

No podemos quedarnos de brazos cruzados frente a tales pretensiones. Ha quedado demostrado que pretender cambiar este país a través de procesos electorales, con un sistema político controlado por esa trilogía es, por lo menos, ingenuo. Más aún si la izquierda electoral vive permanentemente en ciclos de cuatro años, con la mira a conservar las pocas diputaciones y no perder el registro. No olvidemos que las redes de comunicación e información virtual constituyen uno de los centros neurales del dominio del capital a escala global y que, en ese marco, los procesos electorales en países como Guatemala no sirven ni siquiera para reformar el sistema.

Nery R. Villatoro Robledo

Historiador, investigador social, analista político y columnista de prensa. Ejerce el periodismo de opinión desde hace 25 años. Es autor de estudios sobre la cuestión agraria, la tenencia y mecanismos de acceso a la tierra, y la seguridad alimentaria. Autor de varios ensayos políticos en revistas especializadas, y de más de mil artículos de opinión en varios medios de comunicación escrita.

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