Victoria Aurora Tubin Sotz | Política y sociedad / Q’ASAXIK TZIJ (TRASLADANDO PALABRAS)

En un país colonizado y violentado, producto del saqueo europeo, los pueblos originarios se han convertido en extranjeros en su propio territorio. Se duda de su existencia, de su pertenencia y de sus particularidades dentro del espacio-tiempo en el que se fundamenta su historia y origen ancestral.

En el proceso civilizatorio se establecieron límites territoriales que funcionaron de acuerdo a los intereses particulares de los colonizadores, no de la movilidad social y natural de la población, lo que ha producido incoherencia en la extensión poblacional de los pueblos originarios con los límites establecidos del colonialismo. Esto es algo que no solo pasa en San Rafael Las Flores, sino en todo el país, por lo tanto, poner en duda la permanencia, la extensión territorial de un pueblo originario, solo resulta ser la manifestación del racismo estructural del Estado.

No debemos olvidar que desde la colonización se caracterizó a los pueblos como salvajes, incivilizados y «cosas», en consecuencia, se impulsó la civilización como algo necesario e importante para sacar del salvajismo a los pueblos, porque se buscaba modificar sus comportamientos y educarlos. Se violentó su manera particular de vivir, de entender el mundo y de relacionarse; como su manera de hacer y entender ciencia. Algo que implicó el forzoso y violento despojo del uso de la indumentaria, los alimentos particulares de las comunidades, el sistema de idiomas, entre otros elementos identitarios. La historia política nos evidencia que los procesos civilizatorios no han sido pacíficos, han sido violentos, porque se impusieron en contra de la voluntad de la población de adoptar nuevos comportamientos que implicaban despojarse de sus valores y prácticas que forman parte de su pensamiento.

Pero, pasado los siglos, el mismo Estado ahora les exige poseer autenticidad identitaria, les exige hablar el idioma, usar su vestimenta, cuando los pueblos se organizan para defender su territorio y sus formas particulares de vida. Así ha sido la experiencia del pueblo Xinka, sin olvidar que solo fue reconocido por el Estado hasta en la firma de la paz en 1996, antes de esto no se le consideraba pueblo, como tampoco contaba estadísticamente. Pese a que ellos/as sí estaban aportando al Estado de diferentes maneras.

Si bien fueron reconocidos en la firma de la paz, su espacio territorial lo redujeron solo al departamento de Jalapa, y aunque ellos/as no están solo allí, este Estado racista los considera un grupo pequeño y sin importancia. Esto explica por qué, sin consulta alguna, el Ministerio de Energía y Minas autorizó licencias de explotación y exploración minera en su territorio, en el municipio de San Rafael Las Flores. De manera que se violentó su derecho a tener participación en la toma de decisiones sobre sus prioridades y proyecciones sociales, especialmente sobre su territorio, lo cual está conemplado en el Convenio 169 de la OIT.

Así, desde la llegada de la empresa Minera San Rafael, ellos/as se han posicionado en resistencia, solo en el 2013 «los hombres y las mujeres montan guardia todo el día y la noche, en turnos de 12 horas que se relevan al amanecer y la puesta del sol. Antes de empezar las jornadas se reúnen para orar y saludarse unos a otros. Su consigna es el cuidado del medio ambiente, que consideran “la casa de todos”» (Nómada, 19 julio de 2017). Esta lucha ha significado diferentes atropellos a sus derechos a la vida, algunos de sus miembros heridos, otros asesinados, este año el acoso y violencia ha sido más fuerte contra ellos/as.

Su resistencia ha sido no bajar la guardia, que se sintetiza en visibilizarse frente al mundo, exponiendo que el Pueblo Xinka ha existido en Santa Rosa, además de ejercer su derecho a su territorio. Esto obligó a que la Corte Suprema de Justicia suspendiera temporalmente las licencias de la minera el 05 de julio de 2017, en respuesta a un amparo del Centro de Acción Legal Ambiental y Social (Calas), porque el Gobierno no siguió ni siquiera la formalidad del Convenio 169 de la OIT

Esto generó que el Ministerio de Energía y Minas señalara que no se consultó porque no hay Xinkas en el lugar, supuestamente porque no hablan su idioma, no usan su indumentaria y no se alimentan como los Xinkas. Este dictamen desató el racismo institucional e individual, porque se niega el derecho del pueblo Xinka a defender su territorio a través de su anulación histórica. Apelando a la inexistencia de particularidades propias del pueblo. Como era de esperarse, los empresarios también iniciaron su campaña masiva en contra del Pueblo Xinka, a través de la prensa y medios de comunicación y hasta en redes sociales.

El amparo exige la consulta a este pueblo, frente a ello la Corte de Constitucionalidad demanda la realización de estudios a dos universidades, la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Universidad del Valle, para determinar la existencia o no del Pueblo Xinka en el departamento. Ambas universidades concluyeron que sí habitan Xinkas en el lugar, aunque la CC hasta ahora no ha dado dictamen para realizar la consulta a las comunidades. Los empresarios se han victimizado en sus millonarias campañas mediáticas, apelando a la consciencia del público y hasta han utilizado a la población ladino/mestiza quien no se pronuncia por la defensa del territorio, pero sí apoya la presencia minera en el lugar, pese a la destrucción de la naturaleza, el aire, el agua y los cerros. Los empresarios han llegado a desacreditar y anular la existencia histórica del Pueblo Xinka.

Victoria Aurora Tubin Sotz

Mujer maya kaqchikel, socióloga, magister en Comunicación para el Desarrollo y estudiante del doctorado en Ciencias Sociales, USAC. Soy crítica y activista en las diferentes luchas de los pueblos originarios, a partir de mi pertenencia étnica y ser desplazada durante el conflicto armado interno, con la desaparición forzada de mi padre y una familia fracturada.

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