-Jo-Marie Burt y Paulo Estrada | PUERTAS ABIERTAS–

En 2019, una jueza decidió no creer a las mujeres achí que acusaron a seis hombres, todos exintegrantes de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), de violencia sexual contra ellas durante el conflicto armado interno. Los hombres salieron libres; habrán pensado que eso fue todo, que lograron evadir un proceso judicial engorroso y complicado en su contra.

No contaron que otro exintegrante de las PAC –y hermano de uno de los que fueron liberados por la jueza– pronto sería regresado a Guatemala desde Estados Unidos, y menos que en el contexto del proceso contra este, las mujeres sobrevivientes lograrían convencer al nuevo juez a cargo del caso –Miguel Ángel Gálvez– que debería reiniciar el proceso en contra de por lo menos tres de ellos.

Pero eso es lo que ocurrió hace poco en el Tribunal de Alto Riesgo B a cargo del juez Gálvez, quien preside sobre el proceso judicial contra el exintegrante de las PAC, Francisco Cuxum Alvarado, deportado desde Estados Unidos en diciembre a 2019. En octubre 2020, el juez Gálvez decidió que existía suficiente evidencias contra Cuxum Alvarado, acusado de ser responsable de varios incidentes de violencia sexual contra las mujeres achí, para enviarlo a juicio.

En el contexto de este proceso, las mujeres querellantes en el caso solicitaron al juez revisar la decisión de la jueza que culminó con la liberación de los otros seis acusados en 2019. En marzo del presente, en una audiencia presencial, el juez Gálvez decidió que había suficientes medios de prueba para enviar a juicio a tres de los que habían cobrado su libertad en 2019 –Damian Cuxum Alvarado, hermano del deportado Francisco Cuxum Alvarado, y los hermanos Bernardo y Benvenuto Ruíz Aquino– por ser los presuntos autores materiales de violación sexual en contra de mujeres maya achí en el municipio de Rabinal, departamento de Baja Verapaz.

¿Como inicia la búsqueda de justicia?

Este proceso se remonta al 2010, cuando la Asociación Bufete Jurídico de Rabinal (ABJR) comienza a recopilar testimonios de víctimas sobrevivientes de las masacres en la aldea Chichupac y comunidades aledañas. Ante la dificultad de avanzar en el fuero interno en aquel entonces, las y los abogados del Bufete Jurídico se pusieron como objetivo plantear una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En los relatos que fueron coleccionando, las mujeres achí comenzaron a contar sobre los hechos de violencia ocurridos a sus familiares. En algunos casos, hicieron mención de la violencia sexual que fueron víctimas.

Ante la falta de información sobre la violencia sexual ocurrida durante el conflicto armado, el Bufete Jurídico inició un plan para recopilar y analizar los testimonios de mujeres afectadas por la violencia sexual, para encontrar patrones de actuación y así poder tener un mejor entendimiento de los hechos declarados.

La abogada Haydeé Valey acompaña a las mujeres sobrevivientes desde el 2011. Para ella,

hubo una constante, ya que las mujeres eran detenidas durante los días de mercado, cuando iban a vender sus excedentes de cosechas y animales de crianza y eran señaladas de guerrilleras por los PAC. Después eran detenidas y llevadas al destacamento militar de Rabinal donde fueron sometidas a interrogatorio sobre armas, sobre información de sus esposos y de cada cuando llegaban los guerrilleros, para después someterlas a violaciones sexuales colectivas.

En los testimonios, las mujeres relataron como después de ser capturadas eran llevadas con el encargado del destacamento, lugar donde en horas de la madrugada eran trasladadas a un sitio donde habían toneles con agua, en donde eran obligadas a desnudarse y bañarse frente a los soldados quienes las violaban de manera grupal.

La abogada Valey también comentó que hubo situaciones que se enmarcaban en los operativos militares. «Hubo casos donde las mujeres fueron violadas en sus casas», dijo. «Esto era parte de los operativos implementados por los soldados en conjunto con las PAC, quienes llegaban a sus casas y preguntaban por sus esposos, ahí las violaban sexualmente no importando la edad de las víctimas». Durante los operativos de rastreo, luego de las masacres, según la abogada, los militares llevaban acabo operativos de rastreo, que «se enfocaban en localizar a las víctimas sobrevivientes que huían a las montañas, lugar donde fueron capturadas varias mujeres y violadas sexualmente durante su captura, posteriormente fueron llevadas al destacamento militar».

Otro de los patrones hallados durante la construcción del caso, fue que durante la «amnistía» propuesta por el gobierno durante 1982, varias familias sobrevivientes que se refugiaron en las montañas, debido a las condiciones infrahumanas a las que fueron sometidas durante su huida, decidieron salir y acogerse a dicho recurso propuesto con la seguridad que ya no sufrirían represión, pues no eran parte de la guerrilla. Sin embargo, al entregarse, las mujeres fueron separadas de sus familias y fueron violadas sexualmente dentro del destacamento militar. Las obligaron a ponerse ropa de soldado y fueron llevadas a señalar supuestos lugares donde escondían armas, momento en que fueron también violentadas sexualmente.

Al igual como ocurrió en el caso Sepur Zarco, las mujeres fueron sometidas a un sistema de esclavitud domestica. Según Valey: «después de las masacres, cuando inició la reconstrucción de las comunidades en las famosas aldeas modelo, las mujeres eran obligadas a preparar los alimentos para los patrulleros y los soldados. En sus testimonios cuentan que tenían que levantarse muy de madrugada y moler cantidades grandes de maíz en piedra, siendo un trabajo constante y también eran violentadas». La Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) documentó la esclavitud doméstica como uno de los patrones de actuación dentro de la estrategia contrainsurgente aplicada por el ejército en conjunto con las PAC.

A la par con la recopilación y análisis de testimonios, el Bufete Jurídico realizó un trabajo de acompañamiento psicosocial con las sobrevivientes y sus familiares, con la finalidad de empoderar a las mujeres. Luego de años de labor al lado de las sobrevivientes, se tomó la decisión de denunciar los hechos ante la fiscalía de Rabinal. Posteriormente, debido a la complejidad del caso, fue trasladado a la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, que tiene su sede de operaciones en la capital.

Dificultades para el impulso del caso

Lucía Xiloj, abogada maya k’iche’, es una de las abogadas que representa a las 36 mujeres sobrevivientes que participan en el caso. Una de las dificultades para el impulso del caso fue la misma fiscalía de Rabinal, anota Xiloj. Los auxiliares fiscales que recibieron las primeras denuncias cuestionaron la credibilidad de las sobrevivientes, preguntaron por qué recién se animaron a contar sobre lo sucedido, después de tanto tiempo transcurrido entre los hechos y la denuncia. «Hasta llegaron a decirles que estos casos no deberían de ser investigados», acotó Xiloj.

Estos hechos motivaron a los querellantes solicitar el traslado del caso a la Fiscalía de Derechos Humanos en la ciudad de Guatemala. En 2016, los querellantes solicitaron la realización de anticipos de prueba, cosa que se logró hacer. Sin embargo, Xiloj anota que el Organismo Judicial no siempre cuenta con las condiciones idóneas para la toma de testimonios en casos de violencia sexual, lo cual genera la revictimización de las mujeres sobrevivientes. «Las jueces las dejaban encerradas en una habitación y pasaban dos o tres horas antes de tomar sus declaraciones, se desesperaban de estar en la ciudad… [lejos de] sus comunidades», explicó Xiloj. «Además que no les tuvieran paciencia al momento de sus declaraciones».

Entre abril y mayo de 2018, siete hombres fueron capturados por el Ministerio Público e imputados en el caso de violencia sexual contra las mujeres maya achí. (Uno de ellos, Cecilio Guzmán, murió en custodia, en agosto de 2018). A raíz de estas detenciones, las mujeres denunciantes comenzaron a recibir amenazas, al peor estilo del conflicto armado interno, por parte de varios familiares de los ex PAC. Paulina López, una de las denunciantes que, según la acusación del MP fue víctima de violación sexual a la edad de 12 años por parte de los hermanos Aquino Ruíz, afirma:

En un principio cuando los agarraron [a los acusados] hubieron amenazas y las denunciamos. Los hijos de estos señores me dijeron que en el camino me iban a agarrar y que me meterían en costales y me irían a tirar; fue la mujer y los hijos de don Benvenuto, ellos tienen hijos en Estados Unidos. Los denunciamos en el MP. En la audiencia escucharon sus nombres y los de su familia y después de eso ya no lo hicieron.

La señora Paulina López es una de los peticionarios que llevaron su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la sentencia, del 30 de noviembre 2016, la Corte identifica un total mínimo de 183 personas víctimas de desaparición forzada, las cuales afectaron a por lo menos 828 integrantes de los núcleos familiares de estas, ademas de determinar que al menos 361 personas fueron desplazadas producto de los operativos militares realizados en conjunto con las PAC y 161 de las cuales no se contaban con registro si aun persistía el desplazamiento forzado. Asimismo, la sentencia hace referencia a la obligación del Estado de Guatemala de investigar, detener y sancionar a los responsables, ademas de garantizar la integridad física de las denunciantes a quienes otorgo medidas cautelares.

Del autoritarismo al profesionalismo judicial

Inicialmente estuvo a cargo de este caso inicio la jueza Claudette Domínguez, del Tribunal de Mayor Riesgo A. La jueza Domínguez ha sido fuertemente criticada por varias sentencias que evidenciaría sus vínculos y simpatía con los militares. Luego de varias audiencias, ella emitió una resolución el 21 de junio del 2019 que deja en libertad a los seis patrulleros. Su decisión no tomó en cuenta los testimonios de las mujeres sobrevivientes, quienes identificaron plenamente a los acusados. A la vez, afirmó que no encontró evidencia documental que los vinculara a los acusados directamente a las fuerzas armadas para la fecha en que ocurrieron los hechos.

Dicha resolución motivó a que las mujeres sobrevivientes, por medio de sus abogadas, interpusieran una recusación en contra de la jueza Domínguez. La Sala de Mayor Riesgo determinó que sí existió una parcialidad de parte de la jueza Domínguez, al preguntarle a las declarantes si el MP les estaba pagando por ir a declarar, por lo que el 9 de septiembre del 2019 fue separada del proceso y este trasladado al Juzgado de Mayor Riesgo B a cargo de Miguel Ángel Gálvez.

Para las víctimas y sus abogadas, el cambio del juzgado marca una diferencia desde el trato hacia los sujetos procesales y en cuanto a la manera de aplicar el derecho. Dice la abogada Xiloj: «la jueza Domínguez se dirigía hacia nosotras y las víctimas de una manera muy grosera. En cambio el juez Gálvez es muy cordial con todas las partes procesales».

Se refirió a un incidente en el cual la Jueza Domínguez le llamó la atención a la Lic. Gloria Reyes, otra de las abogadas de las querellantes, cuando, al enterarse de la muerte del ex PAC Juan Cecilio Guzmán Torres algunas víctimas expresaron que su caso quedaría en la impunidad, y le dijo que no podía decir eso. «Sin embargo, cuando yo le dije [a la jueza] que la abogada de la defensa estaba excediéndose en su argumentación, ella me reprendió, afirmando que podía decir lo que quisiera en sus argumentos», nos explicó Xiloj. Expresó, entonces, que puedan decir «lo que quieran aunque ofendan a las personas».

También es evidente la diferencia en cuánto a como los jueces motivan sus decisiones. El juez Gálvez cita y aplica los estándares internacionales como el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la jurisprudencia internacional que otros tribunales han citado, como el de la ex Yugoslavia y Ruanda, especialmente en cuanto a la valoración de los testimonios de las víctimas de violencia sexual. Como explican las abogadas de las querellantes, eso es muy importante, ya que estos tipos de delitos se conocen como «delitos de soledad», ya que no necesariamente hay testigos que corroboren las declaraciones de las víctimas. La abogada Xiloj nos dijo que el juez Gálvez, «sí consideró la jurisprudencia internacional para hacer los análisis de los medios de investigación presentados por el MP. Además, habló sobre la importancia de conocer el contexto de los casos».

El estado actual del caso

El MP identifcó a diez exintegrantes de las PAC como posibles responsables en este caso. Juan Cecilio Guzmán Torres, quien fue capturado en mayo de 2018, falleció pocos meses después mientras guardaba prisión preventiva. Como corresponde en casos así, el MP solicitó la extinción de persecución penal contra Guzmán Torres.

Pocos días después, otros seis ex integrantes de las PAC fueron capturados por el MP y se inició la etapa intermedia.

El 21 de junio de 2019, la jueza Domínguez les dictó «sobreseimiento» a tres de ellos: Pedro Sánchez Cortez, Simeón Enríquez Gómez y Felix Tum Ramírez. Está pendiente que la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia conozca el recurso de casación presentado por las querellantes y que emita una resolución sobre este. A los otros tres acusados, los hermanos Bernardo y Benvenuto Ruiz Aquino y Damian Cuxum Alvarado, la jueza Domínguez dictó «clausura provisional». Los seis fueron liberados pocos días después. Las querellantes presentaron una apelación a esta decisión, la cual fue declarada «con lugar» por la Sala de Mayor Riesgo, por lo que el expediente fue remitido al Juzgado de Mayor Riesgo B a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez.

Dicha resolución permitió que el pasado 22 de marzo, la Fiscalía de Derechos Humanos del MP presentara una nueva acusación, la cual fue respaldada por nuevos medios de prueba para que fueran analizados por el juez Gálvez, entre estos nueva documentación del Ministerio de la Defensa sobre la integración de las PAC. Después de dos días de audiencias y un día para deliberar, el juez Gálvez resolvió que existen suficientes medios de investigación para determinar que sí existe posibilidad que los acusados participaran en dichos hechos, por lo que ordenó su inmediata detención y los envió a prisión preventiva en espera que se determine una fecha para que enfrente juicio oral y publico.

Estos tres acusados deberán enfrentar juicio oral y público, al igual que Francisco Cuxum Alvarado quien fue enviado a juicio por el juez Gálvez en octubre de 2020 y a quien ya se le asignó la fecha del 4 de enero del 2022. Para las abogadas de las querellantes, es necesario que haya una acumulación de debates, ya que ambos procesos, aunque se lleven por separado, comparten los hechos, las testigos, los peritajes y demás medios de prueba propuestos.

Según las abogadas Xiloj «lo ideal sería que los procesos se adelantaran y se unificaran tanto por las estrategias de litigio y los recursos que se necesitan para que se realice un debate». También se refirieron a las experiencias aprendidas en otros procesos judiciales, como el caso de la masacre en las Dos Erres y el caso del Genocidio ixil – Ríos Montt, en los cuales los testigos son obligados a declarar en varias ocasiones, lo cual genera una revictimización y lo cual pareciera una estrategia de desgaste hacia los querellantes por parte de los abogados de la defensa.

Actualmente, se encuentra aun pendiente que la Cámara Penal conozca el recurso de casación presentado por la querella para resolver el estado de los tres acusados a los que se le dictó «sobreseimiento», además de encontrarse prófugos dos ex PAC señalados de participar en dichos hechos en la década de los 80.

Fotografía principal tomada de Prensa Comunitaria

Jo-Marie Burt y Paulo Estrada

Jo-Marie Burt: es profesora de ciencia política de la Universidad George Mason y asesora principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
Paulo Estrada: activista de derechos humanos, estudiante de arqueología y querellante adhesivo en el caso del Diario Militar.
Ambos son codirectores del proyecto Verdad y Justicia en Guatemala.

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