-Ricardo Barrientos / MANIFIESTO–

El bono ilegal e ilegítimo que el ejército le entregó a Jimmy Morales es un insulto a Guatemala y debe ser castigado conforme a la ley.

El bono que escandalizó a Guatemala constituye una ofensa y un insulto muy grave a la pobreza que sufre más de la mitad de la población y cuatro de cada cinco indígenas rurales; al esfuerzo de la clase trabajadora, que en su mayoría recibe salarios demasiado bajos y que no alcanzan para pagar el costo de la canasta básica; al esfuerzo de los empresarios honestos, que sí pagan los impuestos que la ley manda y que pagan a sus trabajadores salarios justos y las prestaciones laborales que ordena la ley; al esfuerzo de quienes, la gran mayoría mujeres, trabajan en el hogar o se dedican a cuidar a los hijos, que aunque invisibles a las estadísticas, con su agotamiento al final del día evidencian cuán ajeno les es el ocio; al esfuerzo de servidores y funcionarios públicos que, contra corriente, hacen su trabajo con dedicación y compromiso, bien sabidos de que su salario proviene de los impuestos; solo para mencionar algunos.

Tienen que ser muy pocos, una minoría insignificante de guatemaltecos que no se sientan enojados porque Jimmy Morales, uno de los presidentes del hemisferio occidental mejor pagado, si no el mejor pagado (Donald Trump no cuenta porque él sí cumplió lo de renunciar a su salario…), haya tenido la desfachatez criminal de aceptar Q 450 000 en 9 pagos mensuales consecutivos de Q 50 000, adicionales a su salario «normal» de Q 146 950, lo que constituyó un aumento de 34 %. ¿Cuántos trabajadores o empresarios pueden incrementar en 34 % su salario o utilidades? ¿Será que Q 146 950 mensuales es ya un salario suficientemente alto como para cubrir las responsabilidades y riesgos (la supuesta justificación para el desdichado bono extraordinario) que el presidente de la República debe asumir?

El consenso general es que es completamente ilegítimo. Pero, ¿es ilegal? Sin duda, por lo que su castigo debería aplicarse sin mucho barullo ni duda. Por un lado, el secretismo y falta de transparencia con el que se manejó y violó de forma evidente lo normado en el literal c del artículo 17 Ter. de la Ley Orgánica del Presupuesto, la cual obliga a publicar «los documentos que respalden bonos o beneficios salariales, derivados o no de pactos colectivos de trabajo u otros similares». Luego del escándalo que produjo la nota publicada el 12 de septiembre por la revista Nómada, en el Ministerio de la Defensa Nacional se apresuraron a publicar el Acuerdo Administrativo Interno 10-2016¸ fechado 1 de enero de 2016, el instrumento legal que supuestamente sustenta el sobresueldo. Sin embargo, harta sospecha levanta que sea el número 10, pero los 9 anteriores no se han publicado, y que en plena celebración del año nuevo, cuesta creer que en la cartera de defensa estuviesen produciendo acuerdos ministeriales… De verdad, hay que ser o muy ingenuo o baboso para tragarse eso.

Además, ese bono extraordinario violó también de forma evidente lo normado en el artículo 9 del Plan Anual de Salarios y Normas para su Administración, Acuerdo Gubernativo número 283-2016 (aprobado y firmado por el propio Jimmy Morales y Williams Mancilla, ministro de la Defensa Nacional y el resto del Consejo de Ministros), en el que se indica que estos bonos solo pueden entregarse una vez al año, y no mensualmente. Estas y otras conforman una lista larga de ilegalidades que seguro deben ser sancionadas en el ramo administrativo, y continuar siendo investigadas en el ramo penal.

Debemos lograr que Jimmy Morales y su gavilla de militares no queden impunes.

Ricardo Barrientos

Especialista en temas de política fiscal. Fungió como viceministro de Finanzas Públicas de Guatemala en 2009-2010. Consultor independiente sobre política fiscal, evaluación y seguimiento de políticas públicas. Ha publicado trabajos sobre política tributaria y análisis de la evasión tributaria en Guatemala.

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