Ricardo Barrientos | Política y sociedad / MANIFIESTO

Los integrantes del gabinete del gobierno de Jimmy Morales continúan demostrando, con actitudes autoritarias y abusivas, su ignorancia y deprecio por la ley.

El viernes pasado, la Fiscalía Contra la Corrupción del Ministerio Público (MP) solicitó retirar el antejuicio al ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Carlos Enrique Soto Menegazzo, ya que se le señala de haber cometido los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias. Según el MP, en enero de 2018 presionó a Miriam Yolanda Segura Rosales, entonces directora del hospital de Nebaj, Quiché, para que contratara al médico Jorge Raymundo Mato.

Segura Rosales se negó, argumentando que Raymundo Mato tenía parentesco con una empleada de ese hospital, por lo que su contratación violaría la prohibición establecida en la literal g del artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado. La Fiscalía agregó que se sospecha un beneficio indebido, ya que Raymundo Mato es hermano del alcalde municipal de Nebaj. En represalia por la negativa de Segura Rosales, Soto la destituyó.

Cualquier funcionario público respetuoso de la ley, si defiende su inocencia, lo hubiese declarado confiando en la justicia, ofreciendo colaborar con las investigaciones y de esa forma solventar su situación. Pero Soto, lejos de esa actitud responsable, hizo el ridículo haciendo un berrinche, quejándose de que el MP se dedica a «molestar» a los funcionarios. Se descargó en contra de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), y cuando los periodistas le corrigieron haciéndole ver que la solicitud de antejuicio no la había presentado la FECI, sino la Fiscalía Contra la Corrupción, con descomunal desprecio e ignorancia espetó «bueno, la Fiscalía Contra la Corrupción, está bien ¿no es lo mismo pues? ¿O no es lo mismo?».

Pero quizá, aún peor que su desinterés por saber, por lo menos, cuál es la fiscalía del MP que le señala de cometer delitos, alegó que, según él, no tiene impedimento legal para remover o contratar personas… Pero, por favor, ¡que alguien tenga lástima de este torpe e ignorante y le informe que la contratación y destitución de personas son procesos altamente regulados y controlados en las leyes! Soto nos ilustra, con vergonzosa claridad, cómo en el gabinete de Jimmy Morales se ignora y menosprecia la ley, pues precisamente la razón por la cual el MP está solicitando retirarle la inmunidad y perseguirlo penalmente, es la sospecha de que violó las leyes vigentes que imponen controles a los procesos de contratación y destitución de personal.

Urge que, mediante la aplicación estricta de la ley, los funcionarios del gobierno de Jimmy Morales entiendan que son servidores públicos, que solo pueden hacer lo que la ley les permite (y no como en el ámbito privado, en el que se puede hacer todo lo que la ley no prohíbe). Que no son aristócratas o monarcas absolutistas que pueden hacer lo que se les venga en gana, y que el MP solicite el retiro de un antejuicio para poder investigar la posible comisión de un delito no es molestar, sino hacer lo que la ley y la sociedad exige que se haga.

Soto Menegazzo demuestra su carencia y menosprecio a la cultura de legalidad. Cree que su trabajo «para mejorar la salud» le otorga impunidad y permiso para despreocuparse de lo que dicen las leyes. Y también alienta a extremar la preocupación, porque, si no le inquieta haber presionado a la directora del hospital de Nebaj para contratar al hermano del alcalde de ese municipio, ¿cómo estará llevando la compra de medicamentos y otros insumos médicos, nicho tradicional y añejo de la corrupción más asesina que Guatemala ha sufrido?

Ricardo Barrientos

Especialista en temas de política fiscal. Fungió como viceministro de Finanzas Públicas de Guatemala en 2009-2010. Consultor independiente sobre política fiscal, evaluación y seguimiento de políticas públicas. Ha publicado trabajos sobre política tributaria y análisis de la evasión tributaria en Guatemala.

Manifiesto