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El jueves 31 de mayo, luego de intensos esfuerzos del Consulado de Guatemala en Del Río, Texas, llegaron al país los restos mortales de Claudia Patricia Gómez González, originaria de la aldea La Union, San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, de apenas 19 años de edad y recién graduada de perito contador, asesinada a quemarropa por un patrullero fronterizo en el estado de Texas.

No era la forma como sus padres y familiares esperaban recibirla, pues habían cifrado en ella la esperanza de verla madurar, desarrollarse, tener una familia y salir del pozo de limitaciones en la que un modelo económico fracasado ha hundido a la mayoría de guatemaltecos.

Como otros muchos guatemaltecos, Claudia era una chica cargada de ilusiones y proyectos. Uno de ellos se vio rotundamente truncado cuando no aprobó el examen de admisión a la Universidad de San Carlos, producto de una formación engañosa y deficitaria recibida en un colegio que, como muchos de los que funcionan en el país, lucran por enseñar apenas los rudimientos de la ciencia y la técnica, insuficientes tanto para el ejercicio efectivo de una profesión a nivel medio, como para acceder a la formación universitaria, deficitaria ella misma en sus contenidos y formas.

Ella cumplió las exigencias del sistema educativo y pagó por ello, pero este la engañó y traicionó, como lo hace a diario con miles y miles de jóvenes guatemaltecos.

Deseosa por progresar con base en su esfuerzo personal, como la ideología dominante divulga y promueve, hipotecó anticipadamente sus posibles ingresos en el extranjero para cubrir los gastos del trasladado ilegal hasta Estados Unidos, los que, según varias versiones, son de aproximadamente setenta y cinco mil quetzales, que en su mayor parte deben ser pagados por anticipado. Sus deseos por una vida digna la hicieron optar por enfrentar todas las vicisitudes y riesgos que tal empresa implica, pues, al final de cuentas, nada es superior al hambre, la miseria y la frustración que jóvenes y adultos indígenas de medianos recursos padecen día con día en Guatemala.

Claudia salió rumbo a Estados Unidos el 7 de mayo y recorrió los 2 212 km que separan a Ostuncalco que Laredo, Texas, en dieciséis días, en los cuales pasó hambre, sed y frío, como lo han explicado ya muchos de los que han hecho ese recorrido y han logrado salir vivos. Ella no contó con tanta suerte, y sí, como dicen algunos informantes, el grupo era al inicio de aproximadamente sesenta personas, al final del trayecto llegaron unos pocos, los que el “coyote” dividió en grupos de diez, ocho o seis personas.

Se sabe que junto a Claudia iban cinco personas más, en su mayoría varones y en edades semejantes, sin más equipaje que la ropa que llevaban puesta. Luego de pasar el río Bravo, el grupo se guareció entre matorrales, a la entrada de la ciudad de Laredo, en el estado de Texas. Es allí donde el agente de la patrulla fronteriza los encuentra y, ante el supuesto intento de fuga dispara una sola vez, al cuerpo de la muchacha, hiriéndola mortalmente, supuestamente en la cabeza. Tres de sus acompañantes logran refugirse en un contenedor vacío, de donde con lujo de fuerza son inmovilizados y conducidos a un centro de detención.

Eder Cabrera Sánchez, Damian Méndez Peñalonso, ambos de 18 años, y Carlos Pérez Vicente de 20 años, son los detenidos. El primerio oriundo de Concepción Chiquirichapa y los otros dos de San Juan Ostuncalco, municipios de Quetzaltenando. De los otros dos guatemaltecos no se tiene noticia, y se espera que hayan logrado salir con vida y se encuentren a buen resguardo en territorio estadounidense. Hasta ahora el cónsul en Del Rio, Texas, apenas ha podido entrevistarse brevemente con los detenidos, los que aseguran no haber opuesto ninguna resistencia ante su detención. Hambrientos y desesperados, se muestran desvalidos y frustrados, pues saben que, seguramente, serán deportados.

Los hechos solo pudieron ser difundidos porque Marta Martinez, una ciudadana estadounidense con fuertes vínculos y raíces mexicanas, no solo documentó los hechos en su celular sino, lo más importante, lo difundió inmediatamente en las redes sociales. De no haber sido por su intervención, es más que seguro que el crimen hubiese pasado desapercibido. Claudia hubiese sido enterrada como XX y su familia nunca más hubiese sabido de su paradero.

La denuncia de Marta puede producir un antes y un después en la lucha por la dignificación de los inmigrantes, consiguiendo, tal vez, que el crimen no quede impune y que no se sigan cometiendo más asesinatos.

El hecho evidencia además que, como ya se ha venido denunciando por parte de las organizaciones de defensa de los migrantes, la patrulla fronteriza está utilizando armas de fuego como primera instancia para detener a los indocumentados, cuando estas deberían ser el último medio a utilizar y solo cuando se vean efectivamente agredidos.

El proceder ilegal y criminal de la patrulla fronteriza queda evidente al haber tenido que modificar el escueto informe de los hechos. Si en un primer momento, para salir del paso y ante la presión pública que significó el video de la señora Martínez, argumentaron que el patrullero disparó porque fue atacado por los guatemaltecos, al no tener cómo demostrarlo, y con el cadáver de Claudia enfrente, esa acusación ya no la sostuvieron.

Sin embargo, pasada una semana del crimen ni la sociedad estadounidense, ni la guatemalteca, sabemos el nombre del patrullero, de quien apenas se han hecho públicos sus “méritos” como tal. Tampoco sabemos las causas definitivas del deceso de Claudia, pues no se ha entregado al Consulado de Guatemala en Del Río, mucho menos a los medios de comunicación, el informe médico forense de la autopsia practicada.

Se sabe, por deducciones de los entrevistados que estuvieron en el lugar de los hechos, que el disparo fue hecho a quemarropa, sabiendo el guardia que disparaba a una muchacha indefensa. Que no se hizo uso de los otros medios disuasivos, no letales, que tienen a su alcance los patrulleros, sino que lo primero que hizo fue disparar al cuerpo de la joven. Que el patrullero no ofreció ayuda inmediata a la víctima, prefiriendo salir en persecución de quienes la acompañaban. Se sabe, además, que el pedido de socorro lo hicieron vecinos del lugar y no el patrullero.

Todo esto incrimina al patrullero como culpable de homicidio, pero se nota una actitud abiertamente cómplice de parte de sus superiores y de las demás autoridades del Estado de Texas y de los Estados Unidos.

Es notorio que estas prácticas son consecuencia del discurso antiinmigrantes que el presidente Trump ha diseminado, el que ha creado un clima de odio y discriminación contra los centroamericanos, provocando prácticas criminales como las que desde hace décadas practica el régimen israelí en la Franja de Gaza.

Hasta ahora el Gobierno de Guatemala, a través de su embajada en Estados Unidos y de la Cancillería, no ha hecho más que lamentar los hechos, pidiendo que se investigue. No se ha producido una demanda firme para que se juzgue y condene al criminal, mucho menos un cuestionamiento airado y violento, como el que se hizo en abril de 2016, luego de la muerte de un niño, de apenas ocho años, en la zona de adyacencia con Belice.

Todo parece indicar que la vida de los que con su esfuerzo y sacrificio mantienen a flote la economía fracasada como la guatemalteca, tiene sin cuidado a las autoridades gubernamentales y las élites económicas que, con su accionar, no solo expulsan a los pobres a otras tierras, sino que se apropian en el país del fruto de sus esfuerzos.

Por: Virgilio Alvarez Aragón

Fotografía principal por Reuters.