Carlos Juárez | Política y sociedad / CLANDESTINO Y ARTESANAL

Para Guatemala, sanar las heridas del conflicto armado interno debe ser una prioridad. En diciembre se cumplirán 21 años de la firma de los Acuerdos de Paz, avances y retrocesos son innegables en materia democrática.

La libertad de expresión es sin duda un frente que los guatemaltecos y guatemaltecas han defendido con vehemencia a pesar de las amenazas que en cualquier época se han presentado.

En muchas sociedades, la libre expresión de ideas es un ejemplo de construcción de democracia participativa. En Guatemala, nuestro texto constitucional garantiza la libre emisión del pensamiento en el artículo 35, en donde se establece, además, la necesidad de redactar una ley específica que norme todo lo relativo a la materia.

Es importante conocer que el derecho de libertad de expresión comprende también el derecho de acceso a la información, ese que nos permite no solo acceder a datos en poder del Estado sino de utilizarlos y publicarlos en los medios que consideremos.

La Ley de Acceso a la Información Pública ha sido clave para potenciar el ejercicio de ese derecho. En el 2008 la aprobación de este instrumento legal permitió, entre otras cosas, establecer la disposición de que ninguna información relacionada con violaciones a los derechos humanos puede declararse como reservada o confidencial.

No obstante, la información de las violaciones a los derechos humanos sigue siendo una incógnita, no solo para las víctimas, sino para quienes consultan y redactan información al respecto, especialmente las generaciones que no vivieron el conflicto pero continúan pagando sus consecuencias.

El hermetismo estatal continúa siendo una constante. Hasta el día de hoy no se conoce de ningún archivo militar que pueda ayudar a las familias a encontrar respuestas, por eso miles de desaparecidos permanecen solo en el recuerdo de sus seres queridos, pues no se cuenta con fuentes de información que permitan saber qué sucedió con ellas y ellos.

Quizá el Archivo Histórico de la Policía Nacional –AHPN– ha sido el único acervo documental del Estado que ha colaborado al esclarecimiento del pasado. En varios procesos judiciales se ha aportado documentación que consta en este. Sin embargo, el proceso de rescate de los 80 millones de documentos que constan en ese archivo ha sido apoyado al cien por ciento por la cooperación internacional.

Desde el 2005, el AHPN ha impulsado uno de los procesos más ambiciosos para combatir el olvido en Guatemala, y lo ha realizado sin ningún apoyo del Estado. Es triste pensar que a todos los gobiernos que pasan les importa poco el rescate de la memoria, lo cual se refleja en la ausencia de proyectos sobre el tema.

Lo más preocupante de la situación es que quieren condenarnos a todos al olvido, vedarnos de la oportunidad de conocer el pasado y aprender de ello. Se olvidan de que la memoria no tiene dueño, le pertenece a todo el pueblo y debe fomentarse sobre todo en la juventud, pues urgimos de ciudadanos con criterios maduros de memoria, que fomenten el conocimiento histórico y no permitan nunca la repetición de esos hechos.

Carlos Juárez

Estudiante de leyes, aprendiz de ciudadano, enamorado de Guatemala y los derechos humanos, fanático del diálogo que busca la memoria de un país con amnesia.

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