Edgar Ruano Najarro | Política y sociedad / LA RAZÓN DE LA HISTORIA

El detonante para el estallido de la crisis política fue la forma cómo el Gobierno manejó un proceso electoral que culminó el 3 de diciembre de 1961 en el que fueron electos alcaldes y diputados, pues la legislación de la época mandataba a elegir un porcentaje de esos funcionarios a mitad del período presidencial. Hubo quema de urnas electorales y la aplicación de un artificio que se inventó el Gobierno (explicado muy bien Guillermo Paz Cárcamo), según el cual el partido oficial salía con ventaja cualquiera que fuera el porcentaje de votos obtenido en las urnas.

Las protestas de los partidos no se hicieron esperar y se llevaron a cabo manifestaciones y otras demostraciones, principalmente en la capital y en la ciudad de Quetzaltenango. Como era la práctica del Gobierno, las detenciones, tanto de manifestantes como de líderes y dirigentes políticos y del movimiento social, tampoco tardaron en producirse. Fue detenido el estudiante Oscar Arturo Pérez, presidente del FUEGO, junto con varias docenas de personas a quienes se consignaban no a los tribunales de justicia comunes, sino a la Auditoría de Guerra del Ministerio de la Defensa. Fue tiroteada la casa del líder del Partido Revolucionario, Mario Méndez Montenegro, etcétera.

Después de las fiestas de fin año, a partir de finales de enero y principios de febrero de 1962, el clima político se fue tornando más denso por efecto de una verdadera ola terrorista llevada a cabo por el propio Gobierno, con la colocación de cargas explosivas en diversos puntos de la ciudad. Luego, los estudiantes de educación media, que recién comenzaban el ciclo escolar, declararon una serie de movimientos de huelga contra directores de establecimientos educativos, contra profesores en lo individual y otras demandas internas que se fueron extendiendo a varios institutos conforme pasaban los días.

Los oficiales militares del intento de golpe del 13 de noviembre, que no se habían acogido a la amnistía decretada por el Gobierno ydigorista, y que actuaban en la clandestinidad, dieron muerte el 25 de enero nada menos que a Ranulfo González Ovalle, jefe de la Policía Judicial, y el Ministerio de la Defensa respondió con la declaratoria del estado de sitio con un toque de queda comprendido entre las 21 horas y las seis de la mañana del día siguiente.

Sin embargo, la verdadera señal del agudizamiento de la crisis fue el movimiento de protesta contra lo que se llamaba fraude electoral que fue retomado por la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), la cual inmediatamente inició en esa línea una serie de acciones que fueron tomando, in crescendo, una intensidad que llegaría a desembocar en la crisis. La respuesta del Gobierno fue continuar con las detenciones y atrincherarse en la idea de que todo se debía a su decidida lucha contra el comunismo, pues se atribuía la lucha contra el régimen de Cuba y daba como ejemplo que el embajador guatemalteco en la Organización de Estados Americanos (OEA) mantenía una fuerte presión para que Cuba fuera expulsada de dicho organismo.

Así las cosas, el 1 de marzo la AEU depositó en señal de duelo una corona fúnebre en la puerta del edificio del Congreso de la República por «la desaparición de la autonomía del poder legislativo y por el estado de facto que prevalecerá desde hoy». La AEU se refería al acto de toma de posesión de sus curules de los diputados declarados vencedores en los comicios de diciembre anterior. Bernardo Lemus, quien en esos días era presidente de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Económicas y del Consejo Superior Estudiantil de la AEU, relata detalladamente los sucesos que siguieron. He aquí algunos de los principales.

El 7 de marzo la AEU celebró una asamblea general en la que decidió llamar a un paro general para el día 9 de 10 a 13 horas, en tanto que en otra resolución acordó solicitar a los estudiantes de secundaria que se sumaran a las jornadas de protesta. De esa cuenta, el viernes 9 se llevó a cabo el primer paro del tráfico en la ciudad provocado por los estudiantes y con ello diversos sectores populares se sumaron al movimiento. El Gobierno respondió silenciando las líneas telefónicas desde la noche del día 8 para entorpecer las comunicaciones entre la dirigencia del movimiento (hay que recordar que había toque de queda, lo que dificultaba las entrevistas personales) y por la mañana del 9 movilizó (dice El Imparcial de ese día) veinte vehículos con 80 hombres cada uno con el fin de llevar a cabo las detenciones. Fue el primer día de enfrentamientos callejeros entre la policía y los estudiantes. Lo propio hicieron los estudiantes de Quetzaltenango y de otras cabeceras departamentales, como Zacapa y Chiquimula.

La AEU planificó con más detalle el siguiente paro, que se llevó a cabo el martes 13. Fueron bloqueadas con piquetes de estudiantes las esquinas de cruceros importantes de la ciudad, especialmente en el centro, en donde estaban situados los principales establecimientos de educación media y algunas de las facultades de la Universidad de San Carlos. Este paro alcanzó desquiciar la vida normal de la ciudad, lo cual se agravó con los enfrentamientos cuando los diferentes cuerpos policiales cargaron contra los piquetes estudiantiles con el afán de hacerlos retroceder. Llegada la tarde de ese 13 de marzo, la ciudad era un verdadero caos y a esas alturas ya fue notorio cómo se sumaban al movimiento otros sectores populares que apoyaban a los estudiantes, además, entre las consignas lanzadas a viva voz por los manifestantes comenzó a abrirse paso la petición de renuncia del presidente Ydígoras. La crisis estaba llegando a un punto de inflexión.

Continuará.

Edgar Ruano Najarro

Guatemalteco sociólogo e historiador. Se ha desempeñado en la docencia universitaria. Ha publicado diversos títulos cuya temática ha estado relacionada con la historia política de Guatemala del siglo XX.

La razón de la historia