-Carlos Enrique Fuentes Sánchez / EL EDUCADOR–

Escribir es un placer. Escribir para ser leído y criticado, es un doble placer. Escribir permite liberar ideas, pensamientos, deseos. Por tales razones nos sentimos felices de encontrar un espacio digital donde expresar nuestros pensamientos. Por ello no alegramos de la publicación de la revista gAZeta y ser parte de sus columnistas. Felicitaciones a sus directores por tan buena idea y por la responsabilidad que asumen ante la sociedad guatemalteca e internacional.

Desgraciadamente, junto a la alegría del primer número, salta también el enojo y la indignación por los últimos acontecimientos violentos ocurridos en el seno de la sociedad guatemalteca, que vienen a ser continuación de la violencia desatada desde finales del siglo pasado. No es nada agradable comenzar señalando siete personas inocentes asesinadas y más de diez heridos por el ataque, casi guerrerista, de un puñado de delincuentes juveniles en el Hospital Roosselvelt el pasado 16 de los corrientes.

¿Tiene que ver esto con la educación? Indudablemente sí. Algunos de los delincuentes que perpetraron el asalto son adolescentes que deberían estar en la escuela secundaria, adquiriendo la preparación necesaria para ser útiles para su hogar y su comunidad local o nacional. En vez de ello, como otros tantos adolecentes, extorsionan, roban, asaltan, asesinan, distribuyen droga, etcétera. ¿De quién es la culpa?

Algunos dirán que la culpa es de “las malas juntas” que tienen los muchachos; otros culparán a los padres y madres de familia que los abandonan a su suerte, que no los educan, que no se ocupan de ellos. Otros dirán que es por la presión que ejercen los narcotraficantes sobre la juventud o por la pérdida de valores de la sociedad en su conjunto. Pero fuera de todas estas razones, válidas en parte, hay una, que es la madre de todas juntas: el abandono de la niñez y juventud por el sistema o el Estado.

Fuera del terrorismo interno, de la cuasiguerra declarada por la delincuencia en contra del sistema judicial y penitenciario, gran parte del problema es el abandono en que se encuentra nuestra niñez y juventud desde hace muchos años, desde 1970, para ser más exactos, cuando comenzó a penetrar el neoliberalismo en Guatemala.

Si bien es cierto que desde 1960 hasta 1996 el Estado “invirtió” el presupuesto en acciones contrainsurgentes como el fortalecimiento del ejército, abandonando las necesidades en salud, educación, vivienda, carreteras, entre otros, también es cierto que, a partir de la firma de los Acuerdos de Paz, el Estado debía invertir más en salud y educación, pero no fue así. A pesar de que la Ley de Educación establece que el presupuesto destinado a educación debe ser el 35 % del presupuesto de ingresos del Estado o el 7 % del PIB, desde el año 2000 a la fecha, el presupuesto no pasa de ser el 17 % del presupuesto del Estado y no llega ni al 3 % del PIB. Así, la educación no ha podido despegar y menos la educación secundaria, que está en manos de los centros privados, de los mercaderes, que no empresarios, de la educación.

Entonces, la juventud no tiene derecho de educarse. El Estado apenas cubre el 30 % en el ciclo básico y el 19 % en diversificado. Por ello, miles de adolescentes emigran cada año buscando el sueño americano; otros se dedican al comercio, aumentando el empleo informal y otros, de momento los menos, se insertan en las maras o en el narcotráfico.

El problema de la delincuencia juvenil está creciendo día a día y su atrevimiento es cada vez superior. Y no parará en tanto la niñez y la juventud no tengan acceso a la educación, la recreación y el empleo formal. El Estado debe encontrar otras fuentes financieras y estas las puede obtener de grabar más la minería a cielo abierto, las regalías del petróleo o la telefonía celular. Además de obligar a la oligarquía guatemalteca a pagar los impuestos que debe pagar, sin elusiones, evasiones o exenciones. El proceso se ha iniciado pero, según la CICIG, el MP y la SAT, quedan miles de empresarios en la ilegalidad. La sociedad guatemalteca honrada debe contribuir haciendo auditorías sociales, denunciando y exigiendo castigo a los evasores. Solo así, el Estado tendrá suficiente dinero para invertir en educación e iniciar el proceso de liberación de la juventud de las garras de la delincuencia y disminuir los niveles de violencia que azotan al país. 

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Carlos Enrique Fuentes Sánchez

Pedagogo y educador, con 40 años de experiencia docente en los diferentes niveles del Sistema Educativo Nacional. Surgido de los barrios pobres de la zona 6 en la ciudad capital pero formado, a partir de su adolescencia, en diferentes departamentos de la República, donde fue educado y a la vez brindó educación. Conferenciante nacional e internacional, columnista, consultor de organizaciones educativas nacionales e internacionales, participante y decisor en los procesos y redacción de documentos de mayor trascendencia en la educación nacional en los últimos 40 años. Asqueado de la historia de injusticia social que vive Guatemala desde la invasión española y últimamente de otras potencias, así como de la historia de masacres y crímenes políticos sufridos por la población, aspira a una Guatemala diferente, una Guatemala justa, democrática y humana, a la cual se pueda llegar por medio de una educación popular y revolucionaria, de calidad y con calidad, para todos y todas.

El educador