La sociedad guatemalteca afronta un etapa compleja en la que los esfuerzos para erradicar la corrupción incrustada en el Estado se verán interrumpidos ante la inminente salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad –Cicig–.

Luego de las declaraciones oficiales del Ministerio Público, se hace evidente que la contratación del personal especializado que hasta ahora labora en dicha Comisión no se hará efectiva, restando la posibilidad de un período de transición y traslado de experiencias adquiridas, dejando, además, debilitado el apoyo a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad –FECI– que quedará como el último bastión, dentro de la institucionalidad del MP, de la lucha contra este flagelo que tiene sumida en la pobreza y falta de oportunidades a Guatemala.

En ese marco y después de la segunda vuelta electoral, la Cicig presentó su informe final de logros alcanzados a lo largo de su presencia en Guatemala, con un evento que incluyó paneles, foros-debate y mensajes con personalidades de la defensa de los derechos humanos, jueces, colectivos, sociedad civil y excomisionados de Cicig. Aunque en su gran mayoría los asistentes fueron sectores de la sociedad que reconocen el legado y aportes de la Comisión al fortalecimiento del sector justicia, con el ánimo de denigrar e interrumpir la presentación, también se hicieron presentes detractores de la lucha contra la corrupción, sindicados de dichos ilícitos, quienes lejos de aportar al debate o al fortalecimiento de la justicia, han buscado impunidad a toda costa y que abiertamente han mostrado su respaldo actual gobierno.

El ambiente festivo y triunfal de este sector se ha hecho sentir en la sociedad, luego de la absolución del hijo y hermano del presidente Morales, con la que este ve resarcidos los esfuerzos a los que se redujo su gestión: la búsqueda de impunidad tanto propia como la de sus aliados a través del cierre de la Comisión a partir de una decisión unilateral e improcedente.

Y es que son muchos los procesos que deberá enfrentar el presidente en el momento en el que pierda la inmunidad. El asesinato de 41 niñas en el incendio del Hogar Seguro Virgen de la Asunción; el bono ilegal que recibió del Ministerio de la Defensa; el financiamiento electoral ilícito o anónimo durante una campaña electoral que presumió de ser de las más austeras; la suscripción de intención de la compra millonaria de dos aviones sobrevalorados; la suscripción de un acuerdo para designar a Guatemala como tercer país seguro y los asuntos tratados el día que almorzó gallina con crema y loroco junto a otros personajes de la política, incluido el excandidato a la Presidencia, Mario Estrada, en prisión preventiva en Estados Unidos, señalado de tener nexos con integrantes del crimen organizado, son solo algunos ejemplos de la gravedad e irresponsabilidad de sus acciones durante su gestión, la cual no es ajena a la población que no le concede ni un 20 % de aceptación.

La última palabra aún no está dicha, aunque difícilmente llegue a tiempo, pues hasta el momento, la Corte de Constitucionalidad no ha programado sesión para abordar ese tema, aunque le dio trámite a la última acción de amparo presentada por Acción Ciudadana junto a otros colectivos, dándole al presidente un plazo de 48 horas, que vence el lunes, para enviar un informe circunstanciado al respecto de su decisión, la cual, por la naturaleza de la Comisión, debería pasar por el Congreso de la República.

No quieren que la Corte resuelva en definitiva el asunto, la semana pasada fue tomada por manifestantes en contra de una de sus resoluciones en cuanto a la actividad minera, y que ese mismo día, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras –CACIF– emitiera un comunicado haciendo un llamado urgente dirigido a los magistrados de la CC, para la resolución inmediata al recurso de revocatoria presentado por el Ejecutivo en materia de acuerdos migratorios suscritos. Las presiones en contra de los magistrados de la Corte son evidentes desde varios espacios, a los que se suman algunas expresiones en el Congreso, las cuales se materializaron en una denuncia y solicitud de retiro de antejuicio en contra tres magistrados; además de las descalificaciones a las resoluciones de la CC, que van desde el presidente y diputados, tachándolas de ilegales.

En ese contexto, tampoco resulta casual la disposición aprobada el pasado miércoles en el Congreso, de reprogramar las sesiones de los martes para agenda legislativa y miércoles para interpelación, cuando es evidente el estancamiento en el avance de la agenda legislativa, con solo 4 decretos aprobados durante todo 2019, según su portal web, atrapada con interpelaciones inocuas y eternas, da indicios de que se preparan para contener resoluciones de la CC y para reforzar acciones del denominado pacto criminal.

La visibilidad de los ya tradicionales en Guatemala «desayunos de oración» en los cuales participan representantes de los tres poderes del Estado y de iglesias –que exigieron a los dos binomios en contienda durante la segunda vuelta electoral, suscribir un compromiso para aprobar una de las leyes más regresivas que deja la 8a. Legislatura–, es tan solo una muestra más de los aliados del gobierno saliente, pero también del recién electo.

Ciertamente, ante la salida de Cicig, las organizaciones de derechos humanos, justicia y cooperación internacional manifiestan gran preocupación, considerando un grave retroceso en materia de justicia y para la institucionalidad.

Los meses venideros serán determinantes para Guatemala y dejarán puestas las piezas del ajedrez para el relevo en los tres poderes del Estado. Las y los legisladores entrantes tendrán que prepararse para ofrecer acciones que permitan sostener el Estado de derecho, que aunque debilitado, será lo que le permitirá al país evitar caer en el abismo y retornar a los años del terrorismo de Estado.

El valor y la objetividad de jueces y magistrados independientes serán vitales, así como las acciones oportunas que emprenda la institución del Procurador de los Derechos Humanos.

De cara a este panorama, la sociedad civil está llamada a una mayor participación desde diversas trincheras y a una mayor auditoría social, pero, ante todo, es urgente una articulación desde esa diversidad de expresiones y desde la dignidad de un pueblo que lleva la resistencia, la lucha y la esperanza en su ADN.