Una vez más, el Congreso guatemalteco muestra sus uñas sucias, más bien las garras de la perversión legislativa. No se legisla para democratizar y desarrollar al país, sino con base en intereses oscuros. En los meses pasados hemos visto las actuaciones del Pacto de Corruptos para proteger varias veces de las acusaciones graves al presidente «más orado» de Guatemala, Jimmy Morales. Después los intentos de sacar de la cárcel a los corruptos y a los exmilitares condenados por delitos de lesa humanidad. Total, corrupción y represión han sido siempre dos caras de la misma moneda autoritaria del país.

Sigue predominando el Pacto de Corruptos que ahora se da baños de pureza con el propósito avieso de aprobar en tercera lectura la iniciativa 5272 ley para la protección de la vida y la familia. Recurriendo a una moralización cosmética e hipócrita, pretenden revestir esta iniciativa como sumamente moral y social. Pero se trata de una ley que afectaría a las niñas guatemaltecas y a las mujeres.

Un aspecto dañino es el uso recurrente del discurso cristiano, esta vez apoyado abiertamente por los pastores protestantes para la aprobación de esta ley que choca con las convenciones internacionales de derechos humanos. Extraparlamentariamente, el llamado movimiento provida, de católicos y evangélicos fundamentalistas, se ha agitado en contra de la protección de las niñas embarazadas y los embarazos no deseados producto de violaciones. Estos movimientos y presiones de pastores y personajes similares nos alejan peligrosamente de la instauración operativa de un Estado laico. Doble moral, pues obvian los escándalos de pastores corruptos que lavan dinero, que violan, maltratan y cuyos hijos atropellan brutalmente a niñas inocentes. Olvidan la pedofilia de sacerdotes y hasta obispos en todo el mundo. Definitivamente, son los últimos que pueden lanzar la primera piedra.

La religión no tiene nada que hacer en la política. Los Estados teosóficos han demostrado históricamente ser los más crueles e intolerantes. Tenemos un profundo respeto por las creencias religiosas y la libertad de conciencia. También por los que se consideran ateos. Pero la religión es un asunto privado, no estatal. A Dios hay que sacarlo de la política porque puede ser muy peligroso. En nombre de Dios se han cometido demasiados crímenes. Dios y política es una combinación pavorosa, si nos atenemos a los resultados en todas partes y en todas las épocas.

La iniciativa parte de una premisa socialmente inaceptable, la proclamación de que el matrimonio heterosexual es la base de la sociedad. Es un rasgo de garrafal exclusión, ya que no todos los ciudadanos contraen matrimonio. Muchos tampoco forman una familia, pero todos son ciudadanos y personas con derechos igualmente válidos. En el fondo, es una manera de limitar y estigmatizar a las personas homosexuales. El Estado no tiene por qué entrometerse en las decisiones sociales y emocionales de los ciudadanos.

Los diputados que proponen semejante iniciativa de ley consideran que las personas no heterosexuales realizan prácticas antinaturales incompatibles con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano. Ser homosexual no puede ser un pecado ni un delito ni muchos menos una enfermedad, debe ser un derecho, al igual que el matrimonio de dos personas del mismo sexo. Abortar es una decisión que radica en la mujer, es decir, si quiere o no tener un hijo. Urge desarrollar una conciencia que ilumine las marcas negras del pasado y permita abrir nuevas sendas para afrontar el futuro como país civilizado, secular, civil y democrático.

La iniciativa, y este es uno de los peores aspectos de la misma, criminaliza las pérdidas naturales. Una mujer que llegara un hospital a causa de una pérdida podría ser acusada de haberse practicado un aborto y sería condenada a la cárcel. El personal médico y paramédico pasaría a ser una especie de policía. Esto sucede dramáticamente ya en El Salvador, donde existe una legislación semejante que ha llevado a la cárcel a mujeres inocentes que perdieron por alguna razón sus bebés no natos.

Desaparece con esta iniciativa toda posibilidad de aborto terapéutico. Esto es gravísimo por los miles de casos de niñas con embarazos prematuros para su edad, violaciones y las enfermedades que ponen en peligro la vida de la mujer embarazada.

En el país suceden violaciones diariamente y en gran número. Muchas mujeres, incluyendo menores, son violadas, no pocas veces dentro de los marcos «legales» del matrimonio. O los casos del llamado «matrimonio infantil», cuando una menor es dada en matrimonio por la familia para obtener las regalías del esposo, que suele ser un hombre mucho mayor que la víctima. Estas uniones contra la voluntad de la niña son mucho más frecuentes de lo que se cree en Guatemala.

El aborto no es legal todavía en el país. Pero esto no impide que se realicen miles de abortos cada año en condiciones deficientes desde el punto de vista médico y de higiene básica, lo que pone en peligro la vida de las mujeres, muriendo o quedando lisiadas un número desconocido pero que se estima elevado.

Se pretende limitar la educación sexual y reducirla al círculo cerrado del hogar, es decir que al mismo tiempo que se criminaliza todo tipo de aborto, se les cercena a la juventud y a los adolescentes la posibilidad de conocer medios anticonceptivos e información preventiva. La educación sexual es de hecho débil en Guatemala y los derechos sexuales y reproductivos muy poco conocidos, muchas veces irrespetados, cuando no vilipendiados por una mezcla de ignorancia, conservadurismo, mojigatez, religiosidad a ultranza y ante todo temor. Los derechos sexuales y reproductivos deben formar parte activa de la formación de ciudadanía. Se trata de derechos individuales y la aceptación social de que tanto mujeres y como hombres pueden decidir sobre sus propios cuerpos en el ámbito de la sexualidad y la reproducción.

Basta de violaciones impunes. De matrimonios infantiles. De discriminación y de estigmatización de ciudadanos. Todo guatemalteco, independientemente de si es gay o heterosexual, debe ser tratado como persona. Basta de diputados de mentalidad atrasada que, aunque corruptos, se esconden en una mojigatez grotesca e hipócrita. La legislación guatemalteca debe estar siempre basada en los principios universales de los derechos humanos y la democracia, no en el prejuicio religioso y la estigmatización moralista.

En definitiva, legislar no es lo mismo que rezar, ser diputado es diferente a ser pastor protestante. La legislación guatemalteca debe proteger a la infancia, a las niñas prematuramente embarazadas y a las dadas en matrimonio. La legislación no debe estigmatizar ni excluir a nadie y, en cambio, debe prevenir las violaciones y los maltratos.

¡Dios fuera de la política! Lo anterior no significa de ninguna manera irrespetar las creencias religiosas practicadas fuera del Estado, del Congreso y del Ejecutivo. Más que orar por el presidente hay que pedirle, más bien exigirle, que haga un gobierno serio. Para don Jimmy resulta tarde, pues ya se le acabó el tiempo y es de hecho el gran payaso fracasado de la historia.

El Estado debe ser secular. Cada quien tiene derecho a creer o no creer y en todo caso, las ideas sobre Dios y seres superiores divinos solo se legitiman cuando están imbuidas de amor, de comprensión y tolerancia. Pobrecita Guatemala, tan lejos de Dios y tan cerca de todos esos pastores y católicos intolerantes, y de la iniciativa 5272.