Cuando a finales de julio del ya lejano 2015, Manuel Baldizón visitó la OEA para quejarse de la investigación que la Cicig hacía sobre su mal habida fortuna y la corrupción dentro de su partido , el recién electo secretario general, Luis Almagro, le recibió con frialdad; con buenos modos, pero sin caer en la trampa de los baños de pureza y el victimismo del ahora reo confeso.

Almagro reposaba aún en el prestigio internacional del gobierno del presidente Mujica, del que, de manera oscura, había sido su canciller. Pugnaba en Guatemala, como lo habían hecho sus antecesores, por mantener bajo su control y beneficio la mayoría de los recursos internacionales con los que cada cuatro años se apoya al Tribunal Supremo Electoral, ofreciendo informes poco serios e incompletos sobre la salud del padrón electoral y dando asesorías inexistentes a los magistrados.

Baldizón fue a quejarse, precisamente, porque la Cicig «lo perseguía injustamente» y, en foto memorable, usó la bandera de Guatemala como sábana. El embajador estadounidense de entonces afirmaría que, contradictoriamente, «iba a un organismo internacional para quejarse de otro». Pérez Molina, aún presidente, se hacía el papo y dejaba que los dardos de Baldizón golpearan a la Cicig y al MP, soñando en salvar el pellejo sin dar la cara.

De entonces a la fecha mucha agua ha pasado bajo los puentes. Baldizón está detenido en Estados Unidos y Pérez Molina en Guatemala. Nadie, en su sano juicio, puede hablar de persecución política, pues las evidencias en su contra, hechas públicas, son más que claras y convincentes.

Jimmy Morales, que se ha tornado aliado servil de Almagro, es eje y beneficiario directo del Pacto de Corruptos que, debemos insistir, es también un pacto de impunidad de los secuestradores, torturadores y asesinos.

Almagro, incapaz de vitalizar una organización que día con día es más un altavoz del autoritarismo trumpista que un organismo de solidaridad democrática latinoamericana, ha creado la OEA de segunda división, el llamado Grupo de Lima, que juega en contra de los ciudadanos latinoamericanos para satisfacer los intereses de Estados Unidos, quien les chantajea con escuálidas y devaluadas zanahorias. Apoya abiertamente el ahogo económico y hasta la intervención militar en Venezuela, defiende con uñas y dientes al corrupto y fraudulento gobierno de Juan Orlando Hérnandez en Honduras y, ahora, se muestra clara y abiertamente aliado del Pacto de Corruptos.

La visita de Sandra Torres a la OEA no habría pasado de ser un acto de cortesía de quien, basada en sus nuevas y poco presentables alianzas, se sueña deambulando de nuevo en la Casa Presidencial, si el secretario general apenas se hubiese fotografiado dándole la mano. Pero Almagro quiso ir más a fondo y decidió, ahora sí, cuestionar a la Cicig en un tuit que, en sus doscientos caracteres, lo retrata abiertamente favorable al Pacto de Corruptos.

Resulta que, para comenzar, la OEA se da un tiro en el pie, pues, si pide un proceso electoral sin influencias de factores externos, eso implicaría que su Departamento de Cooperación y Observación electoral debería estar ausente de cualquier proceso electoral de la región. Pero esa actividad es una fuente de ingresos, y por ello trata de sacar a cualquier otra institución de en medio.

Las quejas de Torres son menos convincentes que las de Baldizón hace cuatro años, pues mientras en aquel momento contra este apenas existían indicios y las denuncias abiertas eran contra su candidato vicepresidencial, finalmente juzgado y condenado, dándole 100 % la razón a la Cicig; contra Torres hay una investigación que data de mediados del año pasado y se entrelaza muy íntimamente con los negocios ilegales de quien fue su candidato vicepresidencial en 2015, evidenciado como uno de los principales delincuentes de cuello blanco del país.

Pedir que la Cicig no continúe investigando y mucho menos a los políticos, es apoyar abierta y descaradamente la impunidad y la corrupción. Si el proceso electoral se ha judicializado en extremo es, en el caso de la UNE, porque la jefa del MP detuvo por mucho tiempo las acciones, dejando que se realizaran solo cuando ya la candidata había obtenido su credencial.

Cuando Baldizón fue a llorar a la OEA no habían aún denuncias formales en su contra, lo que podría haber hecho creer que las acciones de la Cicig podrían ser una cuestión política. Sin embargo, durante cuatro años, las investigaciones y denuncias de la Comisión fueron claras y certeras, sin deparar en el color, cargo u orientación ideológica de los encausados. Contra Torres hay ya una demanda penal, que lleva su rumbo, le toca a ella y su gente demostrar su inocencia.

Pero Almagro decide actuar ahora, curiosamente cuando sus alianzas están cada vez más claras con los regímenes corruptos y autoritarios, y cuando ya no es más que un activista de la supremacista demagogia guerrerista de Donald Trump en busca de su apoyo para la reelección.

Guatemala, ciertamente, necesita mucha más Cicig y casi nada de OEA, pero el Pacto de Corruptos piensa diferente y, por lo que parece, Luis Almagro ya se zambulló, consciente y voluntariamente, en ese lodazal.

Si hay un organismo internacional que no debe inmiscuirse en nuestros asuntos, esa es la Organización de Estados Americanos.