En Guatemala, las mujeres han liderado y participado en muchas y significativas luchas, invisibilizadas casi siempre por un patriarcado misógino. Desde los púlpitos, las cátedras, los juzgados y desde cualquier espacio de poder, las mujeres han sufrido el rechazo y el desprestigio.

En los últimos años, finalmente, en distintas partes del mundo, a las luchas de las mujeres se han unido hombres convencidos de su validez e importancia. Sin embargo, en Guatemala, el presidente del Congreso de la República acusó al movimiento feminista de socavar la supuesta paz y armonía social que, según él, disfrutamos las y los guatemaltecos. Interesado, como todos los promotores de las reaccionarias restauraciones conservadoras en el mundo actual, en regresar a la mujer al espacio de lo doméstico y la servidumbre, no le queda sino oponerse al reconocimiento de todos los derechos que demandan las mujeres y los ciudadanos conscientes, acusando a las luchas feministas de atacar y destruir la familia y sus valores.

Al afirmar que, como parte de lo que llamó corrección política, las teorías y propuestas feministas anhelan «destruir la familia y las tradiciones y manufacturar una consciencia que nos es ajena y no nos corresponde por cultura y convicción», no solo se enredó en su verborrea, sino que se colocó hasta en contra de la práctica social y familiar de sus padres, quienes lograron formar su familia gracias a sus previos divorcios, los cuales son una conquista social de las mujeres, conseguida en la Guatemala liberal en 1894 (Decreto Gubernativo 484). Las convicciones religiosas de sus padres se los prohibían, pero se ampararon en lo que él tildó de corrección política para satisfacer sus afectos y deseos.

Divorcio, derecho al voto, libre contratación y derechos laborales iguales a los de los hombres son parte de la primera generación de conquistas de los movimientos feministas, mismas que, aunque los presidentes del Congreso y de la República no lo quieran, forman parte inherente de las tradiciones sociales y políticas de las y los guatemaltecos actuales. Criminalizar las demandas del feminismo actual es negarse a reconocer que, así como a finales del siglo XIX y principios del XX se consiguieron muchas conquistas, otras más resultan ahora indispensables.

Pero su perorata tuvo un efecto directo. Dio por aceptada y asumida la persecución terrorista a las organizaciones de mujeres. Sin argumentos legales ni sociales para enfrentar las movilizaciones y demandas de las distintas organizaciones del sector femenino, el gobierno actual ha permitido la acción de grupos clandestinos que, con la cobertura de los aparatos represivos del Estado, dígase Ejército y Policía Nacional Civil, se han dedicado a hostigar, provocar y agredir a las líderes y organizaciones de mujeres.

El último de esos ataques, sucedido este 8 de marzo, tuvo todo un carácter simbólico en esa guerra sorda y sucia que el actual gobierno, protegido desde el Congreso por representantes de lo más oscuro, retrógrado y corrupto de la política nacional, ha desatado contra las mujeres. Fue perpetrado precisamente en la madrugada del día en que internacionalmente se conmemora la lucha y aporte social y político de las mujeres. Y lo fue contra una de las organizaciones que más tradición y beligerancia ha tenido en los últimos tiempos.

El asalto a la sede de la asociación Alianza Política Sector de Mujeres fue planificado y realizado con todo cuidado. Su interés no fue solo el acopio de informaciones sobre las actividades, demandas y formas de organización de esta agrupación. Se pretendió intimidar a mujeres organizadas y activas, mostrando que el autoritarismo patriarcal, parte intrínseca al efecinismo y sus aliados, tiene por ahora la sartén por el mango y que es capaz de cualquier tropelía y arbitrariedad para, no solo mantener impunes sus crímenes, sino impedir el ejercicio de los derechos más básicos de las mujeres, a las que temen y odian cuando demandan sus derechos.

El Sector de Mujeres ya ha sufrido otros ataques y asaltos en épocas anteriores, fue por ello que sus instalaciones gozaban de protección policial, la que si bien no protegía la integridad personal de sus miembros, al menos mostraba que el Estado algo de protección les brindaba. Pero esta protección fue retirada hace dos años, precisamente por el gobierno efecenista de Jimmy Morales. Las falsas acusaciones del presidente del Congreso fueron, en consecuencia, la orden de asalto a los liderazgos feministas.

El ataque a las instalaciones del Sector de Mujeres, a escasos metros de la delegación de policía, supuestamente especializada en protección ciudadana, debe ser aclarado cuanto antes. El Gobierno y sus esbirros deben cesar de agredir al movimiento de mujeres, respetando y protegiendo el inalienable derecho a la libre organización y movilización.