Los medios de comunicación comerciales, tanto los impresos como los televisivos y radiales, han incrementado su campaña contra las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos –LEPP–, aprobada en 2016, en particular lo que se refiere a la distribución equitativa de los recursos públicos para propaganda en esos medios, así como a la prohibición de que candidatos o candidatas y partidos puedan contratar por su cuenta propaganda en ellos.

Interesados en el negocio de la propaganda, tratan de embaucar a los lectores, telespectadores y radioescuchas, insistiendo en que al regularse la propaganda electoral, se está limitando el derecho a la libre opinión, cuando lo que se está regulando y limitando es el mercado publicitario, que nada tiene de opinión, pues se concentra en promover un producto, en este caso un candidato o candidata. Debemos quedar claros que opinión no es lo mismo que promoción.

En el período electoral, cualquiera puede opinar y promover sus opiniones. Sin embargo, para que todos los competidores y competidoras estén en igualdad de condiciones, en las reformas aprobadas se estableció un número fijo de anuncios en prensa, radio y televisión para todos los candidatos.

El asunto es de alta significación democrática pues, de esa cuenta, el partido que disponga del apoyo de los dueños de la cementera, cervecería o ingenios azucareros, tendrá el mismo espacio en los medios tradicionales de comunicación que el que apoyan los trabajadores del campo o los estudiantes.

No se está vedando, en consecuencia, la libertad de opinión, ya que columnistas, entrevistadores y todo aquel que quiera expresar sus opiniones podrá hacerlo, pero bajo las características de opinión y no de promoción de un candidato o candidata, además no podrá cobrar ni pagar por ello.

Afirman también que, al establecerse que el TSE pagará el 20 % de la tarifa que por los espacios de anuncio han cobrado durante los seis meses anteriores a la convocatoria a elecciones, se ponen limitaciones al mercado que, según ellos, debe ser totalmente libre.

Con estas disposiciones no solo se permite que todos los partidos tengan las mismas posibilidades de hacer llegar a la población sus propuestas que, insistimos, no son opiniones, sino promoción de sus ideas. También se limita, en mucho, la influencia que los medios quieran ejercer sobre los candidatos o candidatas y posibles ganadores o ganadoras, pues no podrán hacer como que les regalan tiempo y espacio para, luego de asumidos los cargos, exigirles beneficios particulares.

Nos evitamos también la posibilidad de que, para satisfacer el desmedido lucro de los dueños de los medios, los candidatos y candidatas caigan en manos del crimen organizado para financiar su propaganda.

Molestos por que esta vez, y esperamos que para siempre, no podrán imponer a la población sus candidatos o candidatas y cobrarles luego por ello, los dueños de los medios más poderosos han hecho berrinche y no han presentado al TSE sus tarifas. Acostumbrados a hacer de la política su negocio, en muchos casos de manera ilícita, se resisten a dejar de ser parte de los que mandan y se aprovechan de los recursos públicos.

Es necesario aclarar, además, que los dueños de frecuencias de radio y los del monopolio de la televisión abierta usufructúan gratuitamente un bien público que es de todos, por lo que, como sucede en muchos otros países, la propaganda electoral en esos medios no debería costarle a la sociedad un solo centavo. Sin embargo, no llegó hasta allí el impulso democratizador de los diputados que, asustados por el empuje de las movilizaciones de 2015, aprobaron significativas y valiosas reformas a la LEPP.

El proceso apenas inicia, y es necesario defender a voz en cuello el derecho que tienen todos los ciudadanos y ciudadanas a la información, incluyendo las opiniones, la cual no puede ser tratada como mercancía. Pero, además, esta no debe confundirse con la propaganda que, en el caso electoral, tiene que ser de igual alcance para todos los competidores y competidoras, pues, de no serlo, los procesos comienzan a ser fraudulentos, al permitir únicamente que se anuncien y promuevan quienes pueden llenar las profundas chequeras de los dueños de medios comerciales de comunicación.