Las fuerzas que motivaron, durante los últimos cuatro años, el saneamiento del sistema político como condición para construir un país en situaciones racionales de desarrollo, han sido sofocadas en gran medida. De nuevo, los actos de corrupción cometidos por los empresarios más poderosos son vistos como acciones totalmente permisibles. Aún los operadores políticos del sistema han enarbolado la bandera del nacionalismo, y en su defensa ante la apropiación ilícita de los recursos del Estado, se escudan como la salvaguardia de los valores del honor, la familia y la vida. Las personas, de manera desafortunada, han ido recobrando una normalidad fatal. Las energías de los movimientos sociales que salían a las calles, ahora se concentran en una nueva contienda política que parece que nos conduce a ahondar la crisis en que vivimos. En este sentido, condenar las acciones corruptas en el sistema político nacional requeriría un sentido de exigencia moral excesivo.

Sin embargo, en medio del caos y bajo condiciones totalmente en contra, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad –FECI–, en conjunto con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala –Cicig– han puesto de nuevo en el tapete un conjunto de denuncias contra los secretarios generales Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza –UNE–, y Mauricio Radford, del partido Fuerza. Las denuncias por financiamiento electoral ilícito, en el primer caso, y falsedad material e ideológica, en el segundo, se suman al conjunto de acciones en contra de otros partidos, entre ellas, las presentadas contra Zury Ríos, del partido Valor, por prohibiciones constitucionales, así como otras denuncias que involucran en anomalías al 60 % del total de los 20 partidos políticos que se inscribieron para la contienda electoral.

Detrás de los argumentos y expresiones públicas realizadas por representantes de los partidos políticos que se concentran en la selectividad en los casos, los miedos a candidaturas o robo de las elecciones, estos hechos, como cualquier otro, deben ser solventados en los tribunales de justicia. Pero quienes se han autoproclamado y erigido como el poder real en el país, se pronuncian aduciendo que el financiamiento electoral ilícito ha sido acotado por parte del Congreso mediante la modificación del artículo 407N del Código Penal; y que ellos no desean que durante las elecciones ocurran este tipo de casos, que los implican. Por el contrario, argumentan que se deben realizar las elecciones como ejercicio de la democracia y respeto al orden constitucional. Esto lo dicen a sabiendas de que, a pesar de los esfuerzos en favor de la transparencia, en las actuales circunstancias, el sector privado organizado ha convertido el sistema electoral en una mercancía y sus inversiones y ganancias no pueden ser puestas en riesgo alguno, aún a costa de la miseria, pobreza y marginación de la mayoría del pueblo guatemalteco.

A pesar de que la Corte Suprema de Justicia se encuentra bajo el control de las fuerzas que favorecen la corrupción, y que las demandas no llegan al debido proceso, la FECI y la Cicig han logrado mostrar que los valores superiores que representan el sistema político se encuentran aún dominados por el dinero y los negocios inescrupulosos. Sin embargo, aunque los movimientos que buscan refundar el proyecto común de la ciudadanía en todas las expresiones de su diversidad muestran un agotamiento, la lucha contra la impunidad aún sigue viva.