Acuerdos internacionales impiden que la pena de muerte pueda aplicarse. Con mayor razón ahora que la Corte de Constitucionalidad aceptó un recurso presentado por los abogados José Alejandro Valveth Flores y Marlon Estuardo García Robles, y declaró inconstitucional la pena de muerte para cinco delitos del Código Penal: parricidio, ejecución extrajudicial, secuestro, desaparición forzada y magnicidio. Con esta decisión de la Corte de Constitucionalidad, se elimina de hecho la figura legal de la pena de muerte, ya que no existe más ningún delito punible con una sentencia de muerte.
La aplicación de la pena de muerte tiene también un gran bache jurídico y que afecta centralmente a los derechos humanos: una vez aplicada es inapelable, y si se demostrara a posteriori la inocencia de un reo ejecutado, se habría cometido un error trágicamente irreparable a manos del Estado.
La pena de muerte no disuade, solamente se le quita la vida a un delincuente para que otro u otros tomen su lugar. Gente decente pero ingenua, ciega de ignorancia, cae y cree en los mensajes del odio expresados patéticamente por manifestaciones de camisas blancas. Lo peor, cuando gente decente llega a equiparar la pena de muerte con la trágicamente llamada “limpieza social”.
La criminalidad se previene con cambios en las estructuras sociales y en los paradigmas culturales. La criminalidad se combate sobre todo cuando se hacen verdaderas inversiones en el triángulo institucionalmente equilátero de policía, aparato judicial y sistema penitenciario.
Manuel José Arce reflexionaba hace décadas en el desaparecido diario El Gráfico sobre la ejecución de dos asesinos: “Siguen creciendo los niños en el aprendizaje del odio contra la vida, hoy han sido destruidos dos productos pero la fábrica sigue en plena producción”.
La desesperación alimenta al populismo de ultraderecha. Mucha gente se deja engañar por un panorama ilusorio: el Estado guatemalteco eliminará rápidamente a los criminales. Totalmente falso. El Estado guatemalteco es casi fallido, sin certeza jurídica y sin eficiencia. La pena de muerte para su aplicación debe enmarcarse estrictamente en el Estado de derecho. Suponiendo que Guatemala ignorara al mundo y el Estado decidiera aplicar la pena, jamás podría aplicarse fuera de la legislación vigente.
La pena de muerte costaría millones y millones con procesos muy lentos por los recursos de amparo, apelaciones, casaciones, etcétera. En Estados Unidos, donde aún se aplica parcialmente, los procesos duran hasta 20 años. Serían millones de quetzales gastados que mejor se invertirían en el Sistema Penitenciario y en la Policía.
No es el síntoma, por terrible que sea, el que hay que atacar, sino las causas profundas: la pobreza y la cultura de la ilegalidad que reina en Guatemala. Pero esos cambios cuestan y debe financiarse con los impuestos que se evaden o se roban. El Ministerio Público no tiene presencia en más del 70 por ciento del país. La Policía sigue siendo ineficaz, mal pagada, corrupta y con muchos casos particulares de elementos vinculados al crimen. Las cárceles, vino de nuevo a demostrar el asesinado exmilitar Lima, son industrias del crimen. El Estado padece de una corrupción estructural que alcanzó a sus más altas autoridades, nos lo demostró la Cicig. Recordemos las muertes de enfermos que no recibieron su diálisis en el IGSS, hoy por este caso de corrupción otro exmilitar está acusado.
La pena de muerte en definitiva no es solución para salvar vidas. Al contrario, es seguir con más de lo mismo. 
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Los Narco-Sicarios, los Mareros, Asesinos, Extorsionistas, Secuestradores, todos aquellos que han hecho la muerte de otros un estilo de su propia sobrevivencia – todo ellos se ríen del sistema judicial. En las cárceles, son ellos que tienen el mando. Ahí tienen de todo servicios, TV, Música, Juegos, comida, drogas, mujeres – y siempre están en compañía de sus buenos amigos. No han aprendido otro oficia que violencia y destrucción, no tienen compasión, no tienen criterio por su compartimiento, no tienen posibilidad ni interés de vivir una vida regular. Solo la pena de muerte puede ser lo suficiente deterioraste. La pena de muerte no es ideal, de ninguna manera. Pero la alternativa es: Cárceles llenos con cuatro veces su capacidad, un sistema penitencial totalmente disfuncional, mas y más criminalidad.
La muerte de un padre de familia, la bala que lleva un joven a la silla de ruedas por siempre, son daños insuperables para una familia, una esposa, un hijo. Solo una persona que no conoce el sufrimiento puede postular la abolición de la pena de muerte. Aquellos tigres de escritorio con su vida segura y protegida, que lavan sus manos con sus «actitudes humanas» pero al mismo tiempo no tienen solución para nada, solo palabras, vapor y humo. Parece que los derechos humanos solo aplican a los delincuentes, y no a las víctimas.
La abolición de la pena de muerte le corresponde al Congreso de la República. Lo que hizo la C.C. es equivalente a una «abolición judicial». Esa frase fue lo único que leyeron políticos y funcionarios y por eso afirman que la C.C. se extralimitó. La sentencia de la Corte tiene 46 páginas y ellos sólo leyeron los 140 caracteres de twitter en donde se habló de esa figura retórica.
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