Guatemala tiene ya más de 30 años de democracia formal. Tres décadas desde los sangrientos gobiernos militares y dos desde del fin del conflicto armado interno. Llegar a celebrar elecciones generales sin que sean los «generales» los que impusieran al «elegido» por ellos mismos, es sin duda un progreso. Pero los grandes escándalos de corrupción que tienen procesados, otros ya condenados o esperando juicio a docenas de ex políticos, ex funcionarios y empresarios muestran lo vulnerable del sistema con debilidades políticas, éticas y legales. También es muy lamentable el retorno solapado de los militares corruptos conocidos como «la juntita» y que constituye el círculo de influencia más íntimo y directo del presidente Jimmy Morales. Asimismo tiene el pacto de corruptos una presencia y notoria influencia en el Congreso.

El sistema democrático se construye dentro de un marco social e histórico y es el objetivo último la aplicación del bien común en lo que suele llamarse la condición democrática, que trata de la capacidad de cada ciudadano de poder optar y decidir. Un ejemplo de déficit democrático es el no poder optar por vivir en su propio país sino emigrar a los Estados Unidos y correr todos los riesgos en una decisión motivada por la desesperación, porque en el propio país se carece de posibilidades de tener una vida con un mínimo de calidad. En Guatemala lo que se ofrece, y es la realidad de millones de personas, es en cambio un «mal vivir». Es decir, hay pobreza cuando hay marginación e incapacidad de tomar decisiones. Además, corrupción y pobreza son dos caras de la misma moneda. Desde luego que la pobreza es inversamente proporcional a la democracia: menos pobreza más democracia.

El ineficiente gobierno de Jimmy Morales, aliado con las fuerzas oscuras que controlan el Congreso y con el asesoramiento de exmilitares ultraderechistas, está carcomiendo aceleradamente el sistema democrático. Están decididos a restaurar el pasado autoritario del país a toda costa y se defienden usando indebidamente sus cargos y las instituciones de los señalamientos e investigaciones por corrupción.

La verdad es la primera víctima de la guerra decía el periodista norteamericano Hiram Johnson en un lejano 1917. Y lo primero que un régimen autoritario elimina es la libertad de expresión. Por lo tanto se corta el acceso público a la verdad y el derecho a la fiscalización. En situaciones extremas se elimina físicamente a los periodistas. Recordemos un ejemplo palmario como fue la muerte violenta de dos reporteros que investigaban actos de corrupción en el departamento de Suchitepéquez en 2015. Por el delito de asesinato se ha acusado al diputado Julio Juárez Ramírez del oficialista Frente de Convergencia Nacional FNC, partido que llevó al poder a Jimmy Morales. Juárez Ramírez es dueño de varias empresas que figuran en auditorías que fueron realizadas por Contraloría General de Cuentas (CGC). Se constataron hallazgos que evidenciarían sobrevaloración de obras, fraccionamiento de contratos y no cumplimento con las especificaciones técnicas de los trabajos adjudicados. Y los periodistas estaban investigando estos hechos. Por eso debemos recordar de nuevo que resultó chocante que el presidente Jimmy Morales en un acto público realizado el 23 de noviembre de 2017 en Chicacao felicitara a su exdiputado Juárez Ramírez, resaltando demagógicamente la muy dudosa labor legislativa de su diputado. Esta fusión de corrupción y autoritarismo ha ido aumentando y ha llegado ahora a niveles inaceptables de insolencia, irresponsabilidad y cinismo. Pero sobre todo es deleznable la amenaza real de levantar un aparato autoritario que aplaste la débil democracia guatemalteca.

La misión periodística no consiste en agradar a los mandatarios ni ensalzar gobiernos. Hay una relación intrínseca entre democracia y periodismo, como dos caras de la misma moneda. Sin democracia no hay libre expresión y medios libres. Sin prensa responsable y libertad de expresión no hay democracia. Si el periodismo se deteriora la democracia sufre un efecto negativo. El periodismo debe construir ciudadanía. Y la prensa busca siempre la verdad de la manera más objetiva posible.

Los regímenes autoritarios detestan al periodismo fiscalizador. Y Jimmy Morales ha demostrado con creces que no le interesa la verdad y no ha ocultado su aversión a la prensa que no acepta manipulaciones y mentiras. Por ejemplo, ha hecho señalamientos ofensivos, fuera de tono y con grandes dosis de embustes, al distinguido periodista Mario Antonio Sandoval. Jimmy Morales muestra así que ha aprendido bien la lección de su mentor, el fallecido Álvaro Arzú, en cuanto a cómo tratar a la prensa: «se le paga o se le pega.»

Lo anterior se enlaza con las pretensiones en el legislativo de cambiar el Código Penal iniciadas por un grupo de diputados formado por nombres muy desprestigiados como el ex militar Estuardo Galdámez del oficialista Frente de Convergencia Nacional FCN, un partido señalado de financiamiento ilícito, Dolores Beltrán del derechista Movimiento Reformador (MR), Karla Martínez, Eva Monte Bac y Delia Bac del también ultraderechista Alianza Ciudadana (AC).

El diálogo no existe para la ultraderecha. Nunca existió esa posibilidad para esos sectores negadores del otro: los que combatieron las ideas con ejecuciones extrajudiciales. Los que solo saben usar la mentira, la distorsión desinformativa y la estigmatización del adversario mediante campañas negras. Son la parte oscura de la historia reciente de Guatemala que ahora se enganchan a un poder deslegitimado por los hechos jurídicos que los señalan como corruptos.

Las intenciones manifiestas del grupo de diputados autoritarios es ponerle una mordaza a la prensa. Restringir autoritariamente la libertad de expresión y sobre todo blindarse a sí mismos y a sus aliados en el ejecutivo de las críticas por corrupción. La enmienda contempla penas de cárcel y suspensión de los derechos ciudadanos a los periodistas que critique y fiscalicen a los políticos y funcionarios. Se trata de una iniciativa de corte totalitario y censura abierta que pretende impedir que la opinión pública y los periodistas y comunicadores sociales puedan fiscalizar, discutir y debatir sobre las actuaciones de funcionarios y personas públicas como lo dice y garantiza la Constitución de la República.