Hace apenas tres años, los ingenuos y los tramposos se movilizaron, activa e ilegalmente, para elegir al que se proclamó desconocedor de la política y la gestión pública, pero que no era ni corrupto ni ladrón. Protegido por su sonrisa supuestamente ingenua, detrás de él se parapetaron sus cómplices, dispuestos no solo a apropiarse indebidamente de los bienes públicos, sino, sobretodo, a destruir la escasa y raquítica institucionalidad que el país poseía.

Si algunos imaginaron que con él las zonas de ineficiencia y corrupción serían al menos reducidas a su mínima expresión, pronto se dieron con la puerta en la nariz. Morales y compañía venían marcados por la trampa y el fraude electoral. Sus reales electores habían decidido que con él podrían reconstruir las redes de corrupción que, aunque paralizan al país, les producen significativas ganancias, y tal parece que lo están consiguiendo.

Morales no ha hecho absolutamente nada por promover la efectiva transparencia en la gestión pública. Mentiroso compulsivo, no solo oculta información sino que tergiversa las cosas, presumiendo siempre de exitoso y eficiente. Pero el peligro para la sociedad y las instituciones no está solamente en ello, lo triste y tenebroso es que, con agresividad y prepotencia, ha desmontado instituciones que costaron años y recursos hacerlas medianamente eficientes.

Si en los campos de educación y salud logró muy pronto establecer la incapacidad y la demagogia como insignias, en comunicaciones la corrupción muestra sus dientes. Pero es en los campos de la seguridad, defensa y justicia donde Morales y sus secuaces han concentrado todas sus baterías, dispuestos a impedir la persecución de los nuevos delincuentes de cuello blanco, entre los que él y su familia se encuentran, también han preparado el terreno para que los aún detenidos por actos de corrupción no lleguen a ser condenados.

Morales ha desbaratado la Policía Nacional Civil, poniéndola al servicio de macabros intereses que ya han realizado actos de limpieza social. De los asesinatos en las cárceles nada se sabe, haciendo increíble que un prófugo que utilizó la fuerza bruta para escapar del Hospital San Juan de Dios se haya suicidado.

Considerándose intocable, cínica y descaradamente ha decidido desmontar a la Cicig cuanto antes, con acciones ilegítimas e irresponsables que lo evidencian no solo como resentido y vengativo, sino como autoritario y prepotente. Sin la más mínima disposición democrática, Jimmy Morales no ha escatimado maniobra y triquiñuela para impedir que se le juzgue, contando en todos esos actos con el apoyo financiero de los grandes capitales del país para pagar lobistas en Estados Unidos y difundir falsas informaciones por todos los medios.

Era evidente, por todo ello, que el Congreso, colmado de personajes con características semejantes a él, impediría que enfrente cuanto antes la investigación de juez competente. Pero en esto, como en todos sus demás actos, sus triunfos han sido pírricos. Si bien se ha librado de el enjuiciamiento inmediato, nadie le asegura que el año próximo, o cuando abandone el cargo, sus faltas no vayan a ser investigadas.

Es por ello que sus intentos por desarticular a los entes de investigación criminal, modificar la legislación a su favor y entorpecer la acción de jueces e investigadores es intensa y permanente, dejando en el ambiente la sensación de que su empeño es restaurar el régimen autoritario que en las décadas pasadas ensangrentó y frenó el desarrollo del país.

Si Jimmy Morales, desde su época de candidato, demostró que no sería el impulsor de la nueva época que se esperaba iniciaría luego de la persecución tenaz e intensa a la corrupción, como gobernante está demostrando que, si la movilización y unidad social no se produce, está dispuesto a perpetuar en el poder esas nefastas prácticas. La época de terror y autoritarismo puede restaurarse, ya que su único plan de futuro es volver al pasado.