El presidente Jimmy Morales ha optado por practicar la política del acoso. Él, y sus socios, están dispuestos a entorpecer todas las acciones que los entes persecutores del crimen puedan realizar, con tal de dejar impunes sus ilícitos.

Muestra clara es la carta enviada al señor comisionado Velázquez por la viceministra de Relaciones Exteriores, la auditora pública Alicia Castillo. Sin experiencia en las funciones diplomáticas, el párrafo en el que se le prohíbe al señor Velázquez hacer su trabajo (inmiscuirse en asuntos internos del país) evidentemente fue elaborado fuera del Minex, muy probablemente en alguna oficina de una universidad privada en donde conviven defensores de criminales contra los derechos humanos y corruptos. El breve texto quiso ser el anuncio autoritario de un régimen que ya solo se sostiene a punta de agresiones y acoso. Desesperado por llegar al final del mandato a cualquier costo, su simple objetivo es sacar el máximo de beneficios personales de la función delegada electoralmente.

Felizmente, la mayoría de los miembros de la Corte de Constitucionalidad optaron por conceder amparo definitivo al procurador de los Derechos Humanos, quien solicitó que ese párrafo fuera retirado de la nota oficial, pues es totalmente contrario a lo establecido en las normas internas e internacionales que dieron vida a la Cicig.

Pero la política del acoso continuará. Morales y sus cómplices han logrado mantener una mayoría favorable de impresentables en la Corte Suprema de Justicia, donde todos los pedidos de antejuicio encontrarán a por lo menos siete festinados defensores del presidente y sus secuaces, a cambio de beneficios y negocios oscuros, claro. El club de amigos del Taquero ahora no solo cuenta con la participación activa y bochornosa del alcalde capitalino, sino de los ex altos dirigentes del Partido Patriota, quienes en coro repiten que la Cicig les ha dado golpe de Estado. Todos, junto a Marvin Montiel, su más conspicuo representante, quieren a esta instancia internacional fuera del país.

No desean que a cualquier indicio de malversación los entes encargados de la investigación los denuncie y pida que se les juzgue. Quieren jueces dóciles, ciegos ante los abusos del poder y protectores de sus malos manejos. Volver al pasado reciente, en el que aunque todos sabían de la corrupción, nadie denunciaba, todos se coludían, pues jueces y entes persecutores se hacían de la vista gorda cuando de los gobernantes y grandes empresarios se trataba. Los Pérez Molina y los Sinibaldi florecieron bajo esas condiciones, y empresarios como los Mayorga Girón y los Agüero aceptaron sumisos pagar sobornos porque eso les beneficiaba, ambos lados ganaban porque eran recursos públicos los que se erogaban.

Es a eso, sin más, a donde Jimmy Morales y su gente quieren volver, teniendo lo más lejos posible a quienes intenten investigarlos.

Se equivocan grandemente las cúpulas empresariales y sus voceros al creer que, escondiendo debajo de la mesa la corrupción y aceptando como un mal necesario la que Jimmy Morales y su banda practican, los capitales extranjeros llegarán al país a invertir en donde ellos no lo quieren intentar. Olvidan que en el mundo actual los grandes capitales temen cada vez más entrar en negocios con regímenes corruptos, y más aún, en alianza con capitales locales asociados con esos gobiernos. La época de los Pérez Maura y los Odebrecht está llegando a su fin, aunque regímenes corruptos como los de Rajoy en España protejan a sus millonarios corruptores.

La pérdida de credibilidad económica, que las evaluadoras de riesgo han mostrado en los últimos días, no se debe a la persecución de la corrupción, sino todo lo contrario. Guatemala ha perdido credibilidad nuevamente porque, desde el Gobierno, y ahora desde la cúpula empresarial, se quiere hacer caso omiso del enriquecimiento ilícito del presidente y sus aliados, se quiere anular la acción de los entes fiscalizadores y persecutores de los crímenes de cuello blanco.

Para crecer económicamente, Guatemala no solo puede depender de las remesas que por millones y diariamente envían al país los que por el hambre y la miseria aceptan tratos inhumanos en Estados Unidos. Necesitamos que se invierta seria y efectivamente en educación y salud, se reduzcan los altos índices de pobreza, y eso solo lo vamos a conseguir si gobernantes y empresarios, en lugar de estar buscando formas ilícitas para enriquecerse velozmente, trabajan con responsabilidad y decencia en procesos de acumulación lenta pero honesta y sólida.

Las riquezas del país no tienen porqué ir a parar a los bolsillos de los corruptos y corruptores, sean estos militares, gobernantes, funcionarios municipales, reos convictos o empresarios famosos. El combate a la corrupción solo se recuperará cuando el actual presidente y todos los políticos sindicados se presenten ante los tribunales para dilucidar su situación. Si eso llega a suceder, el clima de negocios se recuperará pues propios y extraños confiarán de nuevo en las autoridades.