Entre las preocupaciones principales del guatemalteco están cómo sobrevivir a la crisis del Estado. Vemos que la economía del país no crece, que el costo de la canasta básica cada vez aumenta más. La preocupación también se deja ver en el caso de la seguridad del país, los índices de violencia son alarmantes y no existe un programa serio de parte del Gobierno para combatirla. Otra de estas preocupaciones es la aplicación de la justicia en aquellos casos de gran impacto, como la cooptación del Estado, principalmente por el gobierno de Otto Pérez Molina, caso en el que ya existen procesos cercanos a ser resueltos para que finalmente se pueda aplicar la verdadera justicia.

En la presente semana se dictó sentencia contra la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, por el caso del lago de Amatitlán, en el que se pretendía saquear las arcas del Estado con un «engaño», la llamada «agua mágica» que serviría para sanear el lago. De todos es conocido que se trataba de una fórmula inventada y que, en lugar de sanear el lago, podría traer consecuencias mayores de contaminación además de poner en peligro muchas vidas, por sus componentes.

La ex vicepresidenta fue una de las impulsoras de este proyecto que no contenía nada de realidad y cuyo verdadero trasfondo era adueñarse del dinero del Estado para fines personales.

La condena otorgada a la ex vicepresidenta fue de 15 años con seis meses, lo cual demuestra que ella y otras personas recurrieron al engaño para su fin oscuro.

Anteriormente, con investigaciones y documentos, se llegó a establecer un complejo sistema cuyo fin era adueñarse de fondos del Estado: primero para la campaña electoral en la que participó la ex vicepresidenta, luego para fines personales. Así, la ex vicepresidenta está señalada de delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, de los sobornos en la Terminal de Contenedores del Puerto Quetzal (TCQ), entre otros. Todo esto se dio a conocer como el caso La línea, una estructura que se utilizó para cooptar el Estado y en la que ella era conocida como «La dos» o «La mera mera».

Existen también otros casos, como el del Registro de Información Catastral (RIC), donde se estableció la cooptación de esa institución por parte de funcionarios vinculados con la ex vicepresidenta, para la creación de plazas fantasmas y así pagar favores políticos de la campaña.

En este momento, los guatemaltecos esperan que la justicia funcione equitativamente y que se cumpla la condena, porque con estas acciones se desobedeció el mandato que el pueblo les confirió al elegirlos para llegar al Gobierno. Este mandato está establecido en la Constitución Política de la República, artículo 1 «Protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia, su fin supremo es la realización del bien común». Bajo este concepto se violó la Carta Magna, porque los bienes del Estado con los que se tenía que hacer valer este artículo fueron desviados para fines personales y de enriquecimiento ilícito.

Durante el gobierno de Otto Pérez y Roxana Baldetti, la pobreza aumentó, se estancó el crecimiento económico, las familias más vulnerables fueron desprotegidas y la inversión fue nula, la delincuencia aumentó y el crimen organizado se sintió a sus anchas, lo cual hizo del país uno de los más peligrosos del continente.

En este momento la sociedad ve destellos de justicia y se espera que los demás involucrados en estos hechos sean condenados de acuerdo al delito que cometieron, para que la población vuelva a creer en la justicia.

El sector justicia también tiene que ser reformado para poder llevar a cabo todos estos requerimientos de la población, que sea una justicia que llegue a todos los sectores y que vele por los intereses de la población.

La condena a Roxana Baldetti no debe verse como un acto de venganza ni de saña, sino como la aplicación de la justicia en beneficio de la sociedad guatemalteca, que durante muchos años se sintió engañada, porque la justicia no llegaba a los verdaderos saqueadores del Estado, sino que únicamente se condenaba a los menos influyentes o pobres, lo que no era equitativo para un verdadero sistema judicial.

Con la condena a Baldetti, podemos decir que vamos por un buen camino, que se aplica la justicia a quien no ha cumplido con sus deberes y que se ha aprovechado de los bienes del Estado para enriquecimiento personal. Así, el sector justicia empieza a renovarse y a crear nuevas expectativas para una reforma auténtica de este sector, el cual ha sido cuestionado por muchos y que es donde debe empezarse a dar el ejemplo de velar por el bien común para alcanzar un mejor nivel de vida para todos los guatemaltecos.