La terca actitud del gobierno de Jimmy Morales de tener lejos a Iván Velázquez le está dejando mal parado y aislado, tanto dentro como fuera del país, en la capital y en los departamentos.

El propósito, más que castigar al colombiano, es poner distancia entre Naciones Unidas y el Gobierno, de manera que la impunidad de los poderosos, política y económicamente, vuelva a imperar en todo el territorio nacional, sin que los amigos y vecinos se enteren y se inmiscuyan. Muy al estilo israelita, donde el régimen castiga y persigue a los palestinos, metralla y asedia a los sirios, financiando y apoyando descaradamente a los terroristas, tal y como lo publicara recientemente Foreign Policy. Pero Guatemala no tiene ni los recursos económicos ni la unidad política que los conservadores israelíes poseen, por lo que su aislamiento será mucho más infecundo que el que su héroe Netanyahu está consiguiendo.

Contrario a sus desvaríos, que lo hacen imaginar que el 65 % de los votos obtenidos en el segundo turno electoral de 2015 fueron de apasionados e incondicionales seguidores, el repudio social a sus autoritarias actuaciones ha ido en ascenso, no solo en la ciudad capital, sino también en las cabeceras departamentales y otras ciudades del país. Como anotan las últimas encuestas, a él apenas le apoya 18 % de la población adulta.

Atrincherado detrás de dispositivos policiales y militares ostensivos, el presidente baila el son para calmar sus nervios, siendo el hazmerreír de sus serviles ministros, ante una Plaza de la Constitución que, abandonada por la población para no sentirse intimidada, resultó casi vacía para las festividades del 15 de septiembre.

Morales se niega a aceptar que quien divide y provoca a la sociedad es él, pues con su voluntarioso proceder está poniendo en riesgo no solo la estabilidad presente del país, sino la consolidación de la institucionalidad del Estado. Sin capacidad argumentativa para justificar sus irresponsables disposiciones, el gobernante y sus ministros no consiguen sumar más apoyos que el complaciente y vergonzoso silencio de la cúpula empresarial.

Esta vez, a diferencia de las movilizaciones de 2015, la cúpula empresarial se encuentra mucho más limitada para manipular, desde bambalinas, a las movilizaciones. En aquel momento aún pudieron esconder su complicidad y contubernio con la corrupción que permeó hasta el tuétano del Gobierno del Patriota, presumiendo muchos de ellos de honestos y probos. Ahora, en cambio, en los últimos años, el empresariado ha visto desfilar por los tribunales a lo más granado de su dirigencia; desde dueños de hoteles que crecieron a la sombra de los subsidios de los regímenes militares, hasta grandes empresarios de la construcción que, cual imberbes albañiles, dicen haber tenido que pagar sobornos para lograr el pago de deudas, olvidando decir que nunca dejaron de obtener sus jugosas ganancias y que los montos trasladados al ministro Sinibaldi y compañía eran trasladados a los costos de las obras.

No pueden, pues, apoyar la crítica y repudio popular al gobernante, pues ellos mismos le financiaron gastos de campaña de manera ilegal, cuestión que los hechores no han podido negar, estando inmiscuidos en este caso representantes de las más importantes y populares empresas del país. Si bien han dicho estar arrepentidos, en la práctica han sido parte del financiamiento a las campañas contra el comisionado Iván Velázquez, a quien consideran el responsable del descubrimiento de su hipócrita comportamiento.

Es por ello que resulta falso argumentar que la lucha contra la impunidad, que en la actualidad tiene como punto importante el regreso al país del señor Velázquez, sea una simple disputa entre facciones de la oligarquía, en la que no están en juego los intereses y demandas del grueso de la población. Esto lo han entendido a la perfección las distintas organizaciones de la sociedad civil, teniendo como principales actores, aunque no únicos, a la Asociación de Estudiantes Universitarios, AEU, y el Comité de Desarrollo Campesino, Codeca. Tanto amplios sectores de las clases medias, como los campesinos y pueblos indígenas han constatado que, finalmente, la justicia puede ser aplicada a pobres y ricos, y que el combate a la corrupción resulta base fundamental para el desarrollo del país con justicia y equidad. El regreso de Iván Velázquez es, pues, el asunto más claro del debate: de suceder, la lucha contra la impunidad podrá continuar, con trabas, pero con éxitos. De no lograrse, el régimen de corrupción y violencia puede llegar a imponerse de nuevo, con altos costos para la sociedad en general.

Los escasos empresarios que se han puesto de parte de la exigencia por un régimen probo y honesto, si bien pueden ser defensores de la agenda neoliberal, son, al final de cuentas y en estos momentos, aliados de estas luchas populares. Se trata, sin lugar a dudas, de la burguesía que nunca ha llegado a desarrollarse y establecerse, porque las prácticas oligárquico militaristas lo han impedido. Su crítica al régimen autoritario de Jimmy Morales y los exmilitares que le acuerpan no debe desestimarse, pues el resquebrajamiento del apoyo empresarial que aún posee, puede permitir que, en esta crítica coyuntura, la agenda en pro de la defensa de los derechos de todas y todos los ciudadanos avance.