El recuerdo de la famosa fotografía de uno de los hombres más polémicos de Guatemala acusado de genocidio, Efraín Ríos Montt, tomada cuando, rodeado de militares, dio un golpe de Estado en los años ochenta e instauró un régimen militarista y terrorífico, persiste en la memoria de los que vivieron esos momentos, junto con la preocupación y el temor de que actos como este puedan volver a suceder. Pero cuando se desconoce la historia, se tiende a repetir los hechos, solo que con métodos más burdos.

El presidente de Guatemala, la semana recién pasada, haciendo alarde de poder, desplegó las fuerzas militares y policíacas a las calles para amedrentar a la población. Se calcula que entre 1 800 y 2 000 agentes de seguridad se encontraban en el centro de la cuidad de Guatemala. Además de que una gran cantidad de vehículos militares, muchos de ellos artillados, recorrieron las calles, pasaron por la cede de la Cicig, frente a la Corte de Constitucionalidad (CC) y el Organismo Judicial, diversas embajadas en la avenida Reforma, incluso la de EE. UU. Lo más dramático fue que ese mismo día se anunció una conferencia de prensa. En dicha conferencia participó la ministra de Relaciones Exteriores, el ministro de Gobernación y el vicepresidente. Pero lo impactante fue que el presidente estaba rodeado de un gran número de militares con uniformes de combate.

La conferencia de prensa era para anunciar que ya no se renovará el mandato de la Cicig (que vence en septiembre del 2019), además de pedir a la ONU el cambio del máximo representante de esa Comisión.

Inmediatamente, la población lo asoció a un autogolpe. El Pacto de Corruptos se estaba consumando, ya que se sabía a voces que se quería disolver la CC, tomar militarmente la cede de la Cicig, así como deshacerse del coordinador de la misma, Iván Velázquez, porque su presencia incomoda al Pacto de Corruptos.

¿Qué es lo que esperaba el presidente? Pues pareciera que concentrar la mayor parte de los poderes en sus manos, deshacerse de la Cicig y de la CC, para así no tener que rendir cuentas, ni acatar disposiciones legales que fueran contra sus intereses. Además, detrás del presidente hay militares de línea dura, que son los que no quieren que el país avance en procesos democráticos, hacia una sociedad más evolucionada, con leyes que protejan a la niñez y a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Al contrario, desde el Ejecutivo se apoya al Legislativo para que se emitan leyes en contra de la población, por ejemplo, aquella que permite el transfuguismo o la reelección de diputados denunciados por corrupción, y se quiere hacer del control total del antejuicio. Con estas leyes en favor de políticos corruptos, se busca beneficiar a las clases poderosas, así como devolver el poder a los militares para que ejerzan control sobre la población.

Estas acciones provocaron una polarización de la población guatemalteca, o se está a favor o en contra del Pacto de Corruptos. Entonces gran parte de la población se levantó y empezó a exigir sus derechos, especialmente el sector campesino, los pobres y las comunidades indígenas.

La población protesta contra las medidas tomadas por el presidente y lo llaman incapaz, inepto y corrupto, adjetivos muy graves, que ya se van situando en la memoria del guatemalteco común. El nombre de Jimmy Morales ahora es sinónimo de corrupción.

El presidente (como comediante que fue) quiere a veces contar historias que parezcan pintorescas de nuestra sociedad, pero se le olvida que es un hombre de Estado que representa al pueblo de Guatemala. Así, la historia de atrapar aviones con camiones, solamente sirvió para que la población confirmara que no está en sus cabales. Luego vino el desacertado ataque a la Universidad de San Carlos de Guatemala, cuando indicó que cada estudiante de la universidad autónoma le sale muy caro al pueblo, que lo paga con sus impuestos. Pero, de todos es sabido que este mensaje burdo es para respaldar el intento de disminuir el presupuesto asignado a la universidad, el cual le corresponde por mandato constitucional, además de buscar la total privatización de la educación superior.

Nos encontramos, entonces, ante un Jimmy Morales que quiere llevar a cabo un autogolpe de Estado, apoyado por la vieja guardia de los militares, para concentrar el poder, no en sus manos, sino en las de los militares que vienen de la época de la represión, y en los diputados y políticos corruptos que buscan que la impunidad prevalezca y que los sistemas democráticos que tanto sudor y lágrimas le han costado al pueblo de Guatemala desaparezcan, como la CC y la Cicig, y de paso la oficina del Procurador de los Derechos Humanos, ya que esta figura también les incomoda.

El presidente ha favorecido la división y polarización de la sociedad. Los campesinos, estudiantes, intelectuales y muchos sectores de la sociedad civil se están uniendo con base en estos hechos. Se espera que el conflicto civil continúe la siguiente semana, con una escalada de las manifestaciones y de la oposición a las medidas burdas e impopulares del Gobierno, las cuales van en contra de la democracia.

El pueblo en general quiere terminar con la corrupción y la impunidad. La población organizada, principalmente, quiere cambios en los tres organismos del Estado, que cese la corrupción, que se deje de proteger a los empresarios vinculados a esta práctica, que se combata el crimen organizado y el narcotráfico.

Aunque, en la actualidad, las fuerzas sociales están más polarizadas que en el 2015, cuando se exigió la renuncia de Otto Pérez Molina –resalta que el sector empresarial se hace el desentendido con toda la situación nacional–, se espera la movilización de diversos sectores de la sociedad civil, estudiantil, comunidades indígenas y diversos sectores productivos la semana venidera, exigiendo la renuncia del presidente y su equipo de trabajo, así como la erradicación de la corrupción.

En síntesis, el sentir popular es que el Gobierno no funciona y que hay necesidad de un cambio, sin embargo, existe el temor de que el conflicto desencadene una tragedia, esperamos que no sea así, porque toda vida es valiosa y puede aportar mucho a la sociedad. Ojalá que el Gobierno recapacite y evite este confrontamiento civil. Así, Guatemala busca el camino democrático para resolver sus conflictos y avanzar en el desarrollo de la sociedad más justa y equitativa.