Religión, libertad individual y esfera pública

Los integrantes de la Coordinadora Evangélica Nacional en su pleno derecho, sometieron ante el Congreso de la República un proyecto de Ley para la Protección de la Vida y la Familia», ahora conocida como la iniciativa 5272. No obstante, desde su exposición de motivos y en su articulado más allá de proteger la vida y garantizar los derechos sociales y económicos para que todas las familias puedan subsistir de manera digna, más bien trata de acotar y de restringir los derechos más básicos de las personas, presentando argumentos que incluso atentan en contra de los fundamentos de la libertad individual, otros derechos sociales básicos y aún de la propia religión.

La iniciativa de ley 5272 presenta por lo menos cinco antinomias jurídicas que conviene analizar. En primer lugar, se impone por la vía de decreto la heterosexualidad y a negar el derecho de matrimonio y uniones de hecho a quienes deciden ejercer sus diferencias sexuales y convivencia. De hecho, a los padres de familia se les quiere delegar la obligación de elegir la heterosexualidad de sus hijos. Bajo el supuesto falso de una «naturaleza» dada y preestablecida como normal, exculpa aquellos que discriminan a las personas que se definen como homosexuales, lesbianas, transexuales, bisexuales e intersexuales. Este posicionamiento desea retardar aquellos procesos que aún tenemos pendientes para expandir los derechos humanos. En el pasado, observamos, igualmente, las posiciones conservadores y discriminadoras en contra de grupos que en su momento se definían como inferiores, inmorales o sencillamente diferentes. Ese ha sido el caso de las mujeres y los pueblos. Pero, lo que acá está en juego, es un sistema de justicia que se fundamenta en la equidad y el reconocimiento. Lo que precede y legitima nuestra vida en sociedad no es pertenecer a una religión u otra, pertenecer o no a un grupo ideológico o político, sino el espacio que se abre para que los individuos amplíen las dimensiones de libertad y, a su vez, se garantice la vida digna de todos sus miembros. Prohibir la posibilidad de aprobar una ley que permite la decisión personal a la comunidad LGTBIQ y hasta la discusión pública, representa la instauración de un régimen autoritario solo similar a los fascismos observados durante el siglo XX.

En segundo lugar, malentendiendo bajo una mirada reduccionista el efectivo derecho de los padres a elegir la educación para sus hijos que garantiza el artículo 73 de la Carta Magna, se intenta acotar este derecho. al prohibir a las entidades públicas y privadas promover lo que se denomina como ideología de género. Esto quiere decir que, por un lado, se veda a los padres que no comparten esta decisión para que sus hijos se formen de manera diferente en los establecimientos educativos. Por otro lado, se niega la condición pedagógica de formar a los estudiantes en libertad. Los niños son sometidos al régimen de los padres y solo obedecen sin ofrecer la condición que exige un ciudadano en cuanto a la capacidad de analizar, divergir o resolver diferencias por la vía racional.

En tercer lugar, se contradice con otro derecho que es fundamental en educación, pues se propone la prohibición expresa a las entidades educativas públicas y privadas de abordar temas relativos a la diversidad sexual. Esto contraviene los artículos 35 de nuestra Constitución Política en cuanto a la libre expresión de pensamiento, pero también el artículo 71 con que parte la sección de Educación y que señala que como parte del derecho a la educación se: «garantiza la libertad de enseñanza y de criterio docente». Imponer a los maestros, particularmente en la educación pública, lo que se puede o no decir, atenta contra el principio más básico de búsqueda de la verdad y de las condiciones de la ciencia. Realmente, esta argumentación, por increíble que parezca, solo devela la intención de imposición de un modelo donde prevalece la ignorancia.

En cuarto lugar, en su argumentación en contra del aborto, no se es capaz de reconocer la calidad de víctimas de violación, abusos y capacidades de decisión de las mujeres sobre sí mismas y sus cuerpos. Por lo que se procede, sin más, a desplegar una lógica del castigo, quebrando la racionalidad de la proporcionalidad de las penas. Se vuelve a una lógica del ojo por ojo y no a la rehabilitación del condenado. Olvida que la pena se legitima en la medida en que es un instrumento necesario para la consecución del fin general de protección de bienes jurídicos. Tristemente, pareciera ser que esta iniciativa simplifica de manera preocupante el tema del aborto y condena a aquellas mujeres que deciden abortar independiente de las razones de peso que puedan haber.

En quinto lugar, la aprobación de esta iniciativa contribuiría al desvanecimiento de la esfera privada y, por consecuencia, de la esfera pública. Más allá de ampliar los márgenes de las decisiones y expresiones individuales y su ejercicio pleno de la libertad, esta propuesta más bien restringe estos espacios. El argumento constante que aparece, y su justificación, se respaldan porque la mayoría así lo cree. Y esta argumentación basada en la mayoría, tarde o temprano, podrá incluso solicitar al Estado la obligatoriedad de adoptar una religión, en este caso evangélica, como la oficial y la erección de estas creencias como las únicas y posibles en los discursos oficiales. En otras palabras, nos encontramos ante un posible retorno a la premodernidad y al establecimiento de parámetros bajo el control de la religión como el gran articulador de las relaciones sociales y explicaciones del mundo. La religión, en su expresión más fundamentalista, se muestra como una de las principales amenazas a la relación armónica, considerando sus niveles de incomprensión y los mensajes de odio basados en falsas creencias.

Otras preocupaciones que asaltan se refieren al plano político de los ponentes de esta iniciativa. Si recordamos las últimas elecciones en Costa Rica, un grupo de políticos, adhiriéndose a una bandera de la religión evangélica, jugó bajo una estrategia cínica, en la cual condenaba los derechos adquiridos por la comunidad LGTBIQ, logrando disolver la agenda pública por la discusión para reducir los derechos individuales reconocidos en ese país.

En Guatemala, se observan las alianzas de un conjunto de líderes religiosos con facciones tenebrosas de la corrupción en el Congreso y en el Ejecutivo. El propio presidente Jimmy Morales, en su conferencia de prensa del 31 de agosto, al declarar que no prorrogará el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –Cicig-, también declaraba que su gobierno cree en la vida y en la familia basada en el matrimonio de hombre y mujer. Esto puede dar a entender que la iniciativa de ley 5272 o ya estaba pactada en el marco de apoyar el Pacto de Corruptos o que se trata de una propuesta totalmente inmoral, la cual, a cambio del apoyo de un sector religioso, impida resolver las acciones ilegales frente aquellos que han hecho del proceso eleccionario y el ejercicio de gobierno en un ámbito abierto al robo y despojo.

En este sentido, se lamenta que los grupos religiosos ponentes de la iniciativa en mención han dejado de lado propuestas para resolver los problemas que afectan otros derechos fundamentales de la ciudadanía, la discusión sobre la puesta en marcha de políticas en favor del desarrollo de la gente y la protección ambiental, el apoyo a los procesos judiciales para quienes han quebrantado la ley y la presión para las aprobaciones de leyes de beneficio común. Lo que requerimos, en cambio, son posiciones más comprometidas con la defensa más decidida para promover el desarrollo y el bienestar de más del 60 % de familias que viven en pobreza y el 23 % en la indigencia.


7 Commentarios

Luis Reyna Gómez 03/09/2018

Muy interesante su articulo sobre todo porque se ajusta a una serie de hechos que en nuestro medio son considerados como un tabú, donde prevalece una sociedad conservadora, en el hogar al momento de hablar sobre temad d tipo sexual, pero que en la calle o fuera del hogar se hace con total libertad. Por otro lado considero que la religión sigue siendo un factor determinante de control social, toda vez a traves de sus procesos de ideologizacion y adoctrinamiento manipula a los creyentes a tal grado que limita y condiciona su forma de pensar y actuar. Finalmente es complejo el problema del aborto cuando se analiza desde la perspectiva moral y religioso dónde no se le da el derecho a las mujeres para que tomen decisiones sobre que es lo mejor para ellas especialmente cuando se trata de violaciones. En resumen en necesario separar las actividades religiosas de las del Estado y sobre todo convocar a los sectores involucrados para darle solució, desde su propia perspectiva.

Jacobo Vargas-Foronda 03/09/2018

Oportuno, correcto e importante editorial.

Luis Pedro 03/09/2018

Magnífico editorial. Da gusto leer esta calidad de textos!

Marielos Montenegro 03/09/2018

Además de ser un excelente artículo, ilustra y desempolva la eterna hipocresía del Guatemalteco.
Lamentablemente, estoy más que segura de que el 99.99% de lectores no se tomarán la molestia de leer, analizar y PENSAR.
Este nuestro triste terruño, a caído en las manos del fanatismo religioso fundamentalista, paso a paso y de manera silenciosa, en nuestras propias narices, pero nadie, nadie se tomó la molestia de observar y analizar esta invasión, de donde proviene y que obscuros motivos tiene.
Lástima que siendo un país lleno de riquezas, sea destruido por la doble moral, la falta de pensamiento crítico y la educación que se ha visto infiltrada desde sus raíces(MINEDUC,ASIES,UNIS, etc) por sectas religiosas de uno y otro bando que simplemente prohíben PENSARY CRECER EN LIBERTAD.

Vinicio Quezada 02/09/2018

Excelente artículo. Mis mas sinceras felicitaciones. ÉXITOS.

Francisco Cabrera 02/09/2018

Dr, creo que esté escrito tuyo es de colección. Excelente análisis!

Rudy Cabrera 02/09/2018

Excelente análisis de la iniciativa más retrógrada.

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