Llegaron al poder ocultando quiénes eran en realidad y lo que perseguían. Parapetados detrás de un cómico, activo militante de sus posiciones, aprovecharon la coyuntura de repudio a los políticos tradicionales y se colaron hasta la cocina de las estructuras de un Estado que aún apenas se insinúa democrático.

Su objetivo principal, para ese entonces, era conseguir impunidad para los perpetradores de crímenes contra la humanidad. Pronto encontraron apoyo y financiamiento electoral ilícito en los dueños de las grandes industrias del país, quienes, acostumbrados a imponer gobernantes para que les amparen y subsidien, vieron en este remedo de partido político la oportunidad de restaurar, juntos, el régimen oprobioso de los gobiernos militares de los años setenta y ochenta, ahora con fachada civil.

Opuestos a cualquier búsqueda de la verdad histórica, pronto nos mostraron que irrespeto a los derechos humanos y corrupción son dos caras de la misma moneda, por lo que, llegados al poder, sumaron como aliados a los que cínica y descaradamente se han enriquecido con los recursos del Estado, constituyéndose de inmediato en otros depredadores del erario nacional, convirtiendo todos los ámbitos del servicio público en cotos de enriquecimiento ilegal de amigos y parientes.

Desmontar la débil y frágil estructura pública que combate la impunidad ha sido, en consecuencia, su única razón de gobierno.

Parapetados en el discurso ultraconservador más simple y atrasado, han dado fuerza y aliento a los grupúsculos que, ingenua o maliciosamente, dicen defender costumbres y prácticas autoritarias, machistas, racistas y xenófobas.

El primero y certero golpe fue corromper hasta el tuétano al Ejército. Si la sociedad le temió por sus prácticas criminales, la descarada corrupción de sus altos mandos ha minado por completo la poca credibilidad que alguna vez pudo llegar a tener, al grado que, según una encuesta, ya para 2016 apenas 17.2 % de la población confiaba en la institución castrense, mientras 52.7 % tenían muy poca o ninguna confianza en ella, desconfianza que en 2017 fue corroborada por el Latinobarómetro.

Con un Ejército corrompido, desmoralizado y desprestigiado, los efecenistas imaginan que lo podrán tener bajo control y a su favor para cuando necesiten dar su golpe final, que bien podría ser antes o durante el próximo proceso electoral.

El siguiente sector a destruir ha sido la Policía Nacional Civil –PNC– institución cuyo profesionalismo, disciplina y compromiso ciudadano es más que indispensable. La marginación de todos los altos rangos que por todos estos años se fueron formando para dirigirla, les está permitiendo colocar adláteres próximos al crimen organizado, tal y como ya sucedió en el nefasto paso de Sperinsen por esa institución. Negarse a auxiliar al MP en aprensiones urgentes evidencia lo que pretenden y pueden llegar a hacer al momento de detonar el acto final de su estrategia.

Los promotores del golpe de Estado efecenista tratan de no caer en los traspiés del golpe promovido por Jorge Serrano, por lo que lo empezaron a montar desde que llegaron al poder, y así tenerlo a punto cuando la coyuntura se los permita. Si en aquel momento, por oportunismo e intereses muy particulares, Pérez Molina y Arzú Irigoyen no lo apoyaron, en esta ocasión, de nuevo por intereses muy personales, tanto el exgeneral, como el hijo del recién fallecido alcalde capitalino, son parte importante del engranaje que impulsa este nuevo golpe de Estado, que no sería el tradicional levantamiento militar, sino el desmantelamiento de las instituciones para, de ser posible y necesario, interrumpir el proceso electoral que se avecina y adecuar toda la institucionalidad del Estado a sus intereses.

Es por ello que el asalto al Tribunal Supremo Electoral –TSE–, cuando se firmaba una carta de cooperación con la Cicig, no puede ser visto como un simple acto desesperado de un minúsculo número de radicales y estridentes ultraderechistas. Las posteriores declaraciones del vicepresidente Cabrera evidencian que, en el intento de sabotaje del evento, el Ejecutivo no solo estuvo enterado, sino que facilitó su realización, constituyendo una muestra de lo que pueden llegar a hacer si ven efectivamente en peligro sus intereses y beneficios.

El efecenismo y sus aliados tienen como primordial objetivo asegurar impunidad para militares y civiles acusados de crímenes contra la humanidad y de corrupción. Su consigna, «en estas condiciones no queremos elecciones» es la clara expresión de que, para salvar el pellejo y mantenerse en el usufructo indebido de los recursos públicos, están dispuestos a impedir el proceso electoral que se avecina. Pues, resulta evidente que con las nuevas reglas de juego, y con la vigilancia que al financiamiento electoral podrá realizar el TSE con el auxilio de la Cicig, son más que escasas sus posibilidades de un fraude electoral como el que realizaron en 2015, cuando, engañando a la población con un supuesto ingenuo y honesto candidato, lo financiaron por debajo de la mesa en formas y montos aún no del todo aclarados, imponiéndolo en un evento electoral que, ahora, resulta a todas luces amañado.

La autorización que la Corte Suprema de Justicia ha hecho del pedido de antejuicio contra el presidente Morales es muestra de que ese alto organismo no ha sido del todo cooptado por los golpistas, no obstante, falta saber si, llegados al momento crítico, la CSJ mantiene la legalidad o se alinea a favor de quienes quieren obstruir el lento avance democrático que hemos vivido.

Resta saber, además, si en el Congreso, en un acto de profundo compromiso democrático, no solo se impida que los diputados efecenistas puedan ser parte de la comisión pesquisidora, pues tendrían claro conflicto de interés, sino que se apruebe la apertura a juicio del mandatario, evitando de una vez por todas, y cuanto antes, que el golpe de Estado que él promueve se cristalice.