Las actitudes de un Gobierno reflejan el grado de compromiso con el pueblo que lo eligió. Los caminos que tome van a determinar qué clase de Gobierno es y a qué sector representa. En este caso, el comportamiento y la dirección que este Gobierno deja mucho que desear para representar a un pueblo pobre que confió y votó por él. Ahora vemos que las actitudes mediáticas que realiza, luego se convierten en un circo entre la población.

El pasado lunes estaba planificada la reunión del gabinete general en casa presidencial. Pero, para gran sorpresa del pueblo de Guatemala y la comunidad internacional, todos los ministros, en fila, cual excursión de escuela, se formaron y los trasladaron en bus, incluso se tomó nota de quiénes se subían a dicho transporte, con gafete incluido (solo faltó que les dieran galletas y jugo). El destino, la Corte de Constitucionalidad, para una audiencia pública por el proceso de un amparo provisional, debido a que el presidente, en uno de sus tantos berrinches, quiere que se vaya el embajador sueco Anders Kompass.

La encargada de presentar la función fue la canciller Sandra Jovel, transformando la audiencia en un show tipo Combate (ese programa vacuo que proyecta un canal privado). En las redes sociales multitud de ciudadanos lo criticaron, haciendo notar que fue un espectáculo inútil y, esperamos, ineficaz.

El pueblo de Guatemala le paga el sueldo al presidente y a su gabinete. Si este se divide en días, veremos la cantidad de dinero que se desperdició del erario público para escenificar este show y satisfacer un capricho más del señor presidente. Pena y lástima da ver que los ministros, con tal de permanecer en el puesto –no para hacer su trabajo, sino por las prebendas que el cargo conlleva–, asumen este rol sumiso y denigrante.

El problema fundamental del presidente es la Cicig, y más específicamente el comisionado Iván Velázquez, a quien, a como dé lugar, quiere expulsar, pues le resultan incómodas las denuncias de corrupción que ha presentado en su contra, de sus familiares y allegados.

El Gobierno de Suecia, representado por su embajador, es uno de los principales cooperantes en el apoyo al funcionamiento de la Cicig. Por lo tanto, el presidente ingenuamente piensa que si cambia a un funcionario, la política de apoyo de estos países va a cambiar. Pero la Cicig fue creada, precisamente, para denunciar y perseguir judicialmene los crímenes y delitos que que se cometen en los organismos del Estado, incluida la corrupción.

El país está sumido en el caos, en la ingobernabilidad, y se han retomado formas represivas de gobiernos autoritarios que considerábamos superadas. Al presidente Jimmy Morales lo que le interesa es que nadie diga nada, y que volvamos a los tiempos en que los políticos y sus familias se enriquecían con solo pasar por el Gobierno, y para ello necesita acallar a la Cicig y a todos los que la apoyan.

Lamentablemente, no existe una política de Estado, no solo para combatir la corrupción, sino para resolver los problemas más acuciantes de la sociedad guatemalteca. Por ello, la insistencia en expulsar al embajador Kompass, obligando a sus ministros a escenificar la bufonada ante la Corte de Constitucionalidad, solo sirve para estimular el ego del gobernante, quien se sigue soñando el «traidito» de la película, cuando ya no es más que el villano, que, sumiso y ambicioso, actúa de acuerdo a los intereses de los sectores poderosos.

Los argumentos de la canciller resultan absurdos, pues en nada el actuar y decir del embajador Kompass ha puesto en riesgo el Estado de derecho y la democracia en Guatemala. Probablemente ella no tenga claro qué es un Estado de derecho, que tiene como pilares los principios de soberanía de los pueblos y la solidaridad internacional. Además, decir que lo que se está defendiendo es el Estado democrático es una falacia, pues el pedido de retiro del embajador es muestra evidente del autoritarismo que caracteriza al gobierno de Morales.

Lo que se le olvida a los funcionarios es que cada uno de ellos tiene límites en sus funciones, y que, en este caso, la Cicig está para apoyar el combate contra la corrupción, además de ayudar a establecer nuevas reglas para las distintas esferas del Estado.

Es lamentable que cada vez que el Gobierno comete un error, sea la Corte de Constitucionalidad la que tenga que corregirlo. En esta oportunidad, los ministros de Estado tomaron una actitud antidemocrática y prepotente al querer intimidar a la CC y al pueblo de Guatemala, desacreditando aún más al país a nivel internacional.

La CC debe dejar en claro cuál es el rol de los funcionarios que acudieron a la audiencia, que está establecido en el artículo 149 de la Constitución Política de la República. Porque, muy seguramente, entre las funciones de los ministros no está intimidar a los magistrados de la CC montando un show como el del lunes pasado.

El presidente Jimmy Morales ha demostrado ineptitud para desempeñar el cargo y el pueblo de Guatemala está en todo el derecho de exigirle la renuncia. No es a través de la intimidación y del autoritarismo que se logra el desarrollo del país. Al contrario, es con el consenso, la planificación, la participación de la mayoría de la población, el respeto a la interculturalidad y proponiendo una verdadera política nacional que incluya activamente el apoyo internacional que lo lograremos en su totalidad.

El circo del pasado lunes fue un intento más para desviar la atención de los grandes problemas que aquejan al país y para los cuales el Gobierno no tiene soluciones mínimas. El Gobierno de Guatemala no solo debe respaldar a la Cicig, sino, además, respetar la decisión de los Gobiernos cooperantes que nombran a sus mejores profesionales para apoyar el proceso democrático en nuestro país.