El sábado 28 de julio fue encontrado el cuerpo sin vida de la dirigente social Juana Raymundo, las crueles señales de tortura hacían suponer que habría sido asesinada la noche anterior. El brutal asesinato de Raymundo de manera preocupante se suma a los de otros activistas pertenecientes al Comité de Desarrollo Campesino -Codeca- durante el presente año. El domingo, el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, condenó en un enérgico comunicado este hecho, haciendo un llamamiento de urgencia a los órganos responsables de la seguridad ciudadana a velar por que se detenga violencia en contra de los líderes de organizaciones sociales. A su vez, exigía al Ministerio Público investigar, identificar y enjuiciar a los autores materiales e intelectuales de estas acciones.

De inmediato obtuvo una respuesta del Ministerio Público en un comunicado de prensa fechado el treinta de ese mismo mes. En dicho comunicado la fiscal general del Ministerio Público, María Consuelo Porras Argueta, indicaba que ya había sostenido reuniones con representantes de Codeca y del Comité de Unidad Campesina -CUC- para investigar la muerte de los integrantes asesinados. De igual manera informaba que, en una de las reuniones, pidió a representantes de la PDH que se dictaran medidas de protección para los activistas, situación que sería ratificada de manera escrita en días siguientes a la emisión del comunicado de prensa. También indicaba que se había abierto una mesa técnica entre el MP y Codeca para usar la estructura regional del primero para realizar las investigaciones en un plazo breve. En el caso particular de Juana Raymundo se informaba que tomaron acciones dentro de las 72 horas luego que se había localizado el cuerpo, por lo que quería transmitir a la población la información de que ya se encontraban accionando desde hacía algún tiempo. A pesar de que el comunicado no condena los hechos ocurridos, sí deja entrever una supuesta responsabilidad de la PDH por la falta de acompañamiento a los líderes sociales.

Días después, la Corte Suprema de Justicia resuelve definitivamente un amparo en favor del presidente de la misma Corte, frente a los señalamientos del procurador de los Derechos Humanos, quien había presentado una denuncia y una condena moral por la violación de la dignidad, el debido proceso y la libertad al exfiscal Rony López, quien tenía más de noventa días en prisión preventiva sin haber llevado a cabo su primera declaración. Lo delicado de la resolución definitiva del amparo consiste en que se conmina al procurador de los Derechos Humanos a no entrar al examen de aquellas quejas que se encuentren pendientes de dictar resolución judicial. Aún más, ordena al Ministerio Público a certificar lo conducente en contra del procurador de los Derechos Humanos, con lo cual pone en riesgo una de las funciones esenciales para garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos humanos que la propia Constitución Política de la República reconoce para todos y cada uno de los ciudadanos guatemaltecos.

Por si fuera poco, el diputado Luis Hernández Azmitia, ese mismo día, hizo público un mensaje a través de la red social Twitter, en donde indicaba que el procurador se «mete donde no le importa», considerando que la resolución de la CSJ supuestamente lo pone en su lugar. Para él, ese no es trabajo del procurador y debería renunciar por dignidad. En otro tuit que dirige a sus compañeros diputados del Congreso de la República, pregunta si se animan a sacar a Jordán Rodas porque según él existen causales de remoción. En ese sentido, existe un alineamiento en menos de una semana por parte de dos poderes del Estado, la Corte Suprema de Justicia y el Congreso de la República, además del Ministerio Público.

El procurador de los Derechos Humanos en su defensa ante la resolución de la Corte Suprema de Justicia ha presentado un recurso de apelación ante la Corte de Constitucionalidad. Según Jordán Rodas, los pronunciamientos de la oficina del Procurador de los Derechos Humanos no obligan en ningún caso una acción o resolución judicial. Por lo cual considera inatingente la resolución de la CSJ, adicionalmente que la propia PDH, en términos de su razón de ser, está obligada a atender aquellas acciones que de manera flagrante puedan atentar a los derechos que los individuos tienen en un marco de legalidad.

El propio procurador indicaba que él veía en esta resolución una posibilidad de mala fe, considerando que un ciudadano, el exfiscal Rony López, detenido por más de noventa días, no había rendido primera declaración. Según Rodas, en ningún momento la PDH estaba influyendo sobre la valoración de la acción delictiva de la cual es señalado el exfiscal. Más bien, la denuncia de carácter moral era por no haber respetado los plazos que fija la ley.

La Corte de Constitucionalidad tiene en sus manos una resolución que afecta directamente los alcances y límites de una institución tan importante como la oficina del Procurador de los Derechos Humanos. Despierta sospechas la intencionalidad de la resolución de la CSJ que ordena investigar al procurador Rodas por la acción emprendida y que de inmediato diputados del Congreso de la República, que se han caracterizado por su oposición a las actuaciones de la PDH, particularmente por su apoyo a grupos organizados como Codeca y a la Cicig en la lucha anticorrupción, entren en contubernio para remover a Rodas del cargo de procurador de los Derechos Humanos.