El manejo de las relaciones exteriores del país se suma a la crisis de gestión gubernamental durante la presente administración. La dinámica de fortalecimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la base de contar con personal altamente calificado y funcionarios de carrera se ha debilitado. Este descalabro lamentablemente obedece a intereses particulares que intentan frenar la lucha anticorrupción por las acciones del Ministerio Público y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala –Cicig–, apoyada por las Naciones Unidas, la Unión Europea y el Gobierno de los Estados Unidos.

Los problemas de corrupción del propio presidente y su familia, así como los señalamientos a personajes claves en la política y otros ámbitos del quehacer nacional por su responsabilidad en delitos de lesa humanidad, han desplazado la acción gubernamental hasta trastocar las dinámicas de la política exterior, comprometiendo al país en su conjunto. El interés de eliminar a la Cicig, o al menos de modificar sus acciones, es la razón fundamental, pero esto ya ha excedido los movimientos internos trasladándose a una toma de decisiones en tres ámbitos complejos en la política exterior.

En primer lugar, se reclamó el cambio del actual comisionado de la Cicig ante el secretario de las Naciones Unidas y se presentó la intención de modificar los términos del convenio de dicha Comisión referentes a los procesos de investigación en contra de la impunidad y la corrupción. La articulación de este ardid no solo significó la sustitución de la cúpula del Ministerio de Relaciones Exteriores, sino también la declaración de no grato del comisionado Iván Velásquez. Sin embargo, este intento fracasó por la oportuna resolución de la Corte de Constitucionalidad que por errores de forma invalidó dicha declaración, dejando entrever la nueva tónica de la perspectiva gubernamental sobre las relaciones exteriores.

En segundo lugar, el Gobierno desplegó otra estrategia más ambiciosa superando el lobby La vergüenza de la política exterior guatemalteca en el Congreso y Senado de los Estados Unidos, al congraciarse con el presidente Donald Trump. Guatemala trasladó su embajada en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, zona en disputa donde, según la resolución de las Naciones Unidas, no existe claridad territorial por ninguna de las partes que concentran diferencias en tres grandes religiones y civilizaciones como lo son los musulmanes, judíos y cristianos. El supuesto fue que mediante este apoyo a la decisión de Trump, que a todas luces es adversada por casi todos los países del mundo, el presidente guatemalteco y los miembros del Pacto de Corruptos dejarían de ser perseguidos por los delitos vinculados a la corrupción. Sin embargo, se tomaron decisiones que afectan al Estado guatemalteco con el resto de países, contrariando el derecho internacional y provocando la masacre de la que fuera víctima el pueblo palestino al operarse el cambio de las embajadas.

En tercer lugar, observamos más recientemente el intento de expulsar a los embajadores de Suecia y Venezuela. El argumento fue el supuesto entrometimiento en asuntos internos. Particularmente en el caso de Anders Kompass, embajador sueco, el pretexto lo constituyó un imaginario insulto a todos los guatemaltecos, pues los textos relacionados develan que esto no solo es falso, sino que el auténtico interés del presidente era debilitar el apoyo que Suecia brinda a la Cicig. Otro de los argumentos que en favor del Gobierno esgrimió el Cacif consistió que estos embajadores se habían comunicado con Codeca. En esta lógica, los embajadores solo podrían comunicarse con el Gobierno y particularmente con los empresarios del país. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad le vuelve a corregir la plana al Gobierno en cuanto a los procedimientos y temas de fondo de la política exterior del país. El Ministerio de Relaciones Exteriores de nuevo muestra su desconocimiento procedimental y jurídico, pues solo corresponden al presidente las acciones emprendidas, debiendo resolver de manera conciliatoria el supuesto motivo de expulsión del embajador.

En todo caso, estamos frente a un Gobierno políticamente débil, sin legitimidad por los cuestionamientos en su contra, bajo cargos que implican a sus funcionarios en el financiamiento electoral ilícito, y no bastando eso destruyen el otro gran frente que representa las relaciones del Estado con el conjunto de la comunidad internacional. No cabe la menor duda que la perversidad que acompaña a los funcionarios deshonestos, incluyendo al presidente, los integrantes del Pacto de Corruptos y algunos miembros influyentes del sector privado, se pone de manifiesto en sus intereses para sostener privilegios a costa de mantener al país sumido en la impunidad, la pobreza y ofender a los Estados que nos han tendido la mano cuando más lo hemos necesitado.