El paro nacional convocado para este 20 de septiembre es consecuencia directa de la obstinación de las dirigencias políticas tradicionales por impedir que la transparencia y probidad sean las características básicas y fundamentales de la administración pública y el actuar político. Oponerse, o verlo con indiferencia, es favorecer los intereses espurios que orientan las acciones de la mayoría de los actores políticos actuales.

El paro es también la muestra del proceso, lento pero valioso, de consolidación de una conciencia pública en distintos sectores de la sociedad pero, en particular, en la juventud. Ahora no es una acción controlada y mediatizada por el poder económico y la embajada estadounidense, sino la expresión directa del descontento y malestar de los distintos sectores y organizaciones sociales, dispuestos a mostrar su interés porque el país asuma la ruta de las transformaciones democráticas.

Es por ello que, a diferencia de las movilizaciones de 2015, este paro ha sido objeto de calumnias y ataques por quienes, desde el anonimato de falsas organizaciones, quieren hacer creer que es parte de una trama conspirativa absolutista, sufriendo además la manipulación informativa de las empresas de televisión y radio en poder de Ángel González y su familia.

Pero no hay dos o más bandos ideológicamente encontrados. La inmensa mayoría de la población es crítica a la corrupción e impunidad, y es por ello que las dirigencias sociales han optado por hacerla pública, evidenciando su amplitud social y profundidad.

Este no es un paro de derechas o izquierdas, pues lo que está en cuestión no es la orientación social y económica del Estado. La acción política, esté orientada a favorecer a las grandes mayorías o a los sectores dueños de la riqueza, debe tener como principio fundamental la transparencia y probidad, cuestiones que en Guatemala han dejado de ser apreciadas y ejercidas desde la época de los regímenes militares de las décadas de los años sesenta y setenta del siglo pasado hasta nuestros días.

Abolir la corrupción no es cuestión de ideologías, es una necesidad para el buen funcionamiento de las instituciones, tanto públicas como privadas. La corrupción nos afecta a todos y en todos los espacios de nuestra vida social, pues la apropiación indebida de bienes y servicios y su no castigo nos transforma en seres oportunistas, hipócritas y malintencionados, dependientes del clientelismo y el tráfico de influencias.

No será fácil ni inmediata la abolición de la corrupción, pero con acciones como estas estamos dando pasos firmes para conseguir una sociedad menos fragmentada y mejor atendida.

El paro reclama demandas concretas y básicas, dirigidas de manera clara al Congreso de la República, que entró en crisis de legitimidad al convertirse en la instancia pública donde la lucha contra la corrupción y la impunidad se ha empantanado. Por ello la demanda de revisar y aprobar el pedido del retiro de antejuicio al presidente Morales es el eje de las demandas. No se trata de un linchamiento político con intereses sectarios, se trata de hacer que los posibles delitos electorales cometidos por el actual presidente sean aclarados frente a un juez.

Pero también se exige la renuncia de los cuatro diputados que abanderaron la aprobación de las cuestionadas iniciativas de ley que abrían de par en par las puertas a la impunidad. Su manejo irresponsable, autoritario y falaz de la figura de moción privilegiada, que obliga a votaciones express sin mayor debate, es la causa de la crisis profunda en la que a partir de la semana pasada se ha sumido al Congreso y las instituciones del Gobierno. Su retiro es una cuestión indispensable para poder reorientar el funcionamiento del estado.

Distintos sectores tendrán sus propias exigencias, unas de mayor alcance histórico y social que otras, pero el punto de partida y cohesión son esas demandas mínimas, que permiten la participación de los más amplios y variados sectores, de tal manera que solo los que abierta y decididamente estén a favor de la corrupción y la impunidad puedan rechazarlo.

Es, pues, momento para que los liderazgos empresariales dejen de lado su tendencia a dirigir desde sus gabinetes la vida política y social del país y, humildemente, se sumen al paro, sin poner condiciones. Si en el corto plazo sus intereses pueden ser afectados por estar estrechamente vinculados a la corrupción, en el largo y mediano plazo la transparencia y probidad en todas las transacciones permitirá que tanto ellos, como los distintos sectores económicos, salgamos fortalecidos.

Desde gAZeta saludamos con entusiasmo y optimismo el actuar responsable y sincero de las distintas y diferentes dirigencias sociales, en su mayoría jóvenes que apuestan por construir un país diferente, donde la honestidad y la decencia en la gestión pública y económica sea la base. Las medidas de control y seguridad establecidas permitirán que la marcha y la concentración se realicen con tranquilidad, mientras que los participantes deberán estar atentos para evitar y marginar todo intento por provocar y producir actos violentos.