Una semana sangrienta, con desaciertos en las decisiones gubernamentales, coloca al país como en las peores épocas de los regímenes militares de Lucas García, Ríos Montt o Mejía Víctores.

Dos dirigentes campesinos fueron vilmente asesinados en distintos lugares del país, apenas días después de que el presidente Jimmy Morales atacara irresponsablemente a Codeca en su discurso de agradecimiento a los locatarios del mercado de La Terminal, por apoyarlo en la su lucha por mantener la impunidad y el Pacto de Corruptos en el país.

Si todo crimen debe ser enérgicamente repudiado, estos dos deben serlo aún más, pues revisten características de crímenes políticos, protegidos desde los oscuros galpones de los aún no eliminados cuerpos paramilitares de la guerra sucia, con la anuencia, si no es que con la autorización, de las altas autoridades civiles y militares locales, y, posiblemente, de la nación.

El coordinador organizativo y político de la región oriente de Codeca, Luis Arturo Marroquín, era un líder social ampliamente conocido en el departamento de Jalapa. Su posicionamiento digno y le había llevado a ser parte de la corporación municipal de San Pedro Pinula, de donde era originario, con serias posibilidades de ganar la alcaldía en las próximas elecciones. El asesinato de José Can Xol reviste características similares, pues era un dirigente comunitario conocido no solo en la aldea Basilá, Cobán, sino en toda la región del Polochic, siendo líder en las Verapaces del Comité Campesino del Altiplano –CCDA–, activo aliado del Consejo del Pueblo Maya –CPO– en las elecciones recién pasadas y ahora, además, aliado de Codeca. Los asuntos de la tierra y de los pueblos originarios no pueden ser resueltos a balazos, y el Estado, a través del Gobierno presidido por Jimmy Morales, tiene la obligación, no solo de proteger a los dirigentes, sino de agilizar la investigación para dar con los responsables.

Es por ello que el sorpresivo pedido de retiro de los embajadores de Suecia y Venezuela suena a un intento desesperado por alejar cualquier crítica que, debidamente procesada, redundaría en el mejoramiento de la gestión pública. Hacer público tan extraño e inusual pedido, sin presentar ante la opinión pública las razones que lo motivaron, conduce a suponer que tiene mucho que ver con el interés del gobernante por cubrirse de un manto de impunidad y así evitar presentarse, ante tribunal competente, a desvanecer los cargos que el Ministerio Público, con el apoyo de la Cicig, le ha hecho.

La expulsión de la embajadora de la República Bolivariana de Venezuela suena a un intento más por congraciarse con lo más rancio y oscuro de las derechas del mundo, y así comprar aliados para seguir esquilmando los bienes públicos y huir del castigo por los delitos electorales de los que se le acusa. Puesto del bando de los supuestos buenos, Morales considera que podrá sortear impune, no solo los meses que le quedan en el poder, sino el resto de su vida. Hacer lo mismo con el embajador de Suecia confirma la hipótesis, pues se trata de un diplomático que ha dado muestras de no dejar pasar por alto crímenes de fuerzas militares, así sean de las grandes potencias, como lo demostró al insistir en el juicio a soldados franceses por crímenes sexuales cometidos en la República Centroafricana, actitud que le llevó, luego de ser acusado y absuelto de cargos por supuesta difusión de información confidencial, a renunciar a su carrera como diplomático internacional.

Pedirle públicamente a un diplomático su retiro del país, sin declararlo no grato, es un procedimiento raramente utilizado, pues cuando el rechazo es debido a comportamientos personales, lo usual es usar el diálogo de alto nivel para evitar conflictos políticos. Morales y Jovel optaron por mezclar las cosas: hacer públicos los pedidos, que solo se acostumbran cuando es declaración de no agrado con cuestiones de trascendencia política, diciendo que es un asunto con las personas y no con los Estados. Posiblemente se procedió así porque, de declarar no grato al embajador Kompass, Suecia se vería en la necesidad de actuar con reciprocidad inmediata, regresando en seguida a Guatemala al yerno del vicepresidente Jafeth Cabrera, lo cual afectaría la vida familiar de este silencioso aliado que tiene, en ese país nórdico, a dos de sus hijos, una de ellos casada con el actual y neófito embajador guatemalteco.

El Gobierno de Jimmy Morales día con día se hunde cada vez más en la inoperancia e ineficiencia. Obcecado en mantenerse en la impunidad, todos sus actos se orientan hacia ello, pero se está quedando sin recursos para satisfacer las voraces demandas de sus ya pocos aliados. El magisterio le exige cumplir con la firma del pacto colectivo, negociado en secreto y desconocido hasta por los más próximos al líder sindical, pero el Congreso no logra agendar el punto para aprobar el incremento en el presupuesto, fundamentalmente porque en el hemiciclo le han aumentado el precio.

Morales partirá de fiesta a Jerusalén, extrañamente acompañado hasta del hermano que, sometido a proceso y con medida sustitutiva, obtuvo autorización judicial para participar en un evento en el que no tiene ninguna función. El país queda sumido en un baño de sangre, consecuencia de su explícita criminalización de la protesta social, e internacionalmente cada vez más aislado por su terca actitud para mantenerse impune.