Cuando, el presidente Jimmy Morales, al inaugurar el Congreso Laboral del Cacif, afirmó que «Un convoy del Ejército construye 1 mil kilómetros al día, un equipo del CIV construye 600 kilómetros, con la misma maquinaria. Lo que puedo decir es que a pesar de eso, no puedo hacer crecer el Ejército», Morales estaba diciéndonos que no entiende nada de la gestión pública, mucho menos de las funciones de un jefe de Estado en una sociedad democrática.

Aceptando, sin conceder, que tal afirmación fuera cierta, pues no solo el volumen de kilómetros trabajados resulta una exageración irresponsable, sino por el equipo con el que una y otra institución cuentan, romper con la ineficiencia del CIV sería exactamente su tarea como mandatario, y no hacernos suponer que poner bajo el fuete de oficiales, con tendencia a la corrupción y el autoritarismo, a una masa de soldados silenciados es la solución. Si un área del Gobierno no cumple con efectividad y eficiencia con sus tareas, como sería en este caso el ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-, lograr que lo haga es responsabilidad de su jefe que, en estos momentos y para tragedia del país, continúa siendo Jimmy Morales.

Su errática comprensión del Estado y la función pública es tal que lo lleva a imaginar que las organizaciones regidas por estructuradas autoritarias y poco transparentes son la solución para el buen funcionamiento del Estado.

Sin embargo, el Ejército, producto de la opacidad en el manejo de los fondos públicos, de sus mecanismos de asenso y el predominio de una doctrina militar desfasada y ahistórica, es actualmente una institución en serio deterioro, tal y como lo demuestran las últimas detenciones de los coroneles Otto Fernando Godoy Cordón en Péten, acusado de narcotráfico, y la de Ariel Salvador de León, acusado de liderar y beneficiarse de las extorsiones a pequeños empresarios y trabajadores, supuestamente por parte de la Mara Salvatrucha en Quetzaltenango, ambos de alta en la institución armada y responsables no solo de tropa sino de manejo de armamento y recursos.

Si el Ejército, en la hipótesis de que fuera ya una institución eficiente y transparente, no sería el indicado para resolver los problemas de infraestructura, mucho menos lo es en las condiciones en que se encuentra, resultando falaz, por lo tanto, afirmar que la institución armada es más eficiente que el CIV. Corresponde al jefe de Gobierno hacer eficientes ambas instituciones, haciéndolas cumplir a cabalidad las responsabilidades que por ley les corresponden.

Mentiroso compulsivo, durante su campaña para la presidencia negó, hasta la saciedad, tener por detrás a militares vinculados a los momentos más oscuros de la historia política del país, cuando ya desde entonces se sabía que personajes como Edgar Ovalle, ahora prófugo de la justicia, era uno de los principales dirigentes de su organización, y que otros más, como los Melgar Padilla, con tenebrosos antecedentes, también eran parte de su círculo de confianza.

La institución armada, conducida irresponsablemente por el presidente Morales y sus altos mandos, está siendo llevada a niveles alarmantes de descomposición y pérdida de sentido. Tuvo que hacerse más que evidente la presión extranjera para que se suspendieran los patrullajes de soldados acompañando a agentes de la Policía Nacional Civil, actividad en la que durante dos años de su mandato insistió, a pesar de que no existe evidencia empírica que demuestre la eficiencia de esa acción y ese gasto.

Si la eficiencia de la gestión pública no se mejora militarizando al Estado, tampoco es cierto que este no sea responsable de la dinamización y consolidación del empleo, como la otra cara que el presidente quiere hacernos creer. Para quedar bien con sus ahora demostrados ilegales financistas, Jimmy Morales se ha convertido en uno de los mayores críticos de las decisiones de la Corte de Constitucionalidad que exigen que las concesiones mineras estén, al menos, apegadas a derecho y se consulte a las comunidades sobre su aceptación, insistiendo que eso detiene el desarrollo del país.

En las regiones amenazadas por la minería, como en las que el cultivo de amapola es una anual reincidencia, el Estado debe diseñar políticas de desarrollo agroindustrial y, sobre todo, convertir el turismo en la gran industria sin chimeneas, tal y como ya lo han logrado Panamá y Costa Rica, que en el índice de competitividad de viajes y turismo 2017 del Foro Económico Mundial ocupan los lugares 35 y 38, respectivamente, mientras Guatemala, con muchas más ofertas turísticas para hacer, se encuentra sumida en el puesto 86, de un total de 136 países evaluados. Cierto, sus niveles de escolaridad son más altos que el de Guatemala, y los de pobreza mucho menores.

Morales debe, pues, aceptar que para gobernar un país con tantas potencialidades pero significativas carencias, provocadas precisamente por décadas de regímenes militares sanguinarios y corruptos, la solución no está en la militarización, como tampoco en una liberalización irresponsable de la explotación de los trabajadores. Al país le urge un estadista con visión de futuro y de sociedad, y él, definitivamente, no lo es, pero más peligroso resulta aún, para la estabilidad política, querer descargar todo el peso de su gestión en un Ejército por demás desacreditado.