Causa una preocupación profunda la reforma del Artículo 407 N del Código Penal sobre el delito de financiamiento electoral ilícito por parte del Congreso de la República para atender la solicitud de la Corte de Constitucionalidad en el sentido de observar los principios de proporcionalidad, racionalidad y justicia. La lucha por sanear a los partidos políticos y la posibilidad de transparentar los asuntos públicos puede sufrir un traspié muy grande si la regulación penal ahonda aún más la impunidad de quienes han conducido al Estado a una descomunal crisis.

Los poderes reales que operan en el país y las máximas representaciones en los tres organismos del Estado, durante los últimos años, han conducido al conjunto de la sociedad a vivir en la pobreza y la injusticia, así como al fracaso del proyecto democrático y de oportunidades como lo fueron los Acuerdos de Paz. Descartar la penalización efectiva del financiamiento electoral ilícito constituye un acto de cinismo que solo favorece aún más la impunidad que durante décadas ha hecho inviable la vida en el país.

De hecho, con las declaraciones recientes de los señores Estuardo González y Juan Carlos Monzón, como testigos protegidos en los casos de La línea y de Cooptación del Estado, se develan secretos a voces y nuevas versiones de la pérdida total de racionalidad y actos contra los principios mínimos de la convivencia social por parte de los funcionarios públicos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de miembros de las familias más adineradas del país, grupos empresariales y miembros del crimen organizado.

Los testimonios no dejan sector o ámbito libre de señalamientos de corrupción, sea el mundo de las telecomunicaciones, embotelladoras, restaurantes de comida rápida, la radio y televisión, la salud, la educación, la seguridad, la electricidad, la banca o el ámbito institucional del Tribunal Supremo Electoral, el Registro Nacional de las Personas, la Superintendencia de Administración Tributaria, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, alcaldías, la Comisión de Energía y Minas, el Instituto Guatemalteco de Turismo e incluso embajadas guatemaltecas en diferentes países. Particular mención se puede hacer del dinero que, según Monzón, otorgaron empresas como Tigo, Pollo Campero, TIGSA, Fertilizantes Maya, Blue Oil, la Coporación J.I. Cohen, entre otras. O personajes como Gustavo Alejos, Felipe Bosch, Gustavo López Calderón, Christian Boussinot y Juan Luis Bosch -quien, atribuyéndose el ejercicio de un poder omnímodo, declaraba inocente a Jimmy Morales de cualquier acto de corrupción en la más reciente convención de Fundesa-.

Los mensajes para la ciudadanía son claros y contundentes con relación a cómo el financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales han violado la ley y se prestan para limitar la naturaleza misma de nuestra vida en común volviéndola imposible. La irracionalidad de quienes se apropian indebidamente de los recursos del Estado, hasta el punto que sus robos sobreexceden las condiciones de uso y satisfacción de los bienes adquiridos, se agravan cuando esto constituye una condena para millones de niños, pobres, enfermos, indígenas y mujeres. Tampoco podemos dejar de poner atención a los delincuentes que pretenden, desde el Congreso, regular acerca de sus propios delitos y las penas que purgarán por las violaciones cometidas.