Editorial

A un año del lamentable suceso en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción que resultó en la muerte de 41 niñas quemadas, el Estado ha sido incapaz de dar respuestas contundentes a las familias, haciendo justicia y atendiendo al resto de niñas que fueron víctimas de daños físicos y psicológicos. La tragedia que podría bien catalogarse como una masacre develó, no solo los malos tratos por parte de las instituciones públicas responsables de la protección y del cuidado de las niñas y adolescentes, sino también la victimización de las menores de edad en redes de trata, el abuso y acoso sexual. Varios fueron los casos de niñas que prácticamente fueron violadas y embarazadas en dicho centro.

La propia Constitución Política de la República que da legitimidad a la vida en común reconoce que «El Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores de edad… Les garantizará su derecho a la alimentación, salud, educación y seguridad y previsión social». La precisión de este precepto legal exige reconocer que «Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho fundamental a la vida. Es obligación del Estado garantizar su supervivencia, seguridad y desarrollo integral. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la protección, cuidado y asistencia necesaria para lograr un adecuado desarrollo físico, mental, social y espiritual», como lo señala la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Por tanto, expresa igualmente que para el cumplimiento de los derechos humanos básicos de esta población la aplicación de las leyes debe estar «a cargo de órganos especializados, cuyo personal deberá tener la formación profesional y moral que exige el desarrollo integral de la niñez y adolescencia».

Por un lado, la entidad responsable de la protección de los menores de edad que por razones de violencia intrafamiliar, abandono, problemas de indisciplina, procesos jurídicos vinculados a la familia y otros son institucionalizados, carece de la especialización requerida y claramente se encuentra sujeta a intereses políticos. De hecho, la Secretaría de Bienestar Social cuya misión es ser «una institución especializada en la atención a la niñez y adolescencia vulnerada y amenazada en sus derechos, mediante programas y servicios de prevención, protección integral, reinserción y resocialización a nivel nacional con equidad e igualdad», se ha convertido en un organismo con autoridades que desconocen los derechos de la niñez, la manera como deben ejercerse y que más bien han permitido el abuso y la vulneración de la dignidad de la población a su cargo. Posterior al asesinato de las niñas la SBS ha cambiado tres veces de directora y no se ha comunicado a la ciudadanía qué avances se han realizado para ofrecer la protección efectiva a la niñez desamparada.

Por otro lado, desafortunadamente las políticas relativas a la primera infancia, la niñez y la adolescencia no tienen la prioridad debida y su inversión se reduce a tal punto que prácticamente se excluye a la mayoría de la población constituyéndose en un factor que favorece la desigualdad, la marginación y la jerarquía social. Prueba de ello son los estudios sobre la inversión en la primera infancia, la niñez y la adolescencia que demuestran que el Estado sigue insensible a estas necesidades.

El horror de la niñez también conduce a la corresponsabilidad de un conjunto de instituciones que de una u otra manera intervinieron en este hecho, entre ellas la Procuraduría General de la Nación, la Policía Nacional Civil, la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Organismo Judicial, quienes supieron de la situación y por acción u omisión no se opusieron a los hechos previos que ocasionaron el amotinamiento de las niñas, ni previnieron la ocurrencia del incendio y sus consecuencias.

El recuerdo de las 41 niñas fallecidas y de las sobrevivientes debe conducir a que las instituciones del Estado correspondientes den a conocer los planes y acciones en favor de la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia en Guatemala como parte de la prevención de hechos similares, pero particularmente para dar sentido al propio marco legal guatemalteco. A su vez, es necesario que avance el proceso judicial y se determinen las responsabilidades correspondientes.

0 Commentarios

Dejar un comentario