La lucha contra la corrupción y la impunidad no tiene ideología, como tampoco tiene propietarios, es el esfuerzo constante de una sociedad porque los distintos organismos del Estado funcionen en y para el servicio de todos los ciudadanos.

Pero la probidad se practica no solo porque la sociedad lo exige, sino porque existen, en el aparato del Estado, un conjunto de agencias que la hacen posible. Una de estas, tal vez la principal, es el Organismo Judicial. Sin jueces y magistrados que apliquen de manera estricta la ley no hay posibilidades que el combate a la corrupción y la impunidad se lleve a cabo. El juez, como las partes acusadoras, no pueden tener intereses particulares de por medio, de ninguna índole ni especie. No pueden retorcer la ley o inventar soluciones, al estilo de la jueza Domínguez, quien recientemente concedió al general Melgar Padilla un derecho inaplicable, facilitando con ello una posible fuga, como ya sucedió cuando amparó, también ilegalmente, al ahora exdiputado Edgar Ovalle, prófugo de la justicia por crímenes contra la humanidad. No pueden haber disposiciones y sanciones diferentes para delitos y crímenes iguales, la discrecionalidad del juez solo puede ser aquella que la misma ley le permite.

De allí que la elección y nombramiento de jueces y magistrados sean cruciales para que una sociedad funcione y prospere en beneficio de todos y cada uno de sus ciudadanos. Los mecanismos y procesos para realizarlo deben ser transparentes, con reglas claras y, de nuevo, de aplicación general. Los seleccionadores no pueden tener la posibilidad de escoger según sus intereses y visiones ideológicas.

El grave error de las comisiones de postulación estriba en que poseen un amplio margen de discrecionalidad, lo que ha permitido que se favorezcan a unos en detrimento de otros, todo a cambio de beneficios otorgados por personas ajenas al proceso. Si bien la carrera judicial es, posiblemente, una de las que mejor estructuradas se encuentran en el servicio público, los ascensos y nombramientos no se corresponden con los méritos reales obtenidos durante el servicio. El papel de las comisiones tendría que centrarse, única y exclusivamente, en un exhaustivo listado de méritos indispensables para optar a los cargos, así como una objetiva ponderación de los mismos, para dejar el proceso de selección a técnicos, que no puedan modificarlo.

La corrupción se controla significativamente cuando los que ejercen el poder público, en sus distintas instancias y niveles, no son agentes de empleo, resultándoles imposible dar cargos con sueldos a amigos, parientes o correligionarios, estén o no capacitados para ejercerlos. Cuando de conserjes a magistrados, pasando por policías, maestros, médicos o promotores agrícolas, todos han obtenido la plaza a través de un concurso público, no hay posibilidad de exigir pago de favores, y el funcionario se debe si y solo si a la ciudadanía que debe servir.

La detención de Sergio López Villatoro, conocido como «el rey del tenis», y de varios magistrados es, posiblemente, el golpe más importante que la Cicig y el MP han dado a los grupos delincuenciales enquistados en los poderes públicos. La persecución a jueces corruptos y sus corruptores es una acción indispensable si, en serio, queremos poner el Estado al servicio de la sociedad.

No es posible llevar a cabo agendas de transformación social si la corrupción y la impunidad prevalecen. Jueces, policías y agentes del Ministerio Público solo podrán estar al servicio del ciudadano si, además de haber obtenido el cargo por mérito propio y sin intermediación de nadie, no tienen la menor posibilidad de venderse o favorecer a determinado sector. Son jueces y magistrados honestos los que han fallado en favor de la sociedad en los casos de la minería e hidroeléctricas, pero han sido los corrompibles los que han favorecido a los poderosos.

Es por ello que, si bien la lucha contra la corrupción y la impunidad no tiene ideología, también lo es que solo se podrá impulsar una agenda efectivamente progresista y democrática cuando aquellas estén efectivamente bajo control, de allí que luchar y movilizarnos contra la corrupción es tarea de todos.