El engranaje de la impunidad está bien aceitado y todas las piezas están ya en su lugar. Pese a los múltiples llamados de alerta y preocupación sobre la fragilidad en la que se encuentra la incipiente y desgastada democracia en Guatemala, ni la ciudadanía, ni la comunidad internacional han podido poner un alto al abuso y la ambición desmedida y criminal de los grupos de poder que dirigen el país.

Ni siquiera los claros mensajes traducidos al español y con remitente directo que han enviado el Departamento de Estado y del Senado de Estados Unidos se han hecho escuchar por esos oídos que solo están dispuestos a oír el sonido del dinero acumulándose sin cesar.

Cuando se cree que Guatemala ha tocado fondo, la alianza criminal demuestra que la caída hacia el abismo apenas comienza y como criaturas rastreras que conocen y se bañan en el fango, llevan a la población entera directo hacia su cloaca.

Arrebatado el país, ahora arreglan el Estado a su conveniencia, agotando la más mínima posibilidad de respuesta. Esta semana se vieron claros ejemplos de ello, como la descarada e insultante sentencia dictada contra una de las personas sindicadas en uno de los casos que ejemplifican claramente cómo es que, coludidos, empresarios, funcionarios públicos y operadores de justicia sustraen de los bolsillos rotos de la población hasta el último centavo, beneficiándose con contratos millonarios y jugosas comisiones para funcionarios. Así, el empresario de la construcción, Jaime Aparicio, quien sobornó a funcionarios, con alrededor de 8.2 millones de quetzales para que le fuera adjudicado un contrato igualmente millonario, saldrá libre, pues su pena es conmutable y su reparación: una ambulancia.

Acaso el pueblo merece esta bofetada, cuando el robo del erario nacional incide directamente en la calidad de vida de los guatemaltecos, como el acceso a la educación, seguridad, transporte, fuentes de empleo y, ante todo, a la salud, en el marco de una pandemia que pareciera que llegó al país para quedarse, dada la incapacidad indolente del Gobierno.

La cruzada contra toda posibilidad de justicia, la erradicación de la corrupción y la dignidad humana ha iniciado en la forma que más gusta a los fanáticos fundamentalistas, vengando la grave afrenta de la democracia y el marco del respeto a los derechos humanos, inconcebible para ellos.

Por eso, comienza a avanzar la más que mediocre producción legislativa, pero solo para garantizar el despojo absoluto y conceder más y mayores privilegios, aprobando la mal llamada reactivación económica. Mientras, la Corte de Constitucionalidad hace lo propio, trayendo al suelo resoluciones por vulneraciones a los derechos humanos a través de una legislación inconstitucional, como la llamada ley mordaza, el Decreto 04-2020, que reforma la Ley de Organizaciones no Gubernamentales, transformando la regulación en criminalización de aquellos grupos que realizan auditoría social y, ciertamente, que atienden problemáticas que la institucionalidad del Ejecutivo no tiene la capacidad ni el interés de atender.

Permitiendo que esta ley cobre vigencia, el Gobierno, a todas luces de corte fascista, tiene carta abierta para la cancelación de organizaciones y asociaciones que no se plieguen o que representen oposición y denuncia a sus desmanes, dando carta abierta al peligroso ministro de Gobernación, quien ya dio muestras claras de que está dispuesto a sacar los ojos de quienes se atrevan a manifestar y que fue defendido por diputados que, en medio de la interpelación, mostraron el desprecio que sienten por la población.

Mientras la Corte de Constitucionalidad notificaba a las partes, diputados captaban la atención mediática, rasgando sus vestiduras y aprobando un punto resolutivo en solidaridad con Israel, lo cual sería importante si se hablara de la búsqueda de la paz y erradicación de la violencia contra los pueblos de esa región y del mundo, y no criminalizando a las poblaciones civiles que han sido víctimas de la guerra, pero qué se puede esperar de los representantes del negacionismo, que gritan que en Guatemala no hubo genocidio, que tachan de mentirosas a las mujeres que fueron víctimas de violencia y esclavitud sexual durante el conflicto armado interno, los mismos que en sus discursos demuestran que no han superado la Guerra Fría y que buscan a toda costa regresar a Guatemala a sus añorados años setentas y ochentas, en los que la represión era la solución a sus problemas de abuso de poder.

Los pueblos en resistencia contra megaproyectos, la libertad de prensa y de asociación continúan en la lista, sin dejar de lado la persecución penal contra quienes han alzado la voz y acertaron golpes a la impunidad.

Años oscuros deparan a este país que no logra avanzar ni alcanzar la dignidad humana. La pandemia ha golpeado a miles de familias, como lo ha hecho la pobreza, la inseguridad, la violencia, pero lo que realmente nos está aniquilando es este gobierno que es un sirviente y militante útil de la alianza criminal, es un cobarde antisocial y una maldición para Guatemala.