El gobierno de Alejandro Giammattei ha sumido al país en una de sus peores crisis sanitarias. A su personal autoritarismo y prepotencia, se suman la incapacidad e improvisación extremas, lo que en el combate a la pandemia del COVID-19 se ha traducido en desorden, empobrecimiento de los más pobres y, sobre todo, desconfianza en las informaciones y disposiciones gubernamentales.

Considerando cualquier indicador o estudio especializado, se descubre rápidamente que el Gobierno guatemalteco ha enfrentado la pandemia de una manera más que irresponsable e improvisada. Si bien el sistema público de salud está destruido e incapacitado para atender las más mínimas necesidades sanitarias, el lento aumento de los contagios de COVID-19 habría permitido que, con una visión estratégica como la impulsada durante la gestión de la doctora Hernández Mack, los inmensos déficits en atención primaria podrían haber sido satisfechos, permitiendo que en estos momentos los procesos de vacunación no fuesen caóticos y dispersos, como han sido.

El Gobierno, perdido en sus improvisaciones y en la terca actitud por cooptar las cortes de justicia, ha dejado ir la oportunidad de reorganizar de manera efectiva el sistema de salud. Ninguna inversión seria se ha hecho para fortalecer centros y puestos de salud, no se diga en la contratación de promotores y salubristas. Obsesionados en aparecer y mostrar falsos resultados, el gobernante y su equipo se han dedicado a inaugurar hospitales, posiblemente porque es en la obra gris en la que los amigos y funcionarios pueden obtener ilegales beneficios.

Sin más visión que los estrechos intereses por conceder impunidad a aliados y secuaces, la mayoría oficialista en el Congreso no aprobó recursos para la adquisición de vacunas en 2020, lo que puso al país en desventaja para conseguirlas. La falaz fanfarronada de que «por el buen manejo de la pandemia, Guatemala no era elegible para adquirir vacunas en el primer momento» no puede creerla ni un niño de preprimaria, pues es de todos conocido que los laboratorios que se lanzaron a la elaboración y producción de vacunas contra el coronavirus, lo hicieron con intereses comerciales, contando además con fuertes subsidios de los gobiernos donde tienen establecidos sus laboratorios.

Pedidos de millonarias dosis, con pagos por adelantado, fue la práctica mundial durante todo el segundo semestre de 2020. Alianzas de gobiernos con laboratorios para el test de sus vacunas fue una manera de conseguir preferencia en las ventas. Guatemala ni le propuso a nadie colaborar en ese mundial esfuerzo ni salió rápidamente a establecer compromisos de compra. Y no fue por falta de recursos, pues, como ningún otro gobierno anterior, este ha contado con la chequera en blanco, como consecuencia de los estados de emergencia que el Congreso de la República le autorizó, permitiendo que no tenga casi ninguna restricción para sus compras.

Argentina, por ejemplo, ya en el mes de octubre estaba negociando con Rusia. Chile, por esos mismos días, hacía lo mismo con China. Guatemala, feliz y silbando, llegó tarde a la convocatoria de Covax, tal y como varios columnistas de gAZeta lo denunciaron en su momento. Pero, además, ese sistema estuvo siempre pensado para apoyar a los países pobres, y Guatemala, gracias al denodado esfuerzo de los migrantes que puntualmente envían remesas a sus familias, no es un país en harapos, aunque más de la mitad de sus habitantes vivan en esas condiciones.

Tal es el desorden e incapacidad de este Gobierno que fue hasta finales del mes de febrero cuando su amado aliado, Israel –por cuyo gobernante serían capaces de dar su sangre–, cual migajas tiradas a los perros, nos regaló cinco mil dosis de las vacunas de Moderna, útiles apenas para vacunar a uno que otro astuto alcalde y a amados y reverenciados generales. Mucho más magnánima fue la limosna que el Gobierno de India dio a Guatemala, el cual, al vernos en trapos de cucaracha, envió doscientas mil dosis de Covishield, la versión de AstraZeneca elaborada y envasada en ese país. Una gota de agua en el mar, que rápido aprovecharon los estudiantes de los primeros años de medicina y odontología de la Universidad Francisco Marroquín, quienes para nada están entre los que a diario combaten la pandemia y que, con certeza, ni siquiera serán voluntarios en los puestos de vacunación que algún día se instalarán en los distintos municipios del país.

No fue sino hasta mediados del mes de marzo que el primer lote de 81 600 vacunas adquiridas por el mecanismo Covax llegó al país, al que se le han sumado 321 600 dosis más que por ese mismo mecanismo llegaron el 29 de abril. Las primeras 50 000 dosis adquiridas a Rusia apenas llegaron hace algunos días, luego de varios falsos anuncios emitidos por el Gobierno respecto a la inminente llegada de cientos de miles, adquiridas solo cuando el Gobierno entendió que las limosnas no llegarían más, y que las adquiridas por el mecanismo Covax llegarán a cuentagotas.

Cuando en países como Costa Rica, con menos de una tercera parte de población que Guatemala, al 6 de mayo se han aplicado 11.8 dosis de la vacuna por cien mil habitantes, y en El Salvador a 14.8, en Guatemala apenas se ha aplicado 1.05 dosis por cada cien mil habitantes.

No hay, pues, para nada un buen manejo de la pandemia. Guatemala no está en la lista de los países cuyos habitantes pueden recorrer el mundo sin restricciones, como sí son los casos de Australia, Finlandia, Islandia, Nueva Zelanda, Singapur y Corea del Sur. Estos gobiernos y sus habitantes sí pueden presumir que han sabido manejar la pandemia. En el mundo actual, ni siquiera los esfuerzos del Reino Unido son aún considerados exitosos, a pesar de que sus contagios en las últimas semanas han caído a menos de treinta por cien mil habitantes y los fallecidos se aproximan a cero.

En el manejo de la pandemia, según el Instituto Lowy, Guatemala ocupa el lugar 91 de 116 países evaluados. El país ocupa el puesto 82, si se considera el total de pruebas aplicadas por millón de habitantes, lo que pone en seria duda la información que de contagios diarios y semanales se ofrece. A la par de ello, inmunizar a la población, en particular a los que más riesgo de muerte pueden correr parece ser algo que apenas preocupa al Gobierno. Tal vez porque en ese negocio no han encontrado la manera de favorecer a amigos y secuaces.

Por cuestiones como estas, hay cientos de miles de personas en las calles de Colombia, mas en el país parece que con el golpe a las cortes de justicia nos han dejado «estancados», y no hay vecino alguno que nos venga a gritar «libre».