La corrupción tiene dos dimensiones entre sí relacionadas: el aspecto moral y el delito. La corrupción moral refiere a la integridad de los individuos para regir su comportamiento, sus actitudes y creencias por valores sociales dentro de un marco ético ciudadano. La corrupción ilícita, por el otro lado, es un comportamiento reñido con la ley y por tanto objeto de persecución, juicio y condena por parte del Estado.
América Latina ha sido por décadas azotada por la corrupción de la cosa pública. Se considera que ha habido una corrupción estructural que ha impedido el desarrollo y acentuado las diferencias sociales. También ha sido una forma indirecta de dominación por parte de los grandes capitales internacionales, ya que al penetrar con sobornos y coimas a los Estados soberanos, se consiguen no solo contratos y ganancias sino una influencia innegable en el manejo de la gestión pública. La corrupción se realiza bajo la mesa, clandestinamente. O sea, se trata de cuerpos ilegales incrustados en el Estado o en alianza con políticos corruptos. De ahí que la corrupción es la enfermedad que penetra los Estados afectando verdaderamente la soberanía y no lo contrario, es decir, la lucha estructural contra la corrupción es en cambio soberanía.
La interacción de corrupción moral y corrupción criminal produce la cultura de la ilegalidad. Se convierte en una práctica no escrita y aceptada que incluye múltiples acciones en el ámbito social, desde parquear un vehículo en un lugar prohibido hasta defraudar millones al Estado.
En el acto corrupto no entran las ideologías. Roban por igual izquierdas y derechas. Y cuando un proyecto serio, institucionalmente legítimo, avanza en la lucha contra la impunidad y la corrupción, utilizan perseguidos y acusados, la falacia de que se está judicializando la política.
En Guatemala se lleva un experimento mundialmente único con la implementación de la Comisión Internacional contra la Impunidad -Cicig-, producto de un acuerdo bilateral entre el Estado guatemalteco y Naciones Unidas, financiado con fondos canalizados por la ONU. El mandato de la Cicig es apoyar al Ministerio Público en las rigurosas y arduas tareas de investigación, al mismo tiempo que transferir capacidades y hacer recomendaciones al Estado de Guatemala.
Los resultados del trabajo de la Cicig, con especial énfasis bajo la jefatura del comisionado Iván Velázquez, han sido reconocidos internacionalmente y también a nivel interno de Guatemala. La Cicig y el Ministerio Público han logrado mucho en casos presentados a la opinión pública con transparencia y profesionalismo. Se ha comenzado a desmantelar el flagelo de la corrupción estructural del Estado y del sector público en Guatemala. Ha sido un trabajo objetivo que no ha hecho excepciones. Por ejemplo, la Cicig y el MP investigaron y acusaron al hermano del presidente Jimmy Morales y al hijo del mismo por un caso de corrupción. También lo han hecho con el alcalde Álvaro Arzú, el expresidente Álvaro Colom y con el mismo mandatario Jimmy Morales, quien acumula ya varios pedidos de antejuicio, parados por el Pacto de Corruptos en el Congreso de la República.
A Jimmy Morales diversos actores le han endilgado, entre otros ilícitos, la responsabilidad en el caso de la masacre de niñas en el Hogar Seguro, acontecida el Día Internacional de la Mujer el año pasado y rechazada por la Corte Suprema de Justicia. Asimismo los bonos militares y financiamiento electoral ilícito detenidos por el Congreso de manera dudosa.
El efectivo trabajo de la Cicig ha levantado ronchas y reacciones defensivas de parte de los inculpados. Es el caso del mismo presidente Morales que mantiene una lucha abierta y torpe contra la Cicig para detener los procesos anticorrupción y regresar el país a la situación anterior de impunidad.
Un ejemplo de la actitud y del comportamiento del Ejecutivo, es la fracasada misión de la canciller Sandra Jovel a Estados Unidos, enviada para pedir la remoción del comisionado y un ajustamiento indebido del mandato de la Cicig. Valga recordar que la misma canciller fue acusada por la Cicig de una adopción ilegal, en un caso sobreseído que dejó dudas.
Pretendió la canciller desvirtuar el acuerdo entre Guatemala y Naciones Unidas, aduciendo la afección a la soberanía nacional. Argumento falso y pésimamente planteado. También acusó a la Cicig de no respetar la presunción de inocencia, dando muestras absolutas de desconocimiento de la función acusadora del Ministerio Público y del papel de la Cicig en la colaboración con el mismo. En Guatemala la canciller Sandra Jovel afirmó que «el problema no es la Cicig sino el comisionado Iván Velázquez». Según el periódico español La Vanguardia, Jovel habría dicho del comisionado Velázquez que es «un hombre ingrato, casi un villano». También han informado otros medios que llegó a la torpeza de preguntar si Naciones Unidas resarciría a las «víctimas» de la Cicig, es decir que la canciller confunde soberanamente la función de la Cicig y el MP con la de los jueces que son los que deciden ligar o no a proceso a los inculpados y quienes también deciden sobre prisión preventiva.
En definitiva y a pesar de los embates de las fuerzas oscuras, esta lucha frontal contra la corrupción, que le ha dado a Guatemala una merecida vanguardia internacional, está comenzando a erradicar uno de los más grandes obstáculos para el desarrollo, la corrupción.
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