El nudo gordiano en que se encuentra la Universidad de San Carlos de Guatemala –USAC–, ha sido en gran medida el resultado del ejercicio equivocado de la autonomía por parte de sus autoridades, su separación de los esfuerzos serios por promover la academia y la investigación, así como la integración de maquinarias electorales en alianza con los grupos que sostienen el sistema de corrupción, enriquecimiento ilícito y ejercicio de poderes paralelos en este país. Por supuesto que la autonomía universitaria es una condición necesaria de la educación superior de carácter público. Nadie pone en duda este principio como un régimen que, en el marco de la democracia, permite el autogobierno por parte de los responsables de generar conocimiento, formar a la juventud y desarrollar estudios y proyectos para aportar soluciones a los problemas nacionales.

Es necesario encontrar una salida a la actual situación deplorable en que se encuentra la Universidad. En la actualidad, la discusión que prevalece es la designación de la magistratura titular de la Corte de Constitucionalidad que la Constitución Política de la República de Guatemala otorga a la Universidad de San Carlos. Esta situación ocurre mientras el rector de la Universidad, ingeniero Murphy Paiz, junto a otros seis implicados, ha sido ligado a proceso en el caso de Comisiones Paralelas 2020, por la supuesta negociación en las Comisiones de Postulación para la elección de magistrados de las Salas de Apelaciones y haber estado presuntamente involucrado en anómalos manejos de fondos universitarios. A pesar de que la normativa de la USAC faculta al rector para solicitar licencias y ausentarse de sus funciones, es necesario que presente su renuncia o que el propio Consejo Superior Universitario le exija la misma por el daño que está ocasionando a dicha institución. De hecho, desde que se hizo efectiva la orden de captura girada en contra de Murphy Paiz, el 26 febrero del presente año, han tomado posesión cuatro rectores en funciones.

Sin embargo, la Universidad sigue anegada, en primer lugar, con tener que responder al recurso de reposición interpuesto por la designación de Gloria Porras como magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad para el período 2021-2026, por motivo del amparo provisional otorgado a favor de Roberto Estuardo Morales Gómez, quien se postuló como candidato a la magistratura ante el Consejo Superior Universitario. En este mismo sentido, recientemente el Consejo Superior Universitario y el rector en funciones de la USAC, en su comunicado del 28 de abril manifiestan su rechazo a la presión como mecanismo para influir en la toma de decisiones, haciendo particular énfasis a las acciones legales que la fiscal general del Ministerio Público ha emprendido. Cuestión que contrasta con la aceptación sin reparo alguno del magistrado suplente de la USAC, quien abiertamente se ha encontrado vinculado a los intereses del Pacto de Corruptos; dinámica que a todas luces envía un claro mensaje de castigo y represión para quienes se opongan a las agendas de los grupos de poder.

En segundo lugar, si la Universidad de San Carlos convoca a un proceso eleccionario, que es necesario, las maquinarias electorales vinculadas a la corrupción se encuentran en su apogeo. De hecho, el decano de la Facultad de Humanidades, con más de dos períodos en el cargo, participó en el evento de la toma de posesión de la nueva Corte de Constitucionalidad, indicando que era «un privilegio histórico» haber asistido y uno de los logros de su –cortísima e irrelevante– gestión como rector en funciones. Además que ya existen candidatos que se promueven al cargo de rectoría que han estado vinculados a Murphy Paiz como parte de una estructura de poder.

En tercer lugar, la USAC tiene más de 190 representaciones en las distintas entidades del Estado, sin que se sepa con claridad cómo fueron electas y mucho menos la rendición de cuentas y su ejercicio como parte de la academia. Esto va desde la Junta Monetaria, elecciones de cortes, Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT–, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS– y otros. Hasta la fecha se desconoce cuáles han sido sus gestiones, qué logros o qué posiciones han sostenido en espacios políticos que incluso conllevan pagos que la comunidad universitaria desconoce. Por el valor de la universidad pública, la USAC debería continuar ejerciendo este derecho a las representaciones pero haciendo una reflexión crítica de las mismas en cuanto a la idoneidad de sus delegados, la transparencia y la rendición de cuentas.

En cuarto lugar, es sabido de la debilidad general de las universidades en Guatemala, pero el significado de la USAC en la sociedad guatemalteca exige una profunda reforma que va más allá de determinar las cuotas políticas e intereses en juego y se debe privilegiar la investigación, la reorganización de los estudios de posgrado, la revisión de las carreras universitarias, la extensión universitaria y resolver de una vez por todas la organización facultativa de las escuelas, centros universitarios regionales y departamentales, para garantizar su fin fundamental de elevar el nivel espiritual de los habitantes de la República, conservando, promoviendo y difundiendo la cultura y el saber científico.

Es hora de que la Universidad de San Carlos empiece a ser parte de la solución y no del problema que mantiene a Guatemala de rodillas.