Desde el dictamen exprés y opaco en su análisis, del Decreto 03-2021 para integrar la Corte de Constitucionalidad para el período constitucional 2021-2026, que en el artículo 2, segundo párrafo, modificó lo establecido en el artículo 156 de la Ley de Amparo, de Exhibición Personal y de Constitucionalidad, el cual se refiere a impugnaciones y no a acciones o incidencias legales, se percibió que la alianza oficialista y su expresión en el Congreso buscaban mecanismos para impedir que la magistrada Porras fuera juramentada, lo cual les permitiría tener el control absoluto en dicha corte.

Durante sus discursos, diputados aliados en contra de la transparencia y la erradicación de la corrupción incrustada en el Estado, han responsabilizado reiteradas veces a la magistrada Porras de lesionar la certeza jurídica, la economía y ocasionar miles de desempleos, haciendo referencia a las disposiciones que resuelven el cierre de proyectos mineros. Lo que estos diputados no incluyen en sus discursos es que este rubro representa uno de los más bajos del producto interno bruto, además de tener el menor promedio de personas afiliadas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –1886 en 2019, para ser exactos, mientras que, en el rubro de servicios, el promedio era de 689 490–; tampoco hablan de que estos proyectos fueron aprobados sin cumplir con la consulta a los pueblos. En resumen, este tipo de resoluciones, que garantizan derechos y enmiendan procedimientos para que las comunidades sean parte de las decisiones que se toman en cuanto a los recursos naturales y sus territorios, afectan a un grupo muy reducido que explota, saquea y lucra con los bienes del país, dejando graves daños y afectando a comunidades completas.

El bloque UNE presentó un precedente para que el Decreto 03-2021 fuera archivado y se propusiera otro apegado a la ley, tomando como base el mecanismo utilizado para archivar los nefastos decretos 14-2017 y 15-2017 que buscaban la conmutación de penas de prisión y reformar el financiamiento electoral ilícito. En esa oportunidad, la indignación de la población se hizo notoria y el Congreso debió dar marcha atrás. Sin embargo, en el caso de la Corte de Constitucionalidad, la correlación de fuerzas entre el pacto criminal y la ciudadanía es distinta, y la expresión oficialista del Congreso, que amenaza el Estado de derecho, poca importancia le puso a cometer una ilegalidad más, al fin y al cabo, se trataba de juramentar a aliados para que lleguen a la única corte que puede declarar improcedente dicho decreto.

Las narrativas de la corrupción y el despojo han propiciado que la ciudadanía en general no pondere como prioritario el interés en la composición de las altas cortes y la asuman como ajena, cuando en realidad, el acceso a la justicia y, ante todo, la garantía y el ejercicio pleno de todos los derechos humanos para todas las personas, encaminarían a Guatemala hacia la reducción de las profundas desigualdades que tienen sumida a más de la mitad de la población en la pobreza.

En un gran despliegue policial y de antimotines para contener una manifestación de unas 5 personas y con serias restricciones para el acceso de la prensa, la nueva magistratura de la Corte de Constitucionalidad –que no es más que la representación del añejo poder conservador, oligárquico, militar, ahora coludido con el narcotráfico– fue juramentada. Durante su discurso, el presidente del Congreso habló de una nueva era, una en la que, sin duda, no cabe la democracia, la legalidad, los derechos humanos, ni la justicia.

Mientras la población comienza a ver las más aterradoras consecuencias de un año de mediocridad, inutilidad, prepotencia y robo descarado que ha dejado de lado el bien común ante una pandemia que golpea al mundo entero, Guatemala y su crónica precariedad se enfrenta a la falta de empleo, la negación de los servicios de salud, de educación y ni pensar en programas sociales.

El Gobierno pudo, pero no quiso, convertir la emergencia sanitaria en una oportunidad de oro para hacerse de la aprobación y el respaldo de la población, mostrando un mínimo interés en darle al pueblo lo que es del pueblo: sus recursos convertidos en servicios y desarrollo social. Contrario a esto, el pacto criminal en el gobierno se enfocó en hacerse de lo que es del pueblo y no es de él, ni de sus financistas, robándonos la posibilidad de sobrellevar dignamente la pandemia. Como es sabido que estos son los ingredientes necesarios para el estallido social, en la «nueva era», este pacto continuará gobernando de la única forma que lo sabe hacer, dando la espalda a las necesidades más evidentes, y, ante todo, reprimiendo con todo el poder para lograr sus objetivos: el despojo, el saqueo, la restauración. El camino de retorno a los ochenta está trazado, evitarlo será cuesta arriba, pero sin duda, la dignidad y la claridad darán la talla.