Previo a la elección de los magistrados titular y suplente del Congreso de la República, el diputado Álvaro Arzú Escobar afirmó enfáticamente la naturaleza conservadora de los guatemaltecos. Sustentaba su razonamiento en que la mayoría son cristianos, y que la Constitución Política de la República de Guatemala parte de la invocación del nombre de Dios y de la supremacía, según su orden, de la vida, la propiedad privada y la familia. Esto en contraposición a «los países que ignoran la diferencia entre un hombre y una mujer», además de que no les bastaba solo con dos baños, sino que necesitan tres. Es esto lo que significa, según Arzú, «la batalla ideológica». El peligro consiste, siguiendo su razonamiento, en la agenda global de las mafias nacionales e internacionales vinculadas a los intereses de la izquierda.

La estrategia comunicativa de manipulación de mensajes es evidente. Vincular la elección de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad a una lucha santa librada por los cristianos conservadores y su relación con la comunidad LGTBIQ, pues aparentemente esta última no solo se contrapone a la familia tradicional sino que también la amenaza. Según esta línea discursiva, la soberanía del país única y exclusivamente depende de este tema, el cual asocia la presión de grupos nacionales y extranjeros, tratándose así de una lucha ideológica. En palabras de Arzú Escobar, esta lucha es algo que al fin comprendió, y que «no es tema de mafias, de crimen organizado, de lucha contra la corrupción», sino del «alma, el espíritu y el corazón de nuestro país». En otras palabras, el show del diputado consistió en plantear que «reencausar la Corte de Constitucionalidad» significa una lucha por la familia tradicional y el imperio divino frente a la ideología extranjera que impone la comunidad LGTBIQ.

Si bien sus afirmaciones, como casi todas sus actuaciones políticas, son falsas, lo único cierto fue su predicción de lo ocurrido, se eligió una Corte de Constitucionalidad que responde precisamente a los responsables de la corrupción, la impunidad y las violaciones a los derechos humanos, así como al narcotráfico. Más allá de la discusión de la efectiva libertad que tiene la ciudadanía en el ámbito privado y que la ley no debe prohibir, por ejemplo, la elección de género, tampoco existen restricciones para que cada persona pueda creer en Dios o seguir una religión. El problema no solo es ideológico, pues la discusión de fondo en el país es la oportunidad de gozar de un sistema basado en la igualdad frente a la ley. En otras palabras, no ponemos en duda la inteligencia del diputado, sino discutimos el cinismo de quien, al igual que su familia, ha depredado el Estado y hecho fortuna de manera fraudulenta. Para él, la defensa de la vida y la soberanía consiste en tener un sistema de tribunales y jueces que le permitan a la familia Arzú –desde su madre, hermanos, primos, amistades, esposa, cuñados y hasta el suegro– tener la posibilidad de ejercer un poder basado en la corrupción y para su beneficio personal. Esto, aunado al interés por dejar en la impunidad a militares, empresarios de las grandes familias y los políticos de turno bajo sus servicios.

En todo caso, lo que observamos es el movimiento estratégico de los tres organismos del Estado para resistir y negociar en las mejores condiciones ante el Gobierno de Estados Unidos de América, por las acciones encaminadas a la reducción de la corrupción y la impunidad. Prácticamente, los últimos bastiones con los que cuenta el Estado guatemalteco son la institución del Procurador de los Derechos Humanos y la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público -FECI-, pues la mayoría de sus organismos han sido cooptados. Eso, sin contar que las iglesias, sin excepción, parecieran apoyar el discurso cínico de las élites guatemaltecas ante el silencio sepulcral que mantienen.

Ojalá que las batallas fueran ideológicas, como lo señala Arzú; pero lo que en realidad se lleva a cabo en este país es una lucha por la sobrevivencia de millones de guatemaltecos en situación de pobreza que se enfrentan al desempleo y la violencia, a la inequidad, al acoso y abuso sexual en contra de las mujeres, además de los miles de campesinos que sufren los efectos del cambio climático, y los miles de niños y niñas que padecen desnutrición. En general, se trata de la inviabilidad que enfrentan la mayoría de las familias para sobrevivir dignamente, cuya única alternativa resulta migrar rumbo al norte.