La entrada de la primavera del 2020 fue una experiencia jamás vivida en nuestro país; llegó conjuntamente con el coronavirus, hubo mucho temor, inquietudes, dudas, expectativas, pero también esperanza. La población tuvo la ilusión de que el nuevo gobierno de Alejando Giammattei iba a aportar mucho para combatir la pandemia. Sin embargo, la decepción no tardó en llegar.

Esta se hizo presente desde primeras apariciones del mandatario en cadena nacional. Su vocación por el engaño y la falsedad quedó patente al no informar la verdad al pueblo de Guatemala. Optó, en cambio, por la publicidad mediática, basada en el engaño, las contradicciones, provocando incertidumbre en la población para, así, tener un mejor control de los recursos y conseguir lo que ya tenía previsto: favorecer con todo, para todo, y en todo momento solo a los suyos, unos pocos pero voraces aliados de ocasión. Así, con la pandemia, recurrieron a poner en práctica la consigna fascista de Goebbels que «hay que mentir y mentir hasta que esa mentira se convierta en verdad».

Pero su verborrea barata y engañosa pronto hastió a la población, quedando sin sentido ni contenido su farisea trillada frase «Que dios bendiga Guatemala». La sociedad pronto comprobó que era la oligarquía, a través de sus voceros, los dirigentes de ocasión del Cacif, quien verdaderamente decidía qué hacer frente a la pandemia, privilegiando siempre sus beneficios económicos, dejando sobre, y debajo de la mesa, las migajas suficientes para que sus corruptos políticos obedecieran sus disposiciones. Por eso, sin importar la salud y la vida de los trabajadores y empleados, obstinadamente se han mantenido abiertas empresas e industrias no esenciales.

El gobierno central no ha sido capaz de garantizar la protección a los salubristas, así como la provisión de los insumos y el equipo necesario para la atención de los enfermos y protección del contagio a los grupos de riesgo. El monitoreo de los contagios para impedir su expansión apenas fue una puesta en escena, estando en la actualidad a la deriva el control de la pandemia, particularmente en los grupos más vulnerables. Con un sistema de salud en bancarrota, producto del desinterés y corrupción de décadas, a pesar de los millonarios recursos autorizados, no existe en los municipios y aldeas, centros y puestos de salud capaces de atender efectiva y oportunamente a la población. Todo ello a pesar de que el Congreso de la República asignó una millonada de recursos extras, incluyendo endeudamiento público, del que aún ahora no se sabe cuánto y en qué se ha invertido.

Sin mayor control ni previsión, el apoyo económico que supuestamente debería llegar a las familias con bajos ingresos y que serían afectadas por la pandemia fue distribuido de manera escasa e irresponsable, al grado que el ministro de Finanzas llegó a afirmar «pela a quien se le dé», porque lo que importaba era hacer creer que se estaba distribuyendo, aunque no llegara efectivamente a los más necesitados. Y, pasados los meses, aún no sabemos cuánto de esos recursos fueron desviados.

Con escandaloso bullicio mediático se anunció la creación de hospitales especializados para la atención de los contagiados de coronavirus, como el hospital del Parque de la Industria, en los que se invirtieron millones de dólares, pero que hasta la fecha carecen de personal especializado e insumos suficientes para atender eficientemente a la población.

El rastreo de contagios, además de privatizado, ha resultado limitado y deficiente, al grado de que sin mayor control se adquirieron pruebas falsas, dejando en el ambiente la sensación de que, aún en las condiciones más adversas para el país, se privilegia a los aliados y cómplices, permitiendo todo tipo de corruptelas.

A diferencia de lo que se hizo en países serios, donde de inmediato se crearon comisiones de expertos para dar seguimiento y apoyo técnico al combate de la pandemia, el presidente decidió ser él quien dirigiera las acciones, pero al verse desbordado e incapaz de tomar decisiones acertadas, finalmente optó por crear la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia Covid-19 – Coprecovid–. Sin embargo, esta pronto fue acorralada por las exigencias de la oligarquía y la incapacidad administrativa del Ministerio de Salud Pública, resultando ineficiente para impedir la expansión de la pandemia. Ahora, cuando a pesar del escaso monitoreo, los contagios continúan aumentando, el país no cuenta con un organismo técnico y especializado que, independiente de los intereses económicos y políticos de corto plazo, sea capaz de orientar el combate a la pandemia de manera adecuada y sin discriminación.

La actitud del gobierno de culpar a la población de su contagio, rehuyendo de sus responsabilidad y evitando tomar medidas drásticas de distanciamiento social para combatir la pandemia, con el simple propósito de satisfacer los intereses de una escasa minoría oligárquica, puede llevar al país al colapso no solo sanitario, sino, en consecuencia, también económico.

La falta de previsión y pérdida de sentido político se ha hecho más que evidente al ser Guatemala uno de los escasos países de la región en el que la vacuna contra el COVID-19 no fue adquirida a tiempo y en cantidades suficientes. Cómoda e irresponsablemente se dejó todo por cuenta del sistema COVAX de la Organización Mundial de la Salud –OMS–, imaginando, tal vez, que pronto vendrían comerciantes que dejarían jugosas comisiones a los gobernantes a la hora de su adquisición. Cacif y sus voceros comienzan a demandar que la aplicación de las escasas vacunas se privatice, permitiendo así que solo aquellos que tengan con qué pagar se inmunicen. Todo ello a pesar de que, aún en el presupuesto de 2020, se apartaron recursos millonarios para su adquisición. Sin un plan efectivo, agresivo y eficiente de compra, el Gobierno presume de un programa de aplicación que día con día va resultando obsoleto e inadecuado.

Hora es ya que la sociedad desarrolle toda su capacidad de presión para que el Gobierno, donde solo se sabe de gritos, imposiciones y arbitrariedades, consiga, al menos, definir de manera clara el combate a la pandemia.