El Gobierno, apoyado por grupos que en la actualidad y en el pasado han actuado en la oscuridad y la impunidad, ha desplegado una operación sin precedentes para acabar con los esfuerzos y procesos institucionales que han avanzado de manera significativa en el fortalecimiento de la legalidad y las condiciones básicas para una democracia. El furor y miedo causado por las acciones de las instituciones del sector justicia han motivado el contubernio de diferentes grupos de poder fáctico para continuar su existencia, pues literalmente se han enriquecido de manera ilegal y son responsables de la violación constante al ejercicio de los derechos humanos individuales, políticos, económicos y de los Pueblos.

Las estrategias que los aparatos clandestinos cooptadores de los tres organismos del Gobierno y un porcentaje considerable de los poderes locales han puesto en marcha para socavar las principales instancias que en estos momentos ejercen su liderazgo en favor de la lucha por una justicia efectiva y la liberación del Estado son ahora frontales, directas y amenazantes.

Como pocas veces, el discurso de los políticos se ha convertido, de manera inesperada, en confrontativo y directo. Los políticos sin ambages exponen cínicamente que están en pie de guerra. No les ha quedado otra que acuerparse y unirse incluso con aquellos sobre quienes pesa una avalancha de evidencias que demuestra su trayectoria de actos deshonestos, enriquecimiento ilícito, privilegios mal habidos, evasión de impuestos y corrupción.

Las impúdicas estrategias hasta el momento se manifiestan por lo menos en tres ejes de acción. En primer lugar, un discurso en contra del sector de la prensa que informa de manera crítica e independiente acerca de los casos de corrupción y la falta de transparencia. En medio de los reportajes de investigación periodística que una vez más evidenciaron el uso indebido de los recursos públicos por parte de la Presidencia de la República y corroborado por la Contraloría General de Cuentas que por segunda vez ordena la devolución de los fondos gastados de forma indebida, la respuesta fueron las amenazas y recriminaciones a la prensa: «Tendremos que pasar sobre la cabeza de los medios de comunicación negativos».

En segundo lugar, el control de la directiva del Congreso de la República por parte de las facciones más cuestionadas, vinculadas a los diputados antejuiciados o en procesos judiciales por hechos vinculados a la corrupción u otros actos contrarios a la ley. La intencionalidad es a todas luces el control de la elección de fiscal general del Ministerio Público y con ello debilitar esta institución en cuanto a la lucha contra la corrupción y la cooptación del Estado se refiere. Además, no menos relevante, se han aprobado reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos como cambios cosméticos sin oportunidad a nuevas reglas que efectivamente den lugar la construcción de una democracia participativa.

En tercer lugar, el debilitamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala -Cicig- a través del retiro del comisionado Iván Velásquez y de la revisión de su mandato institucional. El presidente y sus aliados luchan por sacar a Velásquez aún a costa de atravesar una nueva crisis y el riesgo de su caída, pues en su caso, el mal mayor resultan las consecuencias futuras por su accionar corrupto e ilegal y la pérdida del control de un país en el que se han enriquecido a costillas de la pobreza, bajo un modelo inviable para el bienestar de la población.

Con los falsos argumentos de la violación de la «presunción de la inocencia y el debido proceso», «utilizar la investigación judicial para imponer una agenda de izquierda», «crear la división, impulsando medidas como el aborto y la destrucción de la familia» o «promover las hordas del populismo», en realidad muy poca gente cree ya estos discursos, que en todo caso son solo una justificación para que la ministra de Relaciones Exteriores pida a escondidas el retiro del comisionado y que el propio presidente junto a otros grupos que quebrantan la ley hagan lobby para lograr este propósito.

Lo que no han previsto quienes se oponen al imperio de la ley y la justicia es que efectivamente la crisis les llegará hasta el cuello y que el logro de sus objetivos perversos solo generará una reacción que a todas luces justificaría la desobediencia civil, para que la propia gente busque formas alternativas de justicia.

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