El guatemalteco de a pie, que todos los días sale a buscar con su trabajo el pan diario para su familia, que se levanta de madrugada y apenas desayuna un agua rala color café, un par de tortillas y sale a la faena diaria en el campo o en la ciudad, ese que efectivamente ha visto afectados a sus familiares por el COVID-19 y no tiene un solo centavo para al menos intentar llevarlos a un centro asistencial, o cuando lo consigue, en la puerta del hospital le dicen que debe comprar las medicinas y hasta los guantes y mascarillas de médicos y enfermeras, y si llegaran a necesitar oxígeno sabe, de antemano, que morirán porque no hay; ese guatemalteco se pregunta ¿dónde está el dinero?, ¿dónde están los millones que el Congreso a manos llenas aprobó para los supuestos gastos de emergencia?

Nuestro país, como el resto del mundo, sigue combatiendo la pandemia del COVID-19 de manera desesperada, a lo que en Guatemala se agrega el desorden y la total falta de coordinación entre las distintas instancias del Estado. Pero mientras las pruebas diagnósticas y las medicinas pueden ser adquiridas por un grupo muy reducido de la población o si se está afiliado al IGSS con suerte conseguir ser atendido, la inmensa mayoría de la población, esa que vive al día, además de tener que luchar, casi sin esperanzas, para llevar un plato de comida a su casa, debe conformarse con ver morir a sus próximos sin más protección que la de un vecino misericordioso que le regale una manta para cubrir el cadáver. El desabastecimiento de los hospitales, así como la falta de pago al sector médico y paramédico están llegando a ser una realidad más que sentida por el grueso de la sociedad.

Sin embargo, está claro que, además del presupuesto ordinario para los diferentes ministerios que como se establece en la Constitución Política de la República es para garantizar el bienestar de todos los guatemaltecos, sin distingo de credo, nivel socioeconómico o color de piel, se aprobaron más de 31 millardos de quetzales en préstamos, con el objetivo primordial de combatir la pandemia. Pero es solo de hurgar rápidamente en los diversos informes y noticias para saber que la ejecución en los diversos ministerios, y en particular en los de salud y desarrollo, es más que baja, no alcanzando, en consecuencia, a atender las mínimas exigencias que el combate a la pandemia exige.

En apenas unos meses la corrupción se ha diseminado por todos los ministerios y aparatos de Gobierno. Las denuncias públicas son apenas la punta del iceberg de una práctica inveterada que ha vuelto a enseñorearse en todos los organismos del Estado. Tráfico de influencias, sobrefacturaciones, contratos amañados y compras innecesarias a proveedores amigos son apenas algunas de las evidencias que día a día constatan los diferentes empleados públicos que, sin poder actuar, prefieren callar para conservar el cargo.

Sin conseguir demostrar la eficiencia de los ya largos cinco meses en estado de calamidad, la mayoría de diputados del Congreso ha ampliado esa situación de limitación de las libertades ciudadanas por un mes más. Aunque ya se han hecho visibles las muestras de descontento a lo interno de esa alianza perversa, constituida a fuerza de dádivas, contratos y beneficios espurios.

Así, sin que existan políticas serias y efectivas que permitan afirmar que se está, al menos, intentando controlar la proliferación de los contagios, el Ejecutivo recibe la autorización para manejar los recursos públicos casi a su sabor y antojo, auqnue se sabe que estos no se aplican con transparencia y eficiencia en el combate a la pandemia, por más que el presidente repita insistentemente que los datos se encuentran en la página web del Ministerio de Finanzas Públicas.

Vivimos un proceso de gestión pública extremadamente contradictorio. Mientras que, según los propios parámetros arbitrarios impuestos por el Gobierno, cada día son más los municipios que deberían estar viviendo una situación de extrema limitación de la movilidad social, pues están catalogados en situación sanitaria de profundo peligro en la multiplicación de los contagios, en esos mismos municipios se permiten labores comerciales y sociales de toda índole, con la única limitación del paro del transporte público y de las actividades educativas.

En la práctica, todos los habitantes del país están viviendo las limitaciones según su nivel socioeconómico, así existan apenas algunos contagios o cientos de ellos. En tanto que se habla de que estamos entrando en una «nueva normalidad», el Gobierno y su mayoría parlamentaria insisten en coartar libertades a los grupos y movimientos críticos y reivindicativos, dejando actuar a su sabor y antojo a los grupos poderosos. Así, en una alianza espuria y venal, el Ministerio Público, la mayoría oficialista del Congreso de la República y la Corte Suprema de Justicia se obcecan en destruir a la Corte de Constitucional e imponer, para los próximos cinco años, un cuerpo de magistrados directamente vinculados con ese pacto de corrupción e impunidad imperante.

Ante todas estas situaciones, las y los guatemaltecos nos encontramos luchando en desigualdad completa contra la pandemia, con la certeza de que esta «nueva normalidad» no significará una mejoría en nuestra situación, por lo que a voz en coro repetimos insistentemente la pregunta del siglo: ¿dónde está el dinero?