Hace apenas una semana, en la finca Cubilgüitz, Alta Verapaz, supuestamente propiedad de una de las familias más poderosas de la región, cuarenta familias campesinas fueron violentamente atacadas y desalojadas extrajudicialmente, en alevosa nocturnidad. Los campesinos indígenas se habían asentado allí desde hacía meses, pues los propietarios les adeudan prestaciones de hace más de quince años, razón que estos niegan.

El hecho ha sacado a relucir lo más venal y mal intencionado de los medios comerciales de comunicación que, sin profundizar en las causas del asentamiento, han salido en defensa de los supuestos propietarios. Grupos de presión conservadores, favorables a los terratenientes, han acusado a las víctimas de ser responsables de su propio padecimiento. Todos han tratado de silenciar la causa inmediata que provocó el asentamiento –el adeudo de prestaciones–, obviando intencionalmente la narrativa de los campesinos desalojados.

Haciéndose eco del decir de los propietarios, se esparce además el supuesto que los atacantes fueron otros indígenas campesinos, enemistados con los allí asentados, sin siquiera intentar explicar las razones de ese supuesto enfrentamiento entre iguales.

La explotación sin misericordia de la fuerza de trabajo en el campo es cuestión añeja. Nada ha cambiado desde que el poder público ha estado al servicio de los terratenientes, es decir, desde siempre. Nadie se preocupa por lo que pasa con los que día con día hacen fructificar la tierra, esa que fue de sus ancestros, pero que un día pasó a manos de un poderoso que los puso a producir a su servicio.

En las Verapaces la cuestión tiene sus propias y hondas raíces. Tierra de prédica y labor lascasiana, durante casi doscientos años del período colonial, el reparto de pueblos indígenas para servir a los criollos se vio limitado. Mas, conforme las órdenes religiosas fueron constituidas y dirigidas por miembros de ese mismo grupo social, para mediados del siglo XVIII la protección a los indígenas había desaparecido, convirtiendo esas tierras fértiles en un bien apetecido por los nuevos ricos que, llegados especialmente de Alemania, durante más de un siglo han explotado a su sabor y antojo la fuerza de trabajo indígena. Guatemala es el país donde, como afirma Julio Castellanos «el neocolonialismo alemán del siglo XIX generó una de las variantes más repugnantes del subdesarrollo tercermundista. Es decir, un país en donde, gracias a la presencia de voraces como inescrupulosos inmigrantes extranjeros, se han anidado crueles como sangrientos dictadores militares y civiles, rodeados por la adulación y complicidad de intelectuales surgidos igualmente de la oscuridad».

El sangriento, violento y cobarde desalojo no es, pues, un pleito entre grupos de campesinos indígenas. Quienes agredieron a las más de cuarenta familias allí asentadas, incluidos ancianos y niños, quienes destruyeron cosechas y animales de corral, lo hicieron al servicio de los propietarios y del régimen de impunidad que actualmente impera en el país, donde toda agresión a campesinos y líderes comunitarios rápidamente es explicada como consecuencia de discrepancias al interior de sus organizaciones y ningún ente público se interesa por conocer a fondo, de manera neutral, las causas directas e indirectas de los hechos, ya no digamos por solucionar justa y pacíficamente el conflicto.

Las organizaciones indígenas y campesinas que aglutinan a distintos grupos de trabajadores del campo han sido claras en señalar como responsables a los supuestos dueños de esas tierras. Así lo han dejado saber en sendos comunicados el Comité de Unidad Campesina (CUC), el Comité Campesinos del Altiplano (CCDA), la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC) y la Central de Organizaciones Indígenas Campesinas Ch’ortí. Apenas la primera de ellas, en uno de sus comunicados, hizo referencia, al igual que los propietarios, a la organización que hasta hace algunos meses lideraba el excomandante guerrillero César Macías, conocido como César Montes.

Es evidente que quien haya sido el hechor material del violento desalojo, lo hizo al servicio y en beneficio de los supuestos propietarios de las tierras. Es responsabilidad del poder público establecer, con evidencias, quienes fueron esos hechores materiales, así como los promotores intelectuales de la criminal agresión.

La lenidad irresponsable con la que el Estado ha estado actuando en todos estos casos, satisfaciendo siempre los intereses de los terratenientes, debe desaparecer, porque guatemaltecos somos todos y todas, y nos deben asistir los mismos derechos.